El debate sobre la reforma pensional: mucho qué ganar y qué perder
El gobierno presentó un proyecto de reforma pensional que ha tenido numerosos cambios. Fue aprobado en primer debate, pero todavía subsisten numerosas discordias en su contenido.
El papel de los fondos privados y de Colpensiones, la sostenibilidad financiera e inclusive la misma estructura de la reforma están en discusión.
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El sistema de pilares eje de la reforma pensional
La propuesta gubernamental de reforma pensional consiste en un sistema de pilares. El primer pilar, denominado solidario, implica hacerles una transferencia monetaria a mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más en condiciones de pobreza extrema.
Para 2024, esta línea de pobreza se estima en $223.000 mensuales.
Según cálculos gubernamentales, el pilar solidario cubriría 2,6 millones de personas en 2025. Su fuente de financiamiento es el Presupuesto General de la Nación y su administración la haría el Departamento de Prosperidad Social.
Voces como la del Comité Autónomo de la Regla Fiscal señalan que este pilar no es propiamente un tema pensional, sino que se asimila al programa de Colombia Mayor. En 2023, ese programa tiene una asignación de 1,7 billones de pesos y, con la reforma pensional, pasaría a tener uno de 6,7 billones anuales de 2023.
El segundo pilar de la reforma pensional es el semicontributivo, que beneficiaría a la misma población del solidario siempre que haya cotizado entre 300 y 1000 semanas o más, pero que no haya cumplido las semanas necesarias para acceder a una pensión.
Quienes se beneficien con este pilar recibirían una renta vitalicia con base en el total de sus contribuciones, reconociéndoles un 3% de interés anual más la inflación.
Este pilar es una forma de ahorro voluntario para aquellas personas que, por ganar menos de un salario mínimo, no pueden estar en el pilar contributivo.
Al respecto, recientemente, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señaló que hay un vacío en cuanto a qué hacer con los saldos de las personas que hoy están en los fondos privados y que no completen las semanas de cotización.
Otro vacío de la propuesta tiene que ver con la motivación que tendrían estas personas para cotizar más de 300 semanas.
Javier Almanza, profesor de derecho laboral en la Universidad del Rosario, explicó que, como la pensión debe ser por lo menos un salario mínimo, a las personas les daría lo mismo cotizar cualquier cantidad de semanas superior a 300.
El pilar semicontributivo implica una carga importante para el Estado, dado que la mesada estaría garantizada por los aportes individuales hechos a lo largo de la vida más los que haga el presupuesto nacional para completar la pensión mínima.
El tercer pilar de la reforma pensional es el contributivo, que estaría básicamente constituido por aquellas personas que tengan ingresos de un salario mínimo o más.
Por los primeros tres salarios mínimos, quienes hagan parte de este pilar tendrían que cotizar en el régimen de prima media, administrado por Colpensiones.
Por los ingresos adicionales tendrían que cotizar en el régimen de ahorro individual, administrado por los fondos privados.
El cuarto pilar, que es el voluntario, estaría formado por todos los aportes de quienes reciban más de tres salarios mínimos mensuales, y en él se podrán hacer aportes voluntarios adicionales.
Básicamente es un ahorro como cualquiera, pero podría recibir algunos estímulos tributarios para incentivarlo.
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Puntos de vista de un debate agudo y sin resultados visibles
Asofondos, que es la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía y uno de los grandes críticos de la reforma pensional, no solamente hace críticas parciales sino a la concepción del sistema, el cual está basado en que los actuales trabajadores pagan las pensiones de los jubilados.
Su argumento es que el envejecimiento de la población hace que haya cada vez más pensionados en proporción a los cotizantes y que esto hace inviables por definición a los regímenes de prima media o de solidaridad intergeneracional, como también suelen llamarse.
En consecuencia, habría que pagar más impuestos, aumentar la edad de jubilación y/o disminuir la mesada. Asofondos también señaló que se perdería la libertad de elegir con qué fondo se obtiene la pensión.
El argumento principal de Asofondos es que se debilitará el mercado de capitales, pues lo recaudado por los fondos privados se invierte en el mercado, en bonos del gobierno y en Títulos de Deuda Pública, TES.
Por su parte, el gobierno dio un concepto favorable a la viabilidad económica de la reforma pensional. Señaló que el fondo público, al recibir las cotizaciones correspondientes hasta 3 salarios mínimos, no tendría un costo inmediato para la nación.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y ANIF Centro de Estudios defienden un punto medio. Estos señalan que hay que cambiar parámetros como la edad de jubilación, el monto de las cotizaciones o la tasa de reemplazo.
Los más críticos han señalado que en el fondo público se debe cotizar solamente por el primer salario mínimo de ingresos y los más flexibles dicen que el umbral debe situarse en los dos salarios mínimos. En ambos casos, los aportantes se pensionarían con una mesada más baja.
Las cifras en juego son multimillonarias. Según el CARF, el 72% de las cotizaciones se hace sobre cotizaciones de entre 1 y 3 salarios mínimos, con lo cual los fondos privados de pensiones dejarían de recibir millonarios recursos.
Un grupo de exfuncionarios y expertos hizo un pronunciamiento público señalando que la reforma pensional tiene de positivo el aumento en la cobertura, la reducción de subsidios en el régimen de prima media y un tratamiento más equitativo entre personas en las mismas condiciones, pero que el umbral de prima media debía reducirse a un umbral entre 1 y 2 salarios mínimos.
Entre los firmantes se encuentran exministros de hacienda y exdirectores de Fedesarrollo defensores tradicionales de los fondos privados como Mauricio Cárdenas, Armando Montenegro, Luis Fernando Mejía o Juan Carlos Echeverry, pero también José Antonio Ocampo y Cecilia López, entre otros.
Al parecer, todavía le espera un largo trámite a la reforma pensional y el gobierno pierde cada día capital político para sostener sus propuestas originales. Los colombianos tienen mucho qué ganar, pero también mucho qué perder.
