Productores reclaman: incumplimientos del Gobierno agudizan la crisis del sector arrocero colombiano
El sector arrocero colombiano enfrenta una crisis prolongada ante la falta de respuestas concretas del Estado. Los reclamos de los arroceros se centran en incumplimientos, reuniones sin decisión, afectaciones climáticas y una política agrícola que sigue sin aterrizar. Le contamos más.
Los reclamos del sector arrocero colombiano se intensifican tras casi un mes de incumplimientos por parte del gobierno nacional. A pesar de los compromisos adquiridos en mesas de diálogo con el Ministerio de Agricultura, los acuerdos continúan sin concretarse, profundizando la crisis que atraviesa el sector arrocero, especialmente en los departamentos de Tolima y Huila.
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Reclamos en el sector arrocero colombiano aumentan por demoras en compensaciones sin resolver
Productores denuncian que la implementación de los acuerdos pactados avanza con una lentitud que interpretan como una estrategia deliberada para excluir a quienes ya están cortando su cosecha. Esta situación genera pérdidas diarias y un clima de incertidumbre generalizada para el sector arrocero colombiano.
La resolución que definiría el pago de compensaciones por carga de arroz aún no ha sido firmada, lo que impide que los recursos lleguen a los agricultores.
Los pequeños productores recibirían $15.000 por carga y los medianos obtendrían $9.750, pero sin una resolución definitiva, esos montos siguen siendo solo un anuncio sin ejecución real.
Sin decisiones ni avances: reuniones oficiales no resuelven la crisis del sector arrocero colombiano
Los reclamos del sector arrocero colombiano incluyen la denuncia de que las reuniones sobre temas clave como la Tasa por Uso del Agua (TUA) o la relación con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) han sido atendidas por funcionarios sin poder de decisión.
Tampoco se ha concretado una política frente al contrabando o los tratados de libre comercio (TLC), que son señalados como responsables de los precios ruinosos que recibe el productor.
La comisión de seguimiento a los acuerdos firmados en Villavicencio no ha sido convocada, a pesar de múltiples solicitudes. Además, el gobierno no ha dado respuesta a temas como:
- Estrategia de exportaciones de arroz.
- Implementación de las compras públicas anunciadas.
- Fortalecimiento de programas como FAIA Arroz y FONSA.
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¿Posible reactivación de protestas?
El incumplimiento de los compromisos ha llevado a organizaciones como Dignidad Arrocera a considerar nuevas movilizaciones. Los reclamos por parte del sector arrocero colombiano ahora apuntan no solo al Ministerio de Agricultura, sino también al Ministerio de Medio Ambiente, con quien no ha sido posible concertar una reunión sobre el cobro de la TUA.
Los productores han advertido que, de no ver avances inmediatos, podrían retomar bloqueos y protestas como mecanismo de presión. La dilación, aseguran, solo excluye cada día a más campesinos del acceso a los beneficios.
Asimismo, a las demoras del Gobierno se suma una temporada de lluvias intensas que ha dificultado la preparación de los lotes mecanizados. Muchos agricultores no han podido iniciar la siembra debido a las condiciones climáticas adversas, lo que agrava aún más el panorama para el sector arrocero colombiano.
Los reclamos de los arroceros también se centran en la falta de apoyo técnico frente a los efectos del cambio climático, el alto costo de los insumos y la ausencia de políticas estables para el ordenamiento de la cadena productiva.
Exigencia para que se cumplan los compromisos
Y es que, aunque el Gobierno anunció la creación de una bolsa de 21.930 millones de pesos para apoyar la comercialización del arroz, ese fondo aún no ha sido puesto en marcha de forma efectiva.
- 8.747 millones de pesos estarían destinados a pequeños productores.
- 12.082 millones de pesos se asignarían a medianos productores.
La falta de ejecución de esta estrategia alimenta los reclamos por parte del sector arrocero colombiano, quienes exigen que se prioricen los compromisos ya adquiridos antes de lanzar nuevas propuestas.
Cabe contextualizar que el paro arrocero tuvo su origen en la caída sostenida de los precios del cereal. Entre 2022 y 2023, el valor de la carga de arroz cayó de $265.000 a $185.000. A esta situación se sumó la eliminación del incentivo de almacenamiento, mecanismo que permitía regular la oferta y evitar desplomes en el mercado.
El desmonte de ese incentivo dejó a los productores expuestos a la volatilidad del mercado, particularmente en regiones donde el cultivo depende de lluvias y no cuenta con sistemas de riego.
Es claro que los reclamos del sector arrocero colombiano justifican un conflicto sin resolución clara. La falta de voluntad política para cumplir lo pactado ha generado un ambiente de desconfianza, y los productores se sienten abandonados en medio de una crisis estructural que amenaza su sostenibilidad.
Mientras el Gobierno no actúe con celeridad y transparencia, los reclamos por parte del sector arrocero colombiano seguirán marcando la agenda agrícola del país.
