Mal terminaron las volteretas de Petro y Corcho sobre acabar las EPS, promesa que tantos votos les reportó: “que sí, que no, que sí y que en definitiva no se acaban”, sometiéndose a Santos, César Gaviria, Efraín Cepeda, Dilian Francisca y Roy, entre otros. Porque el acuerdo final de Petro con ellos, que respaldó el Pacto Histórico, se limitó “a privilegiar la atención primaria y el sistema preventivo en la salud, eliminar la integración vertical” y promover “la territorialización” del sector, informó la Casa de Nariño (enlace).

Nada pactaron sobre otros cambios muy importantes y urgentes, empezando por controlar los abusos y la famosa corrupción en el sector. ¿O no es cierto que varias EPS y su organización fueron sancionadas por cobrar dos veces el mismo servicio? ¿O que presidentes de Saludcoop y Cafesalud EPS fueron condenados a cárcel por corruptos? ¿O que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó liquidar a Medimás EPS, con inmensas pérdidas, porque el minSalud Alejandro Gaviria promovió su creación violando la ley? ¿Y no son estos unos casos entre otros incontables?

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Ese acuerdo es peor, porque por los errores políticos de Petro y Corcho en el trámite de la ley, los más poderosos de la salud –que deciden sobre $70 billones anuales de recursos públicos– pudieron montar una campaña que ocultara las graves fallas del sector.

Silencian el mucho maltrato en la atención a los enfermos y la mucha enfermedad y muerte, presentando las medicinas prepagadas –4,7 millones de usuarios– como si fueran las de los 50 millones de colombianos. Ocultan que estar carnetizado no equivale a tener adecuado acceso a la salud, como lo prueba el pésimo servicio en casi todos los 1.123 municipios. Y se conocen las inmensas fallas de la red pública hospitalaria, el maltrato laboral a médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud y a los médicos rurales y residentes e internos, las enormes deudas de las EPS a las IPS públicas y privadas y las prácticas abusivas en la facturación que les imponen, los costos excesivos de los medicamentos extranjeros y la falta de respaldo oficial a la fabricación de medicinas en Colombia.

Son tales las fallas estructurales del sector, que de las 30 EPS que quedan, hay 10 en liquidación y 10 vigiladas por la Supersalud. Y en la base de estas malas cifras está el relativamente escaso gasto público en salud de la subdesarrollada Colombia.

Sobre mis propuestas, enfatizo:

Hay que reducir en grande los costos del aseguramiento, de las EPS –con medidas serias y robustas a las que es ajeno el proyecto de Petro–, porque de ello dependen los mayores recursos necesarios para todo el sector y evitar que se agrave su crisis, presionada por la alta inflación y la fuerte caída de la economía del país. Para reducir las ganancias de las EPS en beneficio de pacientes, IPS y trabajadores del sistema de salud, también pueden promoverse las EPS sin ánimo de lucro.

Deben fortalecerse la prevención y la atención primaria y prohibirse la integración vertical, fuente de abusos y corruptelas. Hay que atender los reclamos de los médicos rurales, residentes e internos. Urge financiar bien la red pública hospitalaria y quitársela a la politiquería incapaz y corrupta, igualar la UPC para todos, crear un eficaz sistema nacional de compras de medicamentos costosos para abaratarlos y respaldar la industria farmacéutica nacional.

Esta es una propuesta pensada para unir a los colombianos, de forma que estos cambios puedan hacerse realidad en la ley de reforma a la salud en trámite.

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