Superindustria impone sanciones por más de $2.000 millones en contratos del PAE
La SIC impuso sanciones millonarias a la Alcaldía de Fusagasugá y varias empresas por direccionar contratos del PAE, estableciendo barreras anticompetitivas y otorgando acceso privilegiado a información clave en los procesos de contratación. Le contamos.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la Alcaldía de Fusagasugá por irregularidades en la adjudicación de contratos del PAE, al encontrar que favoreció de manera indebida a ciertos contratistas. La resolución No. 12824 de 2025 impuso sanciones que superan los $2.000 millones y afectan a tres empresas, así como a ocho personas naturales, incluyendo funcionarios de la administración municipal.
Según la SIC, las sanciones se deben a prácticas anticompetitivas que impidieron la participación de nuevos oferentes en los contratos del PAE. La investigación determinó que la Alcaldía direccionó los procesos de contratación en favor del Equipo Cooperativo Multiproyectos Proyecoop, L&M Servicios y Suministros y la Fundación Tobías, violando los principios de igualdad y transparencia en la contratación pública.
Le puede interesar: Nueva fecha para la publicación de resultados definitivos de la VRM del concurso DIAN 2667: cómo consultar y qué sigue
Qué hay detrás de las sanciones de la SIC: direccionamiento de contratos del PAE
Las sanciones impuestas por la SIC derivan de varias irregularidades detectadas en la adjudicación de los contratos del PAE. Entre ellas, se encontró que:
- La Alcaldía de Fusagasugá estableció requisitos técnicos que no estaban fijados por el Ministerio de Educación Nacional. Estas exigencias generaron barreras de entrada que limitaron la competencia, beneficiando únicamente a los contratistas sancionados.
- Uno de los requisitos más cuestionados por la SIC fue la obligación de acreditar la propiedad o el arrendamiento de una bodega con cuarto frío y concepto sanitario actualizado, cuya expedición no debía superar los 60 días previos a la presentación de la propuesta.
- Por otro lado, los participantes debían presentar certificaciones sanitarias, exámenes médicos específicos y hojas de vida, requisitos que, según la Superintendencia, eran desproporcionados y limitaban la libre participación en los contratos del PAE.
Las sanciones impuestas recientemente buscan corregir estas prácticas irregulares y garantizar que los contratos del PAE se ajusten a los lineamientos nacionales, asegurando que la alimentación escolar llegue de manera efectiva y sin restricciones injustificadas.
También le puede interesar: Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: fechas, modalidades de pago y novedades para marzo
Se filtró información privilegiada
Además de los requisitos restrictivos, la SIC encontró que, en al menos cuatro de los procesos de contratación del PAE, los contratistas sancionados tuvieron acceso privilegiado a la información clave.
Según la investigación, estas empresas conocieron de antemano el presupuesto de la Alcaldía, lo que les permitió ajustar sus propuestas económicas con ventaja sobre otros posibles oferentes.
Las pruebas recabadas por la Superintendencia incluyen correos electrónicos, mensajes y reuniones entre los contratistas y funcionarios municipales, lo que demuestra que hubo un direccionamiento indebido en la adjudicación de los contratos del PAE. Esta conducta afectó la transparencia y equidad del proceso, perjudicando la competencia y generando un entorno poco favorable para otros posibles proveedores.
La SIC determinó que los sancionados no solo se beneficiaron de requisitos excluyentes, sino que también participaron en la estructuración de los términos económicos de los contratos del PAE antes de que fueran publicados oficialmente. Esto refuerza la gravedad de la infracción y justifica las sanciones impuestas.
Mayor control y supervisión
Las sanciones de la SIC marcan un precedente en la supervisión de los contratos del PAE y evidencian la necesidad de mayor control en la adjudicación de recursos públicos. La Alcaldía de Fusagasugá aún no se ha pronunciado sobre la decisión, pero tiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición.
Estas sanciones envían un mensaje claro sobre la importancia de respetar los principios de libre competencia y transparencia en la gestión de recursos destinados a programas sociales.
A futuro, se espera que las entidades territoriales ajusten sus procesos para evitar nuevas sanciones y garantizar que los contratos del PAE sean adjudicados de manera justa y eficiente, beneficiando directamente a los estudiantes y asegurando que la alimentación escolar llegue a quienes más la necesitan.
