Senado colombiano definirá el futuro de la Consulta Popular de Petro
El Senado colombiano se encuentra debatiendo la consulta popular impulsada por el presidente Petro tras el fracaso de su reforma laboral en el Congreso. La votación es incierta, con una fuerte división política y un debate sobre el costo y la efectividad de la consulta.
La consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, como respuesta al fracaso de su reforma laboral, se encuentra en una fase decisiva en el Congreso de la República.
El Senado comenzó a debatir la propuesta el 13 de mayo de 2025, con un plazo inicial de 20 días, prorrogable por 10 más, para emitir un concepto sobre su viabilidad. Si se aprueba, la consulta popular tendría lugar dentro de los siguientes cuatro meses.
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División en el Senado
El debate sobre la consulta popular ha dividido al Senado. El bloque oficialista, encabezado por el Pacto Histórico, se ha alineado con el presidente Petro y apoya firmemente la consulta popular. Este sector incluye a alrededor de 20 senadores.
Por otro lado, la oposición, formada por el Centro Democrático y Cambio Radical, ha decidido oponerse de manera contundente, sumando 13 votos del Centro Democrático y 10 de Cambio Radical, lo que representa un obstáculo para el gobierno.
Sin embargo, la verdadera incógnita está en los partidos en decisión, como La U y el Conservador. Ambos bloques están realizando reuniones de bancada para definir su postura, y no se descarta que opten por liberar el voto, lo que dejaría a sus parlamentarios decidir de manera individual.
Este movimiento es clave, ya que la votación dependerá de una mayoría simple en el Senado, lo que significa que el número de votos favorables debe superar a los en contra de los senadores presentes. Se espera que al menos 100 senadores participen en la votación, lo que pondría el umbral de votos a favor por encima de 50.
Los nombramientos en el Gobierno
Un factor adicional que ha generado controversia es la relación entre la consulta popular y algunos nombramientos recientes en el gobierno. Se ha especulado que el presidente Petro estaría utilizando estos nombramientos para asegurar el apoyo de partidos clave en el Senado, como el Partido Liberal y La U.
Entre los nombramientos más relevantes se encuentra el de Diana Marcela Morales como ministra de Comercio, quien cuenta con el respaldo de sectores liberales, y otros nombramientos en ministerios clave que tradicionalmente han sido cercanos a los partidos opositores.
Sin embargo, estos movimientos han sido desmentidos por miembros del Partido Liberal, el senador Mauricio Gómez Amín, ha afirmado que el nombramiento de Morales fue personal y no institucional del Partido Liberal.
A pesar de esto, la percepción de que el gobierno está tratando de asegurar apoyos a través de estas designaciones persiste, lo que añade una capa de complejidad al proceso político en torno a la consulta.
Consulta popular: Un proyecto controvertido
Una encuesta reciente muestra un amplio respaldo popular a la consulta, con un 57% de los ciudadanos apoyando la iniciativa y un 75% dispuestos a votar afirmativamente en las preguntas propuestas. Este apoyo popular ha sido destacado por el gobierno como un argumento para justificar la consulta como una vía democrática para avanzar en su agenda laboral, luego del fracaso en el Congreso.
No obstante, la propuesta también ha enfrentado fuertes críticas. La principal objeción radica en el costo estimado de la consulta, que alcanzaría los 700.000 millones de pesos, una cifra que algunos sectores consideran innecesaria, especialmente en el contexto de la crisis fiscal que enfrenta el país.
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¿La Consulta como una maniobra electoral?
Otra crítica recurrente es que la consulta popular de Petro tiene un fin electoral, en lugar de ser una respuesta efectiva a los problemas laborales del país. Según sus detractores, el gobierno estaría utilizando el descontento social y los derechos laborales como un medio para ganar ventaja en las elecciones de 2026. El jefe del Partido Liberal, César Gaviria, ha señalado que la consulta es «una maniobra electoral para anticipar la campaña presidencial de 2026», subrayando que el descontento social está siendo explotado con fines proselitistas.
Además, algunos consideran que la consulta no aborda los problemas laborales más profundos del país, como la tercerización, las órdenes de prestación de servicios (OPS), la falta de cumplimiento del Código Sustantivo del Trabajo y la necesidad de medidas específicas para las MIPYMES y los trabajadores rurales. Las OPS, que afectan a más de un millón de trabajadores sin derechos de asociación ni contratación colectiva, no están explícitamente contempladas en las preguntas de la consulta, lo que ha generado escepticismo sobre su efectividad para resolver los problemas estructurales del mercado laboral colombiano.
¿El camino legislativo resolverá los problemas laborales?
Aunque la consulta podría ser aprobada en el Senado y refrendada por el pueblo, las reformas propuestas no serían de aplicación inmediata. Cada uno de los 12 puntos planteados en la consulta requeriría una ley adicional que debería ser tramitada en el Congreso, lo que genera dudas sobre la efectividad inmediata de la consulta para solucionar los problemas laborales planteados por el gobierno.
En este sentido, algunos analistas sugieren que el proceso legislativo posterior podría diluir los objetivos de la consulta, ya que el Congreso, dominado por fuerzas políticas opositoras, podría modificar o incluso bloquear algunas de las reformas propuestas.
