Sube el salario mínimo 2026, bajan las empresas locales: el consumo que termina financiando importaciones
El aumento del salario mínimo 2026, decretado en 23,78%, ha sido presentado por el Gobierno como una victoria social y un avance hacia el llamado “salario vital”. Sin embargo el impacto real del incremento recae con fuerza sobre la estructura productiva del país, particularmente sobre las micro y pequeñas y empresas, que concentran más del 95% del tejido empresarial colombiano.
Mientras el salario mínimo 2026 llega a $2 millones con auxilio de transporte incluido, el costo real para el empleador supera los $2,9 millones mensuales por trabajador, una cifra difícil de absorber para negocios con márgenes estrechos, baja productividad y escaso respaldo financiero.
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Más consumo no significa más producción nacional
En una economía con una base industrial débil, alta dependencia importadora y apertura comercial sin protección efectiva, el aumento del ingreso disponible no se traduce automáticamente en mayor demanda de bienes nacionales. Por el contrario, el efecto puede ser exactamente el opuesto.
Mientras el salario mínimo sube, los costos de producción locales aumentan: mano de obra, servicios públicos, transporte, seguridad social y cargas tributarias. Ese encarecimiento obliga a los productores nacionales (especialmente micro, pequeños e industriales locales) a subir precios o reducir márgenes, perdiendo competitividad.
El efecto real: sustitución por importaciones
En paralelo, Colombia mantiene Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, además de una alta penetración de importaciones chinas, muchas de ellas con economías de escala, subsidios indirectos, menores costos energéticos y laborales, y una logística mucho más eficiente.
El resultado es que los productos nacionales suben de precio, los productos importados se mantienen o incluso bajan en términos relativos y el consumidor, con algo más de ingreso, sustituye bienes locales por importados.
Así, el aumento del consumo no dinamiza la producción colombiana, sino que fortalece las ventas de productores extranjeros, principalmente chinos, estadounidenses y europeos, que hoy son los principales proveedores del mercado colombiano.
¿Quién gana realmente con el salario mínimo 2026?
Bajo estas condiciones, los beneficiarios reales del aumento del salario mínimo 2026 no son los industriales ni los empresarios colombianos, y mucho menos el empleo formal, sino:
- Exportadores extranjeros, especialmente en textiles, manufacturas livianas, electrodomésticos y bienes de consumo.
- Productores estadounidenses y europeos, amparados por TLC que eliminan aranceles y reducen barreras.
- Grandes cadenas de importación y distribución, no la industria local.
Sin política industrial, el salario mínimo se “fuga” al exterior
El problema no es el salario mínimo en sí, sino aumentarlo sin una política industrial activa. Sin aranceles estratégicos, sin compras públicas que prioricen producción nacional, sin energía competitiva y sin protección frente a prácticas desleales de comercio, el ingreso adicional se filtra hacia el exterior.
La teoría del Gobierno solo funcionaría si Colombia tuviera: una industria fuerte y diversificada, capacidad de sustituir importaciones, protección efectiva a sectores estratégicos y costos productivos competitivos.
Hoy no los tiene. Por eso, en el contexto actual, el aumento del salario mínimo 2026 no dinamiza la economía nacional, sino que acentúa la desindustrialización, debilita a los productores locales y convierte el consumo interno en un motor para economías extranjeras.
Sin reindustrialización real, el salario mínimo más alto termina financiando empleo y producción fuera de Colombia, no dentro del país.
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Presión fiscal: más gasto público hoy, más deuda mañana
Otra de las preocupaciones centrales del aumento del salario mínimo es su impacto directo sobre las finanzas públicas, en un momento en el que el propio Gobierno ha reconocido restricciones fiscales y ha hablado incluso de emergencia económica.
El incremento del salario mínimo eleva automáticamente el gasto del Estado en nómina, no solo para los trabajadores que devengan el mínimo, sino también por los efectos de indexación sobre escalas salariales, contratos y esquemas de salario integral dentro del sector público. A esto se suma el aumento en el valor de pensiones, subsidios y transferencias que están atadas directa o indirectamente al salario mínimo.
De acuerdo con estimaciones de gremios empresariales, cada punto porcentual adicional de aumento del salario mínimo implica cerca de $400.000 millones de gasto público adicional, lo que convierte un incremento cercano al 23% en una presión fiscal de gran magnitud. En un contexto de déficit elevado y alta deuda pública, este mayor gasto estructural no cuenta con una fuente clara de financiación.
