Hundimiento de la reforma tributaria obliga al Gobierno a replantear el presupuesto 2025
Este miércoles 11 de diciembre las comisiones conjuntas del Congreso hundieron el Proyecto de Reforma Tributaria, llamada Ley de Financiamiento, con el que el gobierno esperaba financiar parte del presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, especialmente en materia de inversión.
Se suma otra derrota para el gobierno en materia de política económica, luego del rechazo por parte del congreso del proyecto de PGN para 2025 por un monto de $523 billones de pesos.
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El gobierno no cierra un buen año en materia presupuestal
El gobierno nacional se raja en materia de manejo de las finanzas públicas en 2024. Por cuenta de malas decisiones tomadas en 2023, el presupuesto de 2024 quedó desfinanciado en más de $28 billones de pesos.
El recaudo tributario en 2024 no cumplió las metas establecidas por dos factores: los retrocesos en las medidas de la Reforma tributaria de 2022 (deducción de regalías y litigios) y el pobre desempeño de las actividades productivas, que deja como resultado en los primeros diez meses del año un 6,87% menos de recaudo con respecto a 2023.
Por otra parte, el gobierno tuvo una baja ejecución de recursos. De acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Hacienda, con corte a noviembre de 2024, el 80,8% del PGN está comprometido.
Es decir que $97 billones de los $503,6 billones del Presupuesto aprobado para 2024 no se han ejecutado. Este nivel de ejecución es el más bajo desde 2019, según la firma Dapper en obligaciones y el segundo más bajo en compromisos.
Entre los sectores con peor desempeño están Hacienda, Deporte y Recreación, Trabajo y el Ministerio de Igualdad y Equidad. Este último caso llama la atención puesto que sólo ha ejecutado el 3,1% del presupuesto asignado.
En este sentido, de acuerdo con el gobierno, del presupuesto de 2024 se recortarán $18,2 billones de pesos en funcionamiento, afectando principalmente a Hacienda ($11,8 billones), Trabajo ($3,9 billones), Defensa ($606.000 millones), la Rama Judicial ($452.000 millones) y la Fiscalía ($347.000 millones).
En inversión, el recorte será de $10,1 billones de pesos, destacando Inclusión Social ($1,8 billones), Hacienda ($1,7 billones), Transporte ($1,4 billones), Agricultura ($1,2 billones) y Vivienda ($647.000 millones).
Los hechos de corrupción en los círculos cercanos del presidente Petro se suman a los problemas presupuestales del gobierno. Sus hijos y esposa, sus principales asesores: Laura Sarabia, Armando Benedetti, Carlos Ramón González; algunos de sus ministros, el más reciente e importante el ex ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y la reincorporación de Armando Benedetti al Gobierno son malas señales en la lucha contra la corrupción.
Los escándalos, además, se encuentran en varios sectores como cancillerías, la Agencia Nacional de Tierras y hasta en la gerencia de la empresa más importante del país, Ecopetrol.
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Las dificultades presupuestales para 2025 sin la reforma tributaria
Debido a que se hundió la reforma tributaria “Ley de Financiamiento” del gobierno, en 2025 el gobierno nacional deberá definir los sectores en los cuales hará recortes presupuestales por unos $33 billones de pesos.
De acuerdo con Alexander López, Director del Departamento Nacional de Planeación, los sectores más afectados serán salud, educación, vivienda, transporte, cultura, deporte y agricultura, entre otros, pues cerca de 26 de 31 sectores, que son estratégicos para la inversión social, no contarán con recursos para inversión.
Gustavo Bolívar anunció que el presupuesto del Departamento de Prosperidad Social (DPS) se reducirá de 10,1 billones de pesos en 2024 a 5,3 billones en 2025. Este ajuste busca romper lo que él describe como un «círculo de conformismo» y promover alternativas para superar la pobreza, dado que, según el director, los subsidios por sí solos no logran este objetivo.
De acuerdo con los análisis del comportamiento de la economía compartidos en la Mesa de Concertación del Salario Mínimo, el desempeño de la economía es inferior a las necesidades en materia de crecimiento y financiamiento.
Además, es reconocido que el contexto internacional agrava las cosas. Las tensiones geopolíticas y la agudización de los conflictos bélicos y comerciales auguran un entorno difícil para las cadenas de suministro y el desarrollo del comercio internacional.
Por otra parte, la incertidumbre generada por el costo de las reformas impulsadas por el gobierno, particularmente la laboral, de salud y al Sistema General de Participaciones, plantea un escenario adverso para las finanzas públicas, especialmente frente al recaudo.
Por estas y otras consideraciones, el CARF estimó “un riesgo de menor recaudo, frente al escenario de ley de financiamiento, de por lo menos $33,3 billones, compuesto por $22,6 billones por menor gestión de la Dian; $4,2 billones por menor base de recaudo del 2024 y $12 billones si no se aprueba la ley de financiamiento”.
