En 2024 aumentó la violencia contra los defensores ambientales en Latinoamérica: informe “Raíces de resistencia” de Global Witness

La violencia contra defensores ambientales continúa generando preocupación en Latinoamérica. Según el informe “Raíces de resistencia” de Global Witness, al menos 120 personas que protegían el medioambiente y sus territorios fueron asesinadas o desaparecidas en la región durante 2024. 

Esto quiere decir que el 82% de los 146 casos documentados a nivel mundial, consolidan nuevamente a Latinoamérica como el lugar más peligroso para quienes defienden causas ambientales.

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Colombia encabeza las agresiones a defensores ambientales

Colombia lideró el registro de homicidios con 48 casos, un tercio del total mundial. Le siguieron Guatemala con 20 asesinatos, México con 18 homicidios y una desaparición, Brasil con 12 asesinatos, Honduras con 5, Nicaragua y Perú con 4 cada uno, Ecuador con 3, y Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana con 1 cada país. 

Desde 2012, Global Witness ha contabilizado 2.253 asesinatos y desapariciones de defensores ambientales, de los cuales el 72% ocurrieron en Latinoamérica.

Entre las víctimas de 2024, 19 pertenecían a comunidades indígenas y 20 eran campesinas. El informe analizó también el funcionamiento de los mecanismos de protección en Colombia, país con el sistema más grande del mundo a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que otorgó más de 4.000 medidas de protección durante el año. Sin embargo, al menos cinco defensores ambientales que contaban con medidas fueron asesinados.

Fallas en los mecanismos de protección

En una entrevista para la organización periodística, Mongabay, se mostró el caso de Jani Silva, reconocida lideresa en Putumayo en el que se evidenciaron las limitaciones de estos mecanismos. Silva ha vivido más de 11 años bajo protección debido a amenazas e intentos de asesinato por su defensa de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.

Ella, ha denunciado que el mecanismo no protege de forma integral ni contempla la dimensión emocional del riesgo, y que no hay acceso efectivo para otros integrantes de su organización.

Astrid Torres, del Programa Somos Defensores, señaló que el sistema actual no detiene la violencia letal porque actúa de forma reactiva y no preventiva. Indicó que la falta de justicia efectiva y de sanción a los responsables permite que el ciclo de violencia contra defensores ambientales se repita. También denunció que el Estado colombiano ha delegado responsabilidades en organizaciones civiles e indígenas sin garantizar su seguridad.

Torres citó el caso de 11 campesinos y defensores ambientales criminalizados por oponerse a un proyecto minero de AngloGold Ashanti en Jericó, Antioquia, quienes enfrentan procesos judiciales por presuntos delitos mientras permanecen en libertad.

Guatemala, el país con mayor violencia per cápita

Guatemala presentó un aumento significativo en la violencia, con 20 asesinatos de defensores ambientales en 2024. Desde 2012, se han documentado 106 homicidios y desapariciones en el país, la mitad de ellos contra personas indígenas y una quinta parte contra campesinos. Global Witness atribuye este incremento a la histórica concentración de tierras, la vulneración de derechos indígenas y la expansión del crimen organizado.

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La violencia se ha concentrado en Alta Verapaz, Izabal, Jalapa y Huehuetenango, así como en Escuintla, donde ocho defensores ambientales fueron asesinados en 2024. Seis de estos crímenes estarían relacionados con actividades del crimen organizado. Integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) señalaron que los asesinatos han ido acompañados de hostigamiento, estigmatización y criminalización, sobre todo en zonas con alta presión extractiva y de monocultivos.

Desapariciones y otras formas de violencia

El informe también documentó cuatro desapariciones de defensores ambientales en 2024, tres de ellas en Latinoamérica. Entre ellas está el caso de Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida en Máfil, Chile, mientras reclamaba tierras ancestrales. Su familia ha denunciado abandono estatal y filtraciones judiciales con información falsa durante la investigación, además de acoso y criminalización.

Global Witness advierte que, aunque en 2024 se registraron 50 casos letales menos que en 2023, esto no implica una reducción real de la violencia. Por el contrario, aumentan las amenazas, la criminalización, los ataques digitales y otros tipos de agresiones no letales contra defensores ambientales, quienes enfrentan presiones de industrias extractivas, agroindustria, tala, proyectos de infraestructura, hidroeléctricas y crimen organizado.

Según el informe, cerca de un tercio de los ataques a nivel mundial están vinculados a organizaciones criminales que ejercen control territorial en alianza con intereses corporativos.

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