Tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos y el riesgo fiscal: la economía colombiana en la cuerda floja
La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos llevó a la ruptura temporal de relaciones diplomáticas, marcada por el llamado a consultas recíproco de embajadores tras las denuncias de un supuesto complot contra el presidente Gustavo Petro, se produce en un contexto de rebaja en la calificación crediticia del país y la revisión de su Línea de Crédito Flexible por parte del FMI.
A esto se suma la amenaza de una descertificación por parte de EE. UU. en la lucha contra las drogas, que podría generar sanciones económicas, afectar la inversión extranjera y debilitar aún más las finanzas públicas. El país se encuentra, así, en una encrucijada geopolítica y económica de alto riesgo.
A continuación, le contamos cómo se ha desarrollado esta tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, cuál fue su catalizador, y analizamos las repercusiones que podría tener esta tensión con el país aliado en medio del momento fiscal que atraviesa el país.
Llamado a consulta recíprocos de diplomáticos
El pasado 3 de julio de 2025, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tomo la decisión —en medio de un nuevo escalamiento de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos— de llamar a consultas urgentes a John T. McNamara, el Encargado de Negocios ad interim de la Embajada de EE. UU. en Colombia. La declaración oficial del Departamento de Estado de EE. UU., emitida por la portavoz Tammy Bruce, justificó esta acción citando «declaraciones infundadas y reprobables de los más altos niveles del Gobierno de Colombia».
En cuestión de horas el presidente colombiano anunció a través de su cuenta de X el llamado a consulta del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. El presidente Petro afirmó explícitamente que esta medida era «en respuesta a la llamada a consulta del Sr. McNamara». Esta acción recíproca y casi inmediata subrayó la gravedad de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.
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El presunto complot contra el presidente Petro: catalizador de la escalada
Las «declaraciones infundadas y reprobables» a las que se refirió Estados Unidos aludían directamente a las acusaciones públicas del presidente Petro sobre un supuesto complot para destituirlo del poder. Esta conspiración, presuntamente detallada en una investigación del periódico español El País, implicaba al exministro de Asuntos Exteriores colombiano, Álvaro Leyva, en esfuerzos por contactar a varios políticos colombianos y estadounidenses para organizar un intento conjunto de derrocar al presidente Petro.
El presidente Petro caracterizó específicamente este presunto complot como «nada más que una conspiración con narcotraficantes y, al parecer, la extrema derecha colombiana y estadounidense». Aunque inicialmente pareció vincular al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, con el intento de derrocamiento, posteriormente aclaró durante un discurso en Bogotá que no creía que Rubio estuviera «en medio de un golpe de Estado» contra su gobierno.
La supuesta implicación de legisladores republicanos estadounidenses, como los representantes de Florida Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, fue destacada. El representante Giménez replicó públicamente, acusando al presidente Petro de orquestar un «circo mediático» para «distraer al pueblo colombiano de su pésima gestión, corrupción y mal manejo de los fondos públicos», y lanzó una advertencia sobre posibles denegaciones de visas para «títeres cómplices».
La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos se produjo inmediatamente después de la renuncia de la ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, quien declaró públicamente su desacuerdo con decisiones gubernamentales recientes, añadiendo una capa adicional de agitación política interna a la crisis.
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Un mal momento para la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos
La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos se dan en medio de procesos que podrían afectar la recuperación de la economía colombiana, particularmente en el frente fiscal. La reducción de la calificación de la deuda, la revisión del Capítulo IV del FMI y la Certificación de Drogas de Estados Unidos.
En un contexto ya desafiante, las agencias calificadoras S&P y Moody’s redujeron la calificación de la deuda de Colombia el 26 y 27 de junio de 2025, respectivamente. S&P rebajó la calificación a «BB», dos escalones por debajo del grado de inversión, con una perspectiva negativa que indica riesgo de nuevas rebajas en los próximos 18 meses. Moody’s, por su parte, la bajó a «Baa3», su calificación más baja dentro del grado de inversión, con perspectiva estable.
Las razones citadas para estas rebajas incluyen el deterioro de las cuentas fiscales, menores ingresos tributarios, un alto nivel de deuda pública y dificultades para reducir el gasto. Ambas agencias señalaron que la combinación de grandes déficits fiscales y un desempeño económico débil ha empeorado las finanzas públicas de Colombia y aumentado su vulnerabilidad a choques externos.
Moody’s también advirtió sobre la ausencia de ajustes fiscales significativos y una débil capacidad para implementar reformas, mientras que S&P destacó la creciente incertidumbre política y el debilitamiento institucional que han reducido la credibilidad de la política fiscal. La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos agrava este panorama.
Suspensión de la Línea de Crédito Flexible y riesgo de descertificación
En abril de 2025, el FMI suspendió temporalmente la Línea de Crédito Flexible (LCF) de Colombia, valorada en 8.100 millones de dólares, a la espera de la finalización de la consulta del Artículo IV y una revisión a medio plazo.
Sin ella, Colombia podría enfrentar un endurecimiento de las condiciones financieras globales, interrumpiendo el financiamiento externo necesario para su recuperación, provocando fuga de capitales y dificultando el acceso a crédito. Esto, a su vez, aumentaría el costo del servicio de la deuda y limitaría el crecimiento económico del país.
Paralelamente, la amenaza de una descertificación por parte de Estados Unidos en materia de drogas añade otra capa de riesgo fiscal y económico. Si Estados Unidos determina que Colombia no ha cooperado plenamente en los esfuerzos antinarcóticos, podría imponer sanciones severas.
Esto incluye un recorte inmediato del 50% de toda la ayuda bilateral asignada, lo que afectaría directamente el apoyo financiero y de seguridad. Además, Estados Unidos podría ejercer presión en instituciones financieras internacionales, votando en contra de préstamos de bancos de desarrollo multilateral. Aunque estos votos no siempre detienen los préstamos, envían una señal negativa que encarece el acceso a crédito para Colombia.
La descertificación también podría resultar en aranceles más altos al comercio, restricciones de visado para funcionarios clave y posibles sanciones al sistema bancario colombiano. El precedente de 1996, cuando la descertificación llevó a la congelación de 1.500 millones de dólares en créditos de inversión y préstamos para empresas estadounidenses y pérdidas significativas en ventas, ilustra el impacto potencial en la inversión y el comercio.
La combinación de estos factores —tensión diplomática, rebaja de calificación, revisión del FMI y amenaza de descertificación— pone a Colombia en una situación de alta vulnerabilidad. La escalada en la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos puede tener efectos profundos en la economía real: desde la fuga de capitales hasta la caída en la inversión extranjera directa.
En medio de un ambiente político polarizado y una economía que aún no se recupera plenamente de los efectos de la pandemia, el país enfrenta un triple desafío: restaurar la confianza internacional, asegurar la estabilidad fiscal y evitar un aislamiento diplomático que lo deje sin apoyo en un momento crítico. Por lo pronto, el Gobierno tendrá que realizar todos las acciones que estén a su alcance para desescalar la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.
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