28M Día de la Salud Menstrual: contra el mito de la “higiene femenina”
La percepción negativa sobre la salud menstrual no solo alimenta la discriminación contra niñas y mujeres, sino que también limita la conversación abierta sobre un proceso natural, incluso en espacios familiares y educativos. En un país donde la menstruación sigue siendo tabú, estas barreras dificultan el acceso a información y derechos fundamentales.
El 28M se celebró el día de la salud menstrual y los datos son alarmantes. El 55% de las adolescentes y jóvenes en Colombia asocia la menstruación con la palabra “sucio”, mientras que un 31% la considera “vergonzosa” y un 38% “asquerosa”.
Estas cifras revelan un estigma profundo que sigue relegando la menstruación al silencio y la exclusión. Según una reciente investigación de PLAN Colombia, el 3,5% de las jóvenes piensa que el periodo debe mantenerse en secreto.
¿Higiene menstrual o salud menstrual?
El cambio de “higiene menstrual” a salud menstrual no es solo un ajuste de términos, sino una transformación necesaria para entender la menstruación de forma integral. Mientras que antes el enfoque se limitaba a garantizar productos y prácticas para mantener la limpieza durante el periodo, con el tiempo quedó claro que esa visión era insuficiente y reduccionista.
Reducir la menstruación a un asunto de higiene invisibiliza aspectos cruciales que afectan a millones de mujeres, adolescentes y niñas menstruantes. Activistas, especialistas y organizaciones internacionales han evidenciado que la menstruación va mucho más allá de la limpieza, implica salud física —como el manejo del dolor o condiciones médicas—, salud emocional y bienestar social.
Este cambio también incluye romper el estigma, garantizar educación adecuada y asegurar condiciones dignas para vivir el ciclo sin exclusión ni discriminación. Por eso, el concepto de salud menstrual busca reconocer estos múltiples aspectos y afirmar que menstruar es una cuestión de derechos, dignidad y participación plena en la sociedad.
Menstruar en Colombia, una realidad marcada por desigualdad y la exclusión
En Colombia, la menstruación no es solo un asunto biológico sino una cuestión de salud pública y derechos humanos que afecta a cerca de 17,3 millones de mujeres y personas menstruantes entre 10 y 55 años, es decir, al 33,6% de la población. Este dato, que debería ser el punto de partida para políticas integrales, revela la magnitud del desafío que representa garantizar condiciones dignas para un grupo poblacional tan amplio y diverso.
Las consecuencias económicas y sociales de esta realidad son profundas. Un 8% de las mujeres ha tenido que interrumpir sus actividades diarias debido a su periodo menstrual, un indicador claro de cómo la falta de apoyo y recursos afecta la productividad y calidad de vida.
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Peor aún, el 31% de las adolescentes entre 10 y 17 años enfrenta dificultades económicas para acceder a productos menstruales, un problema que aunque disminuye con la edad, persiste entre quienes tienen menor nivel educativo, viven en hogares sin ingresos o en condiciones socioeconómicas precarias. Ciudades como Sincelejo, Ibagué y Cúcuta concentran los mayores índices de esta carencia, señalando brechas regionales que reflejan desigualdades estructurales.
A esto se suma la grave crisis de la infraestructura sanitaria insuficiente, más de 300 mil mujeres carecen de acceso a agua potable y a baños con privacidad, condiciones básicas e imprescindibles para una gestión menstrual digna.
Por ello, es urgente que el gobierno nacional reconozca esta problemática vinculada a las tarifas impagables de los servicios públicos domiciliarios y adopte medidas que aseguren tarifas más asequibles y subsidios adecuados, con el fin de garantizar el acceso universal a estos servicios esenciales.
La vivencia digna de la menstruación requiere acceso a agua potable, jabón y un espacio privado, seguro e higiénico para lavarse, cambiarse y desechar o lavar los elementos de gestión menstrual.
La importancia de integrar la salud menstrual en la educación sexual y reproductiva
Además, la edad promedio de la menarquía se ha reducido a 11,9 años en niñas de 13 a 14 años, lo que subraya la urgencia de implementar educación sexual y menstrual integral desde la infancia, para evitar que el estigma y la falta de información perpetúen la exclusión.
Con la inestabilidad política y la crisis fiscal que enfrenta el país, este panorama no muestra señales de mejora. El Ministerio de la Igualdad y Equidad, entidad encargada de coordinar las políticas públicas para avanzar en la equidad de género, evidenció en 2024 una ejecución presupuestal mínima, de los 1,5 billones de pesos asignados, solo logró ejecutar el 4,9%.
Para 2025, su presupuesto se redujo en un 16%, quedando en 1,2 billones, resultado de una gestión deficiente. Además, está previsto que el ministerio pierda su figura jurídica el próximo año, lo que pone en riesgo la continuidad de proyectos de ley y políticas públicas fundamentales para la defensa y mejora de los derechos sexuales y reproductivos, que podrían quedar archivados sin una implementación efectiva.
Pobreza Menstrual en Colombia, una realidad latente
La pobreza menstrual no es un fenómeno marginal ni aislado. Se expresa en forma de exclusión cotidiana y silenciosa para miles de mujeres y niñas que no cuentan con lo mínimo para vivir su ciclo menstrual con dignidad.
Se estima que alrededor de 45 mil mujeres entre 10 y 55 años —jefas de hogar o cónyuges— han tenido que usar trapos, ropa vieja, papel higiénico o servilletas para atender su menstruación, por falta de acceso a productos adecuados.
Además, el costo de las alternativas sostenibles, como la copa menstrual, suele estar fuera del alcance de muchas mujeres. Para quienes no logran cubrir ni siquiera los productos desechables básicos, la inversión inicial en métodos reutilizables, aunque eficiente a largo plazo, es sencillamente inalcanzable.
La menstruación, entonces, se convierte en una carga económica adicional que recae de forma desproporcionada sobre quienes menos tienen, y que no está contemplada en los cálculos tradicionales del gasto de los hogares.
Aunque se habla cada vez más del tema, las cifras siguen confirmando una realidad que debería ser escandalosa, el 3,3% de las mujeres ha tenido que suspender o interrumpir sus actividades diarias por no tener con qué gestionar su menstruación. La pobreza en términos de salud menstrual no solo limita el presente de las mujeres y niñas colombianas, sino que perpetúa la desigualdad generacional al obstaculizar su acceso a derechos básicos como la educación, el trabajo y la salud.
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Frente a esta realidad, el 28 de mayo es una oportunidad para visibilizar la deuda histórica con la gestión de la salud menstrual digna. Este proceso natural y biológico no puede seguir siendo tratado como un asunto privado, marginal o secundario en la agenda pública.
El gobierno nacional debe asumir su responsabilidad con acciones concretas, presupuestos justos y políticas sostenidas que garanticen el acceso equitativo a la salud menstrual.
