Recorte de $10 billones en el Presupuesto 2026 golpea la inversión y funcionamiento, pero los intereses de la deuda quedan intactos. Reforma tributaria en vilo

El 24 de septiembre de 2025, las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por un valor de $546,9 billones. 

La decisión representó un recorte de $10 billones frente a la propuesta inicial del Gobierno, que ascendía a $556,9 billones. El ajuste modifica la estrategia fiscal y reduce la meta de la reforma tributaria de $26,3 billones a $16,3 billones.

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Un consenso para evitar la “dictadura fiscal”

El resultado fue posible gracias a una ponencia alternativa liderada por la representante Olga Lucía Velázquez (Alianza Verde). Esta iniciativa surgió como vía de consenso tras la derrota de la propuesta del Ejecutivo en la Comisión Cuarta del Senado, donde fue negada con 5 votos en contra y 4 a favor.

La aprobación en primer debate evitó que el presupuesto fuera expedido por decreto presidencial, un escenario denominado “dictadura fiscal”, que ya se había dado el año anterior. Tanto el oficialismo como la oposición coincidieron en la necesidad de mantener el trámite dentro del Congreso.

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Tres visiones en debate: Gobierno, consenso y oposición

La discusión se centró en tres ponencias:

• • La del Gobierno ($556,9 billones): Defendida por el Pacto Histórico y sectores afines, planteaba que más del 92% del presupuesto es inflexible y requería una reforma tributaria de $26,3 billones.
  • La alternativa ($546,9 billones): Presentada por Velázquez, proponía un ajuste de $10 billones como punto medio y mayores facultades del legislativo para reasignar partidas.
• La de la oposición ($530,6 billones): Liderada por el Centro Democrático, sostenía que el cálculo del Gobierno estaba “sobreestimado en $78,1 billones” y planteaba eliminar por completo los ingresos proyectados de la reforma tributaria.

Así quedó la votación en comisiones

Tras el hundimiento de la ponencia del Gobierno, la alternativa de $546,9 billones fue aprobada con respaldo mayoritario:

• Comisión Tercera de la Cámara: 23 votos a favor, 3 en contra.
• Comisión Cuarta de la Cámara: 22 a favor, 4 en contra.
• Comisión Tercera del Senado: 13 a favor, 1 en contra.
• Comisión Cuarta del Senado: 9 a favor, 3 en contra.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, apoyó la propuesta y anunció los ajustes requeridos. Desde la oposición, el senador Ciro Ramírez (Centro Democrático) explicó que su respaldo buscaba evitar el decreto, pero dejó claro que no acompañarán la futura reforma tributaria.

Cambios en el gasto y reasignaciones

El monto aprobado implicó ajustes importantes en la estructura del gasto:

• Funcionamiento: Se reduce a $359,3 billones (una reducción de $6 billones).
• Servicio de la deuda: Se mantiene en $102,4 billones.
• Inversión: Baja a $84,7 billones (una reducción de $4 billones).

La ponencia también incluyó una reasignación de $550.000 millones para sectores estratégicos:

• Deporte y recreación: +$200.000 millones
• Tecnologías de la información: +$200.000 millones
• Comercio y turismo: +$100.000 millones
• Agricultura y desarrollo: +$50.000 millones

Los recursos provienen de recortes a la Rama Judicial (-$260.000 millones), Defensa y Policía (-$190.000 millones), Salud (-$81.955 millones) y otras entidades.

Implicaciones para la reforma tributaria

El ajuste reduce la magnitud de la ley de financiamiento que el Gobierno presentó. La meta de recaudo baja de $26,3 billones a $16,3 billones, un repliegue táctico para facilitar su trámite. 

Sin embargo, la oposición ya anunció que no tampoco respaldará la nueva reforma tributaria, anticipando un debate complejo.

Críticas y preocupaciones

Pese al consenso alcanzado, persisten advertencias:

• Riesgo fiscal: El experto Henry Amorocho, de la Universidad del Rosario, advirtió que el déficit de 7,1% del PIB y el aumento de la deuda, ya cercana al 65% del PIB, ponen en riesgo la sostenibilidad financiera.
• Desigualdad territorial: La senadora Karina Espinosa (Partido Liberal) denunció un sesgo centralista y recortes del 36% en departamentos como Sucre.
• Vigencias futuras: La propia Velázquez advirtió que el Gobierno ha girado $3 billones a fiducias de infraestructura sin ejecución inmediata, lo que resta transparencia al gasto.

Lo que viene: plenarias y riesgo de recortes adicionales

El proyecto ahora pasa a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, donde deberá ser aprobado antes del 20 de octubre. Si no se logra, el Ejecutivo quedaría habilitado para expedirlo por decreto.

En este escenario, fuentes legislativas anticipan que sectores de oposición buscarán insistir en un recorte adicional de $16,3 billones, para acercar el monto al nivel que habían planteado inicialmente ($530,6 billones). Esto augura nuevas tensiones y negociaciones en las próximas semanas.

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