Sobre la decisión de Gustavo Petro de aumentar el salario mínimo en 23,78 por ciento, cuando la inflación fue del 5,3 –4,5 veces menor–, hago las siguientes reflexiones.

Siempre he sido amigo de mejorar las condiciones de trabajo de los colombianos. Pero también de no hacerles daño a las empresas, porque sin desarrollo empresarial nunca saldremos del subdesarrollo económico ni de tanto desempleo, informalidad, pobreza y miseria.

El aumento del salario mínimo lo tendrán 2,4 millones de colombianos, el 10 por ciento de los ocupados, porque 11 millones ganan menos de ese mínimo y 9,9 millones ganan más. Y favorece el aumento de las importaciones que le hacen daño a la producción nacional, al trabajo y a Colombia.

En consecuencia, muchas pequeñas y medianas empresas, el 98 por ciento del total del país, no podrán pagar el nuevo salario mínimo, lo que generará despidos y empeorará las condiciones laborales del país.

Además, el alza del mínimo debe aumentar la carestía y las tasas de interés, causándole más problemas al país.

También golpea que numerosos bienes y servicios tienen su costo atado al salario mínimo, como vivienda popular, transporte, partes de la salud, seguridad, etc.

Es muy diciente que los dirigentes sindicales del país, incluidos los petristas, propusieran un aumento del salario mínimo bastante menor, del 16 por ciento.

Petro actuó así aun cuando, en 2025, los asalariados con más de un salario mínimo se redujeron en 427 mil y los que tuvieron ingresos inferiores al mínimo aumentaron en 828 mil. Peor bien difícil.

Y esta alza del mínimo también retrata las argucias de Petro. Porque su impacto negativo solo afectará a su gobierno en sus últimos siete meses y no en los 41 meses anteriores, tirándole el problema al próximo presidente.

Bogotá, 3 de enero de 2026.