El resultado previsible es un mayor endeudamiento en los próximos años, mayor presión sobre el mercado de deuda y sobre las tasas de interés, y menos margen fiscal para inversión productiva, infraestructura o política industrial. En la práctica, el aumento del salario mínimo termina rigidizando aún más el gasto del Estado y trasladando el ajuste a futuras generaciones.
Los grandes ganadores: congresistas y altos cargos del Estado
Paradójicamente, quienes más se benefician con el salario mínimo 2026 no son los trabajadores más vulnerables, sino los funcionarios de más altos ingresos. Por los mecanismos de indexación del salario integral y del sector público, el incremento eleva automáticamente los ingresos de congresistas y altos cargos del Estado.
Para 2026, el salario de un congresista podría superar los $63 millones mensuales, con incrementos individuales cercanos a los $12 millones, ampliando aún más la brecha salarial y el gasto público estructural.
Golpe al agro y a la industria alimenticia: costos más altos y menor competitividad
El impacto del aumento del salario mínimo será especialmente fuerte en las actividades agropecuarias, uno de los sectores más intensivos en mano de obra del país. En el campo colombiano, una proporción significativa de los trabajadores recibe remuneraciones cercanas al salario mínimo, por lo que el incremento se traduce de forma inmediata en un aumento sustancial de los costos de producción.
Las consecuencias no se limitan al campo. Un aumento en los costos agropecuarios puede elevar el precio de los alimentos, presionando nuevamente la inflación, y afectar el desempeño de las exportaciones agropecuarias, uno de los pocos motores de crecimiento externo del país.
Además, la industria alimenticia, que ocupa un lugar clave dentro de la estructura manufacturera colombiana, verá deteriorada su competitividad. Con insumos más caros y márgenes más estrechos, el sector pierde capacidad para competir frente a productos importados y para sostener encadenamientos productivos locales, profundizando la desindustrialización.
Los más afectados: microempresarios y quienes quieren formalizarse
En el extremo opuesto están los micro y pequeños empresarios, muchos de ellos con menos de cinco trabajadores. Para este segmento, el aumento del salario mínimo no llega en un contexto de fortalecimiento productivo, sino de desprotección estructural:
- Competencia directa con importaciones baratas, muchas veces subsidiadas.
- Altos impuestos, cargas parafiscales y costos laborales que superan el 50% adicional al salario.
- Servicios públicos costosos, especialmente energía.
- Inseguridad, extorsión y deterioro del orden público en zonas productivas.
- Inestabilidad jurídica y regulatoria, que dificulta la planeación empresarial.
En este escenario, el aumento salarial eleva el umbral de entrada a la formalidad y empuja a muchos negocios hacia la informalidad o, en el peor de los casos, al cierre .
No es un dato menor que en Colombia solo una de cada tres empresas sobrevive más de cinco años, y que la mayoría de los emprendimientos nacen por necesidad, no por oportunidad. Para estos negocios frágiles, un choque de costos laborales de esta magnitud puede ser definitivo .
Reindustrialización abandonada y política productiva en pausa
El problema de fondo no es el salario en sí, sino el abandono de una estrategia integral de desarrollo productivo. El plan de reindustrialización y varios ejes del Plan Nacional de Desarrollo quedaron en el discurso, sin avances reales en protección de la producción nacional, reducción de costos estructurales ni fortalecimiento de la competitividad.
Subir salarios sin política industrial, sin defensa frente a importaciones, sin energía competitiva y sin seguridad jurídica equivale a cargar sobre las empresas una responsabilidad que debería asumir el Estado mediante una estrategia económica coherente.
Más salario, pero menos empresas
El aumento del salario mínimo puede mejorar el ingreso nominal de una parte de los trabajadores formales, pero no resuelve los problemas estructurales del empleo en Colombia. Sin productividad, sin industria, sin condiciones para producir, el resultado previsible es más informalidad, más cierre de empresas y menos oportunidades reales de trabajo digno.
En ese balance, el costo del salario mínimo 2026 no lo paga el Gobierno ni los altos funcionarios. Lo pagan los pequeños empresarios, los emprendedores y los trabajadores que quedan por fuera del empleo formal.
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