¿Su empresa está lista? Los retos de ciberseguridad para el comercio digital

La ciberseguridad, la localización de datos y los impuestos a los servicios digitales se han convertido en ejes centrales de la regulación del comercio digital. A medida que aumentan los flujos transfronterizos de datos, los países están imponiendo normas más estrictas

Estas normas se justifican en nombre de la seguridad informática, la protección de datos personales y la soberanía digital, pero también generan obstáculos costosos que pueden frenar la innovación y excluir a las pequeñas empresas del mercado global.

Según la OCDE, estas medidas funcionan como barreras no arancelarias y amenazan con fragmentar aún más la economía digital global, especialmente si cada país continúa adoptando marcos regulatorios distintos y contradictorios.

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Ciberseguridad y control estatal sobre los datos personales

Las regulaciones en materia de ciberseguridad están entre las más complejas y diversas. Muchos países han adoptado normativas que exigen el cumplimiento de estándares específicos de cifrado, certificaciones obligatorias y medidas estrictas para el almacenamiento de datos personales.

Un ejemplo relevante es China, cuyo marco legal incluye la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Seguridad de Datos y la Ley de Protección de la Información Personal. Estas leyes obligan a las empresas a obtener aprobación estatal para transferir datos personales y “datos importantes” fuera del país.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia también ha comenzado a restringir transacciones digitales con ciertos países, bajo el argumento de seguridad nacional. Estas medidas buscan evitar que información crítica llegue a manos de adversarios geopolíticos, pero también pueden limitar el crecimiento del ecosistema digital global.

Servicios digitales en la mira de los gobiernos

El auge de los servicios digitales ha generado nuevas fuentes de ingreso para los gobiernos. Varios países han implementado impuestos específicos sobre estos servicios, conocidos como DSTs (Digital Services Taxes), que gravan a empresas extranjeras por generar ingresos dentro de una jurisdicción, aunque no tengan presencia física en ella.

India, Indonesia, Reino Unido y Canadá son algunos ejemplos. En este último caso, la Ley de Impuesto sobre los Servicios Digitales, aunque posteriormente suspendida por presiones comerciales de Estados Unidos, buscaba imponer un gravamen del 3% sobre ciertos ingresos digitales. Esta medida reflejó cómo la política fiscal se entrelaza con las tensiones geopolíticas y económicas en torno al comercio digital.

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Localización de datos y seguridad de la información

Una de las medidas más extendidas en los últimos años ha sido la localización obligatoria de datos. Estas leyes exigen que la información recopilada dentro de un país sea almacenada localmente, limitando o prohibiendo su transferencia al exterior.

Más de 40 países han adoptado este tipo de políticas, muchas de ellas surgidas en la última década. Estas restricciones, justificadas por la seguridad de la información, imponen grandes retos operativos a las empresas, que deben invertir en servidores locales, contratar personal adicional y gestionar el cumplimiento normativo múltiple.

Además, la fragmentación regulatoria reduce las economías de escala que permiten la centralización del procesamiento de datos, afectando la eficiencia y aumentando los costos.

Protección de datos personales y modelos regulatorios divergentes

La Unión Europea lidera la regulación global en protección de datos personales con su Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Este régimen impone condiciones estrictas para la transferencia de datos fuera del bloque, exigiendo “protecciones adecuadas” por parte de los países receptores.

Aunque las reformas más recientes buscan agilizar las investigaciones transfronterizas, las restricciones fundamentales al flujo de datos siguen vigentes. Esto refuerza la existencia de “esferas de influencia” digitales, donde el flujo de datos está condicionado por alianzas políticas y modelos regulatorios distintos: mientras EE. UU. prioriza la competitividad, la UE enfatiza la privacidad, y China promueve el control estatal.

Implicaciones económicas y fragmentación del ciberespacio

La creciente fragmentación del ecosistema digital tiene consecuencias económicas significativas. Un estudio de la OCDE estima que, si todas las economías restringieran sus flujos de datos, el PIB mundial podría caer un 4,5% y las exportaciones disminuirían un 8,5%.

En contraste, regímenes abiertos con salvaguardas adecuadas podrían aumentar el PIB global en 1,77% y las exportaciones en 3,6%. Sin regulación alguna, la pérdida de confianza en los sistemas digitales también podría causar una caída cercana al 1% del PIB.

Colombia tiene una balanza comercial equilibrada en el comercio de este tipo de servicios. De acuerdo con las cifras del DANE, entre enero y noviembre de 2024 el país exportó USD 1.573 millones en servicios e importó USD 1.338 millones en servicios de informática y otros servicios de suministro de información.

Equilibrio entre confianza y competitividad

La regulación del comercio digital y los datos personales está en el centro del debate global. Mientras algunos países buscan proteger su soberanía digital y garantizar la seguridad informática, otros abogan por flujos de datos más abiertos que impulsen la innovación.

La ciberseguridad seguirá siendo un componente clave de este debate, en medio de tensiones geopolíticas, avances en inteligencia artificial y presiones económicas. El desafío global consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de datos personales, la eficiencia económica y la cooperación internacional. De no lograrse, el riesgo es avanzar hacia una balcanización del ciberespacio, donde el acceso a los datos,y por ende, al desarrollo tecnológico, dependerá más de las alianzas políticas que de la innovación misma.

Colombia está muy atrasada en esa materia pues, aunque el gobierno ha esbozado ideas en ese sentido, es necesario construir todo un ecosistema tecnológico, generalizar el internet, crear la infraestructura de conectividad y dedicar un presupuesto adecuado para estos fines.

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