lunes, octubre 18, 2021
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Responsabilidad política

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

Hace ya varios días la periodista Paola Herrera destapó uno de los peores escándalos de corrupción de los últimos años. En un contrato del Mintic que buscaba conectar a más de 8000 colegios rurales, se descubrió que uno de los consorcios ganadores, que recibió más de 70 mil millones en anticipos, habría presentado documentación falsa.

El consorcio ganador, Centros Poblados, se compone de 4 empresas. Una de las cuales cambió su objeto social 5 días antes de la adjudicación del contrato para poder cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos. Pero no sólo, para hacerse a la jugosa licitación presentaron unas pólizas falsas para respaldar las inversiones. Eso sin mencionar que detrás de una de las sociedades participantes, estarían cuestionados contratistas que en el pasado fueron condenados por escándalos de corrupción, como es el caso de Emilio Tapias.

Los constantes retrasos del contratista llevaron a la revisión de los documentos y la activación de los procesos al interior del Ministerio para hacer efectivas las cláusulas contractuales. No obstante lo anterior, resulta llamativo que esa misma licitación hubiera desde el inicio sido objeto de múltiples cuestionamientos y que los que resultaron ganadores, además de no tener la experiencia necesaria para llevar a cabo el objeto del contrato, fueran personas cercanas a una de las familias políticas más poderosas de la costa colombiana.

Ahora bien, además de los enredos contractuales ampliamente conocidos por parte de la opinión pública, lo que no se explica es cómo la ministra Karen Abudinen no haya todavía asumido la responsabilidad política por estos hechos. Nadie duda de que los culpables de tan oprobioso desfalco sean los miembros del consorcio Centros Poblados, pero tampoco es un hecho menor que en el proceso licitatorio más grande de dicha cartera, no se hayan tomado las provisiones necesarias para blindarlo y garantizar su transparente ejecución. En últimas se trata de un contrato de más de 1 billón de pesos que buscaba suplir la deficiente cobertura y conectividad de las poblaciones más necesitadas.

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Más aún, la ministra, en una entrevista concedida a Caracol Televisión hace unos meses, había recalcado el estricto seguimiento al contrato para que justamente no se presentaran las demoras, y mucho menos un descalabro financiero como el que se registró a la postre. Se esperaría que en ejercicio de ese “meticuloso escrutinio”, hubieran saltado a la vista cosas tan evidentes como la falta de idoneidad de 3 de las 4 sociedades del consorcio, o más aún, que la propuesta financiera carecía de respaldo, algo que le hubiera tomado a cualquier funcionario una simple llamada al banco. Esa debida diligencia que se espera de cualquier contrato público, estuvo del todo ausente en uno de los procesos más grandes del gobierno nacional.

En esa misma entrevista, Karen Abudinen prometió que de no cumplir se “iría al cementerio”, es decir, que renunciaría si algo fallaba. Meses después de que se supieran las fallas del proceso y semanas luego de haberse hecho públicas las denuncias correspondientes, la ministra sigue en su cargo. En papel quedó la promesa de gobierno de Iván Duque del “que la hace la paga”. El primer mandatario incluso salió en defensa de Abudinen y señaló que no cabía ningún tipo de responsabilidad política, hecho que generó un enorme revuelo y que le está costando altas dosis de legitimidad a su gobierno. Ya se anuncian debates de control político y una moción de censura.

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Seguramente la moción de censura no prosperará en el Congreso, pero queda en el aire un sin sabor. En el año más crítico de su gestión, Duque tendrá que asumir un costo político enorme por cuenta de la permanencia de la ministra en la cartera del Mintic. Mientras tanto, los más afectados –además de los contribuyentes–, son los niños de las zonas rurales que por cuenta de la corrupción y de la ineficiencia, siguen desconectados.

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

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