ANIF lanza alarma por déficit del Fondo que regula precios de combustibles

Hace un par de días, el Centro de Estudios Económicos – ANIF dedicó uno de sus boletines económicos al papel que ha desempeñado el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en Colombia, a propósito del incremento mundial del precio de los alimentos y de los combustibles que, según indicó, es la “principal preocupación de todas las economías del mundo”. En el boletín destacó que, si bien el FEPC ha sido de la mayor utilidad para el país en la actual coyuntura, el déficit fiscal acumulado a la fecha debe ser motivo de preocupación. 

De acuerdo con ANIF, la subida de los precios del petróleo, “originada por el fortalecimiento de la demanda y exacerbada por el conflicto rusoucraniano”, se ha traducido en el aumento en el costo de los combustibles líquidos. Sin embargo, “Colombia ha sido inmune a las fuertes fluctuaciones en los precios que presencia el mundo”, debido a la intervención del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). 

En palabras de ANIF, el FEPC —creado en 2007, bajo la Ley 1151— ha amortiguado la volatilidad externa de valor del petróleo y “absorbido casi por completo el alza desmedida del crudo”. Sin embargo, según el centro de investigación, “su papel ha generado preocupación por las implicaciones fiscales que conlleva en un entorno global cada vez más incierto”.

¿Cómo funciona el FEPC?

Con el fin de entender de dónde surgen las implicaciones fiscales, ANIF explicó el funcionamiento del Fondo. Señaló la importancia de entender cuáles son los precios de referencia con los que este trabaja, para determinar en qué momento compensa —es decir, gasta o “eroga recursos”— y en qué momentos tiene un diferencial de participación —es decir, “ahorra recursos”— para generar compensaciones futuras.

Para ello, definió dos conceptos claves: el Precio de Paridad Exportación (PPE) y el Ingreso al Productor (IP). El primero, el PPE, es el precio internacional al que se tranza el combustible en un momento del tiempo, y el segundo, el IP, es el monto que se les reconoce, en ese mismo periodo, a los productores nacionales por el combustible. De esta manera, cuando el PPE es mayor al IP, el FEPC debe compensar ese margen (manteniendo los precios estables en el mercado interno). Y, en el caso contrario, cuando el IP supera al PPE, el Fondo queda con un diferencial a favor.

Esto, según ANIF, significa que, “cuando hay un diferencial positivo [el PPE supera al IP], el gobierno reconoce un saldo a los productores e importadores para equiparar su utilidad a la que tendrían si tranzaran a precios más altos, mientras que, si el diferencial es negativo [el IP supera al PPE], el gobierno tiene una participación en los ingresos generados por la comercialización de combustibles en Colombia”.

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Adicionalmente, el Centro de estudios explicó que “los precios de paridad también se usan para estimar el ingreso al productor en el mes siguiente, atenuando efectivamente la volatilidad del precio del crudo sobre aquel de los refinados. Después de obtener ese IP, se aplican diferentes tasas, sobretasas, márgenes e impuestos para llegar al precio de venta al público”, señaló el centro de estudios.

¿Dónde está el problema?

Según la ANIF, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, cada transferencia al FEPC por parte del Gobierno se reconoce como un gasto fiscal. En otras palabras, el saldo a favor de los refinadores e importadores es una “cuenta por pagar por parte del gobierno” que, en últimas, funciona como un “subsidio” a cargo de los contribuyentes. El problema radica en que, en este contexto, el FEPC se ha convertido en una carga fiscal adicional para el gobierno desde 2007, pues, con excepción de los años 2008, 2009 y 2020, ha sido deficitario en cada vigencia fiscal. 

Ahora bien, ANIF indicó que, si bien el gobierno ha saldado ese déficit fiscal (mediante deuda pública u otros mecanismos), en abril de este año el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) se pronunció, estimando que el déficit acumulado del FEPC, desde el segundo semestre de 2021, ascendería a $33,7 billones al cierre de 2022.

De acuerdo con ANIF, este déficit tomó por sorpresa a los analistas y al mismo gobierno, que no esperaban un escenario como el registrado el año anterior. “Según cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2021, del Ministerio de Hacienda, se estimaba que el déficit del Fondo rondaría, a cierre de año, $5.7 billones, lo que representa un 0.5% del PIB. No obstante, con las cifras actuales, esa estimación fue superada por cerca de $6 billones, lo que da como resultado un déficit aproximado de 1.2% del Producto Interno Bruto en 2021”, puntualizó el centro de estudios económicos.

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En consecuencia, “el déficit acumulado estimado es alarmante, no solo porque el país se encuentra en un escenario de vulnerabilidad fiscal”, sino porque hay gastos sociales por parte del gobierno que son “apremiantes”, indicó ANIF. Para el Centro, se deben revisar las prioridades en materia de Presupuesto General de la Nación para 2022. Según indicó, con el dinero del déficit del FEPC se podría cubrir una parte del pago de pensiones (asciende a 48,4 billones anuales), de la Salud (26 billones anuales) o de Vivienda (528 mil millones anuales). También se podría contribuir a solventar, mediante subsidios mensuales, la crítica situación de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema del país, que ascendió a 19,6 millones de personas al cierre de 2021. 

Propuestas de ANIF ante el déficit del FEPC

Al finalizar el boletín, ANIF reconoce que la coyuntura actual es compleja y que los retos son grandes, y plantea que, si bien en el corto plazo el Gobierno tendrá que buscar fuentes de recursos adicionales para cubrir el déficit, es necesario “diseñar e implementar, desde ya, reformas estructurales al Fondo que impidan que el balance deficitario siga creciendo en los próximos años”. 

Entre sus propuestas, el Centro sugiere “eliminar gran parte de los subsidios detrás del mecanismo” y propender por un cierre “gradual y progresivo”, en vez de “inmediato”, de la brecha entre los ingresos del productor y el precio de paridad internacional, de tal manera que represente una carga cada vez menor para las finanzas públicas. 

No obstante, el boletín no deja claro qué impacto podría tener esta medida, tanto en los precios que los consumidores tendrían que pagar por los combustibles, como en la productividad, ya que los precios del transporte inciden significativamente en los costos de producción de todos los sectores económicos. 

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