El panorama general de la administración pública en Colombia: desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible

Según el informe Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024, la administración pública en Colombia enfrenta un momento en el que debe afrontar retos socioeconómicos, responder a las crecientes demandas ciudadanas por una gobernanza más inclusiva y avanzar en la transición verde que mitigue los efectos del cambio climático. 

Estos desafíos se entrelazan con la necesidad de mejorar la eficiencia de las instituciones públicas para implementar políticas que promuevan el desarrollo sostenible, la equidad y la inclusión social.

Sin embargo, en el informe también se presentan oportunidades para mejorar la administración pública en Colombia mediante la implementación de estrategias inclusivas, la digitalización de los servicios públicos y la adopción de políticas ambientales más ambiciosas.

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Colombia, al igual que muchos países de América Latina y el Caribe (ALC), experimenta una alta desigualdad. El índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, alcanzó en Colombia un valor de 0,54 en 2023, según datos del DANE. Esto ubica a Colombia como el segundo país más desigual de la región, superado únicamente por Brasil.

Balance de la administración pública en Colombia

Desigualdad en el acceso a servicios

Uno de los principales retos de la administración pública en Colombia es la desigualdad en el acceso a servicios esenciales. De acuerdo con el informe, la satisfacción con los servicios públicos mejora la productividad al proporcionar educación, salud y un sistema judicial sólido, todos factores fundamentales para el crecimiento económico

En 2022, el 53% de la población de los países de ALC estaba satisfecha con el sistema de salud. La satisfacción con este servicio en Colombia cayó 8 p.p. desde 2011 y se ubicó en 41%.

En promedio, el 66% de la población de ALC estaba satisfecha con el sistema educativo en 2022. En Colombia, durante el mismo año, estuvo por debajo del promedio regional (63%) y presentó una reducción de 8 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al 2011.

Solo el 38% los ciudadanos de ALC declararon confiar en el sistema judicial en 2022, se trata de una mejora con respecto a 2011, cuando el promedio fue del 32%. Sin embargo, en Colombia este indicador también presenta un deterioro al pasar del 32% en 2011, al 28% en 2022.

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Gobernanza digital y contratación pública

La gobernanza digital ha sido uno de los sectores con mayores avances en los últimos años en Colombia. La implementación de servicios públicos digitales ha permitido mejorar el acceso a trámites y fortalecer la transparencia. El informe de la OCDE señala que Colombia ha implementado portales de gobierno digital en más del 70% de sus entidades públicas, lo que facilita la prestación de servicios a los ciudadanos. 

Sin embargo, aún persisten retos en cuanto al acceso equitativo a estas plataformas. Aproximadamente el 45% de la población rural no tiene acceso a Internet, lo que limita su participación en los procesos digitales del gobierno.

En términos de contratación pública, los esfuerzos para mejorar la transparencia han sido importantes. En 2021, el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) procesó el 74% de las compras públicas de manera digital. No obstante, solo el 9% de estas compras estaba alineado con criterios de sostenibilidad ambiental, lo que demuestra que aún hay un largo camino por recorrer para integrar la contratación pública verde.

Transición verde y sostenibilidad

Uno de los mayores desafíos actuales para la administración pública en Colombia es la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. El país ha suscrito compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la implementación de políticas concretas que promuevan la transición verde ha sido lenta. Solo el 4.8% del gasto público en Colombia se destina a inversiones sostenibles, en comparación con el 7.4% en promedio en los países de la OCDE.

La presupuestación verde es una de las estrategias que el gobierno colombiano ha comenzado a adoptar para alinear sus finanzas públicas con los objetivos climáticos. En 2021, Colombia fue uno de los cinco países de América Latina que incorporó consideraciones ambientales en su planificación presupuestaria.

A pesar de estos avances, la limitada capacidad fiscal del país, agravada por una deuda pública que en 2022 alcanzó el 66% del PIB, representa un obstáculo importante para financiar proyectos de infraestructura verde y otros programas de sostenibilidad.

Hacia una administración pública en Colombia eficiente y transparente

Para mejorar la eficacia de la administración pública en Colombia, las recomendaciones de la OCDE apuntan a que los gobiernos locales y nacionales deben trabajar de manera más coordinada para gestionar los recursos públicos de manera más eficiente. El fortalecimiento de las competencias institucionales es clave para garantizar la ejecución de políticas públicas que promuevan el desarrollo inclusivo.

Además, se requiere un enfoque integral en la toma de decisiones, que incorpore la participación ciudadana en todas las etapas del proceso político. Solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones y fomentar un sentido de pertenencia y legitimidad en las políticas públicas. La percepción pública de corrupción es muy alta en la región de ALC. Según la Encuesta Mundial Gallup, el 75,5% de los encuestados en 2023 cree que la corrupción está generalizada en el gobierno, en Colombia esta percepción la tiene el 85% de los encuestados.