8 de Marzo: la lucha por la equidad de género comienza con los derechos de las mujeres
El 8 de marzo es momento para analizar las condiciones de los derechos de las mujeres en Colombia, ver su situación en el mercado laboral y recordar la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas.
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
La falta de oportunidades y los constantes recortes en el gasto social reducen la materialización de los derechos de las mujeres, al afectar áreas como la salud, la educación, el cuidado y la infraestructura social.
El Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) ha publicado un balance actualizado sobre la situación de las mujeres en Colombia, en el marco del 8 de Marzo. Este informe destaca la estrecha relación entre el desarrollo productivo del país y la garantía de los derechos de las mujeres.
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8 de Marzo: la situación de las mujeres en Colombia
En el informe se señala que más de 18 millones de colombianos se encuentran en condiciones de pobreza, una realidad que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
Según las cifras del DANE para el año 2022, 10,2 millones de mujeres estaban en condiciones de pobreza monetaria, lo que representa un alarmante 55,7% del total de personas en esta situación. Es decir, la falta de recursos, bienes y servicios mínimos necesarios para una vida digna afecta en mayor medida a las mujeres.
Es crucial examinar el desempeño económico del país, la estructura del presupuesto nacional y el impacto de la política fiscal en la ampliación o reducción de las brechas de desigualdad, especialmente para garantizar los derechos de las mujeres, que constituyen un poco más de la mitad de la población.
Según las proyecciones del DANE para 2024, Colombia cuenta con 52,7 millones de habitantes, de los cuales 27,0 millones son mujeres (51,2%) y 25,7 millones son hombres (48,8%).
Mujeres en el mercado laboral
Antes de la pandemia, en 2019, la tasa de participación laboral mostraba una disparidad significativa entre hombres y mujeres. Mientras que la participación masculina era del 74%, la participación femenina se situaba en un 54%, de acuerdo con el DANE.
Después de los confinamientos por la pandemia de Covid-19 y de la subsiguiente reactivación económica, en 2021, la brecha se amplió aún más. La participación laboral masculina aumentó al 76%, mientras que la participación femenina disminuyó drásticamente hasta alcanzar el 49%.
Esta situación refleja que el impacto de la emergencia sanitaria fue mucho mayor en las mujeres, y que hoy más que nunca es necesario abordar y mitigar estas disparidades de género en el mercado laboral.
Esta situación tiene un impacto significativo en la economía nacional. Se estima que, en el presente año, las mujeres aportarán aproximadamente 230 billones de pesos, lo que equivale al 20% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, según datos del DANE.
Una economía estancada
La economía colombiana muestra señales de estancamiento, reflejadas en la disminución de la producción agrícola e industrial. El Producto Interno Bruto per cápita, que apenas alcanza los USD $6.000, evidencia la debilidad económica del país. Esta situación se refleja en una infraestructura deficiente y un mercado laboral inestable, con altos niveles de desempleo e informalidad.
Además, de acuerdo con los cálculos realizados por Cedetrabajo, el déficit en la balanza comercial ha empeorado significativamente: en julio de 2022 fue de USD $494,5 millones, mientras que para julio de 2023 aumentó a USD $600,2 millones.
Esta situación indica que el país está importando más de lo que exporta, lo cual puede tener un impacto negativo en la economía nacional. Es importante destacar que la economía colombiana se ha reprimarizado, con una gran dependencia de las exportaciones de productos mineroenergéticos.
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La entrada en vigor de los Tratados de Libre Comercio (TLC) tuvo un impacto significativo en industrias clave como la textil. Empresas nacionales como Coltejer, que en su momento generaba más de 20.000 empleos de calidad para mujeres, se vieron afectadas y, lamentablemente, quebraron.
Según cifras del DANE, en la industria textil, ahora el 80% de las trabajadoras se encuentran vinculadas en la informalidad.
Faltan políticas públicas efectivas para garantizar los derechos de las mujeres
Según el informe de Cedetrabajo, en Colombia persiste una marcada desigualdad en la distribución de los ingresos. Un índice de Gini de 0,55 en 2020 revela una disparidad significativa, donde el 10% más rico concentra el 35% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre apenas recibe el 1,7% (CEPAL).
Esta situación, arraigada durante décadas, ha generado una amplia brecha económica, la polarización de ingresos y obstáculos en la lucha contra la pobreza.
Las políticas públicas pueden incidir directamente en los derechos de las mujeres, especialmente en su acceso a diversas oportunidades y espacios. Por ejemplo, medidas como la garantía de servicios públicos de calidad, incluyendo guarderías y centros de cuidado infantil, pueden facilitar la plena participación de las mujeres en la fuerza laboral y en otros ámbitos de la sociedad.
Cedetrabajo señala que la política social estatal ha sido sustituida por la focalización, donde se otorgan algunos subsidios a la población pobre y vulnerable.
La asignación de estos subsidios está condicionada por la capacidad financiera del Estado, que enfrenta un déficit fiscal y comercial recurrente. Este déficit, sumado al creciente servicio de la deuda, ha contribuido al aumento del desempleo y la pobreza de forma estructural.
Para el 2024, se proyecta un presupuesto de $502,6 billones, lo que representa el 29,6% del Producto Interno Bruto (PIB), con un incremento del 19,4% con respecto al año anterior.
De esta cantidad, se destinarán $99,3 billones para inversión, $308,7 billones para funcionamiento y $94,5 billones para el servicio de la deuda. Esto significa que el 20% del Presupuesto General de la Nación se destina al pago de la deuda, lo que reduce significativamente el espacio fiscal disponible.
Esta situación implica que se limita la financiación de gastos corrientes como educación, salud, servicios públicos y programas de inversión social, lo que puede tener un impacto negativo en el desarrollo y el bienestar de la población.
Finalmente en el informe de Cedetrabajo se concluye que “la construcción de un sistema económico sostenible emerge como un componente esencial para la formulación de una política fiscal que tome en cuenta las disparidades de género.
Cuando la carga tributaria es reducida, la dependencia en los ingresos petroleros se acentúa y el nivel de endeudamiento crece, el gasto público se ve limitado en su capacidad para garantizar el bienestar social”.
En esta situación, las mujeres, ya enfrentando una desventaja económica, sufrirán un impacto aún más severo. Este 8 de marzo es importante continuar reivindicando la necesidad de establecer políticas que promuevan la equidad de género en el ámbito económico, garantizando así un desarrollo sostenible y justo para toda la sociedad.
