13 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: Desafíos económicos y pérdida de soberanía para Colombia
A 13 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Colombia enfrenta desindustrialización, déficit comercial y pérdida de soberanía económica.
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El 15 de mayo de 2025 se cumplen 13 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con base en un informe reciente del centro de estudios Cedetrabajo, el balance de este acuerdo es profundamente negativo.
En lugar de convertirse en un motor de transformación productiva, el TLC ha profundizado la dependencia de Colombia de bienes primarios, debilitado la soberanía económica y agravado la desindustrialización.
Aunque el gobierno de Gustavo Petro prometió revisar o renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en la práctica no hubo cambios sustanciales. El principal resultado de este intento fue una nota interpretativa sobre el capítulo de inversiones, que no modificó el texto del tratado ni sus efectos.
A 13 años, el TLC sigue operando bajo los mismos principios que han favorecido a las grandes corporaciones extranjeras, debilitando las capacidades del Estado colombiano para conducir un desarrollo económico autónomo.
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La fallida renegociación del TLC
Durante su campaña y en los primeros meses de gobierno, Gustavo Petro afirmó que renegociaría el TLC con Estados Unidos, especialmente el Capítulo X sobre Inversiones. En agosto de 2023, anunció el inicio formal del proceso. En noviembre de 2024, llegó incluso a calificar la aceptación del CIADI como instancia de arbitraje como «una puñalada en la espalda».
Sin embargo, el proceso no derivó en una modificación real del tratado. La única acción concreta fue una nota interpretativa que no tiene carácter vinculante y que, en esencia, reafirma los mismos principios que rigen el acuerdo desde 2012, incluyendo la plena jurisdicción del CIADI.
El Capítulo X impide que Colombia imponga condiciones a las inversiones extranjeras, como exigencias de contenido nacional, transferencia tecnológica, generación de empleo local o reinversión de utilidades. Por el contrario, garantiza la libre movilidad de capitales, dificultando que la inversión extranjera se canalice hacia metas de desarrollo nacional.
Uno de los supuestos avances de la nota interpretativa fue la reafirmación del derecho del Estado a implementar normas ambientales. Sin embargo, este derecho ya estaba contemplado en el capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que hace que la nueva nota sea más un gesto simbólico que un cambio normativo.
Estados Unidos impone condiciones y presiona reformas
El informe 2025 sobre Barreras Comerciales Extranjeras de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ilustra cómo el gobierno estadounidense continúa presionando a Colombia para modificar su normativa interna en beneficio de sus corporaciones.
Entre las exigencias más reiteradas están:
- Eliminar requisitos sanitarios y fitosanitarios para productos como carnes, lácteos y mariscos.
- Suprimir procedimientos de auditoría a establecimientos exportadores.
- Flexibilizar normas técnicas para productos industriales como autopartes y cosméticos.
- Aceptar copias digitales de facturas en procesos aduaneros, sin considerar los desafíos tecnológicos e institucionales del país.
- Reforzar la protección de la propiedad intelectual, incluyendo patentes farmacéuticas, semillas y derechos de autor, incluso por encima de lo estipulado en la legislación colombiana.
Estados Unidos también rechaza medidas como el impuesto colombiano a la presencia económica significativa de plataformas digitales, vigente desde 2024. Alega que se trata de una discriminación hacia las empresas estadounidenses, aunque en realidad busca equiparar condiciones fiscales.
Estas presiones no son nuevas, pero con el regreso de Donald Trump al poder, se han intensificado. El expresidente ha impuesto aranceles del 10% a productos colombianos, violando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ha vinculado temas comerciales con exigencias en seguridad, migración y política exterior.
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Balanza comercial negativa y desindustrialización
Los resultados comerciales del TLC con Estados Unidos distan mucho de los objetivos planteados. En 2024, el déficit comercial bilateral se mantuvo e incluso se amplió. Las exportaciones colombianas siguen concentradas en productos primarios como petróleo, carbón, oro, café, flores y banano. Los productos con mayor valor agregado no han logrado ganar participación significativa.
Según cifras del Ministerio de Comercio, las exportaciones a EE. UU. están 36% por debajo del nivel esperado si se tuvieran condiciones de equilibrio comercial. El acceso preferencial al mercado estadounidense no se tradujo en un aumento sustancial de las ventas, y Colombia ha perdido participación frente a países como México, Brasil, Chile e incluso China, que no tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En 2012, Colombia representaba el 1,08% de las importaciones de EE. UU. En 2022, esa participación cayó al 0,58%, el mismo nivel que en 1991. En contraste, México pasó del 11,99% al 13,61%, y China del 3,98% al 17,07%.
El TLC y la pérdida de soberanía regulatoria
Más allá de lo comercial, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha implicado una renuncia parcial a la soberanía regulatoria del Estado colombiano. Las cláusulas de protección a la inversión, sumadas al sistema de arbitraje internacional, limitan la capacidad del país para regular sectores clave o implementar políticas industriales y sociales.
Las decisiones sobre normas sanitarias, compras públicas, estándares laborales o políticas tributarias están cada vez más condicionadas por las posibles reacciones de inversionistas extranjeros o del propio gobierno estadounidense.
Incluso sectores estratégicos como la contratación pública en defensa han sido objeto de presión, con Washington reclamando por las exigencias del Ministerio de Defensa de establecer acuerdos intergubernamentales como requisito para las compras.
¿Hora de denunciar el tratado?
Cedetrabajo señala que Colombia tiene la posibilidad jurídica de denunciar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es decir, retirarse del acuerdo siguiendo los mecanismos establecidos en el propio tratado. Este paso permitiría recuperar márgenes de maniobra para diseñar una política comercial y productiva más alineada con el interés nacional.
Sin embargo, el gobierno Petro no ha dado señales claras en esa dirección. Pese a las críticas discursivas al acuerdo, la práctica ha sido de continuidad. Incluso se han cedido espacios normativos en sectores como el automotriz, a cambio de posibles alivios arancelarios por parte de Washington.
