El cambio en la fórmula del precio del etanol aumenta la tensión entre el Gobierno Petro y la agroindustria de la caña de azúcar
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una creciente confrontación con el sector agroindustrial de la caña de azúcar. El proyecto que modifica la metodología de precios del etanol se suma a las declaraciones de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien calificó la expansión cañera como un “desastre ecológico y social”.
Para empresarios y sindicatos, la actitud sistemática del Gobierno amenaza una de las industrias más sólidas del país.
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Cambio en la metodología del etanol: el origen de la disputa
El Ministerio de Minas y Energía y el de Hacienda presentaron un proyecto de resolución que modifica la fórmula para calcular el precio del etanol carburante, sustituyendo el modelo vigente desde 2012. La propuesta busca que el Ingreso al Productor (IP) se determine según los precios internacionales del etanol en el mercado de Houston, abandonando el vínculo histórico con el precio del azúcar blanca de Londres.
Según el Gobierno, la nueva metodología busca “alinear al país con los estándares internacionales” y mejorar la transparencia del mercado. Sin embargo, para el sector cañero se trata de un golpe directo a la producción nacional. Los cálculos oficiales muestran que, de aplicarse, los ingresos de los productores caerían en promedio un 14,47%.
El ministro Edwin Palma defiende el cambio como una medida “para garantizar competencia y eficiencia”. Pero tanto gremios como sindicatos insisten en que Colombia no puede competir en igualdad de condiciones con productores extranjeros subsidiados y con costos logísticos mucho menores.
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El estudio del BID y Fedesarrollo
El Gobierno basa su propuesta en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fedesarrollo, que cuestiona la actual política de precios por “ineficiente, opaca y proteccionista”. El documento sugiere adoptar precios internacionales, mecanismos de estabilización y una transición hacia la competitividad ambiental.
Sin embargo, los críticos sostienen que el estudio desconoce la realidad del campo colombiano. Los sindicatos advierten que la adopción de precios internacionales transformaría la producción nacional en inviable. “El etanol colombiano no puede medirse con la vara de Houston”, señalan.
Asocaña y FedeBiocombustibles afirman que la medida va en contravía de las metas de reindustrialización y transición energética del propio Gobierno. Reducir la producción local, dicen, aumentará la dependencia del etanol importado, afectará la balanza comercial y frenará los avances en descarbonización.
Rechazo sindical y empresarial: “una política contra los cañeros”
El rechazo al nuevo cálculo del etanol ha unido por primera vez en mucho tiempo a empresarios y sindicatos del sector.
Los sindicatos de la agroindustria (entre ellos Sintrainagro, Festralva, Fesinucol y CTC) publicaron un comunicado conjunto en el que acusan al Gobierno de impulsar políticas “que reemplazan el trabajo colombiano por trabajo forastero”.
En el documento, firmado por diversos líderes sindicales, se advierte que de entrar en vigor la reforma se perderían más de 28.000 empleos directos y se pondría en riesgo la estabilidad de 350.000 familias vinculadas a la producción de caña y panela.
Para el empresariado, la postura del Gobierno “carece de una visión integral” y desconoce el papel de la agroindustria como motor de empleo formal, innovación y desarrollo regional. “El cambio del etanol y las declaraciones del Ministerio de Ambiente reflejan una actitud hostil hacia un sector que ha sostenido la economía del suroccidente colombiano”, afirmó una fuente de Asocaña.
El conflicto ambiental: la ministra Vélez contra la caña
Las tensiones se suman a las recientes declaraciones de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien calificó la expansión cañera como un “desastre ecológico y social”. Durante la inauguración de la Semana de la Biodiversidad en Cali, Vélez acusó a la industria de agotar fuentes de agua subterránea, contaminar con glifosato y marginar a comunidades campesinas.
La respuesta del sector fue inmediata. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, desmintió los señalamientos, afirmando que la agroindustria ha reducido el consumo de agua en un 50% mediante sistemas de riego tecnificado y que el uso de glifosato “fue suspendido hace años”. Además, precisó que la caña ocupa solo el 4% del área total de los cuatro departamentos donde se cultiva.
Los sindicatos respaldaron a los ingenios, destacando que el sector genera 286.000 empleos formales y aporta a la transición energética a través del desarrollo de biocombustibles. “No aceptamos que se nos señale como un desastre. Somos parte de la solución ambiental y social del país”, declararon.
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La nueva política de precios corresponde a un viejo debate sobre la necesidad de proteger la industria nacional y la exigencia extranjera de eliminar subsidios para exponer productos nacionales a la competencia internacional.
