Ciudadanías entre redes, medios e influencers: ¿Dónde queda el derecho a la información?
Débora Pérez
Comunicadora Social con énfasis en comunicación educativa y televisión. Magíster en Antropología Social. Coach Ontológico. Estratega en gestión del cambio, transformación cultural y comunicación. Asesora e investigadora en políticas de comunicación y cultura.
Las plataformas digitales y las redes sociales como Facebook, Youtube, Instagram, X y TikTok han cambiado la forma de acceder a la información. Hoy asistimos a la explosión de los contenidos difuminados por doquier.
Si bien la expansión y aceleración de las redes sociales han ampliado las conversaciones y dan cabida a múltiples voces ciudadanas para expresar y expandir demandas, estas plataformas también son fuente de exposición de mentiras, noticias falsas y “posverdades”, haciendo que la información pública relevante se confunda en medio de una avalancha de contenidos de toda índole.
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La televisión y la radio, que en los años cincuenta y principios del dos mil estaban en el centro de los hogares, ahora son puestas en dispositivos móviles y deben competir con otras plataformas. En medio de tanta dispersión y expansión, vale preguntarse ¿cómo garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información verdadera y de calidad sobre aquellos temas que son de interés colectivo?
Los medios de comunicación y el periodismo tienen la función social de informar, investigar y denunciar. Sin embargo, en busca de su sostenibilidad financiera, muchos de ellos caen en el afán de capturar audiencias de nicho y, en su defecto, de polarizar la opinión ciudadana, renunciando a la función de llegar con información clara, concreta, veraz y equilibrada a la mayoría.
Mientras los medios buscan sobrevivir y adaptarse a nuevos modelos de negocio y competencia, los ciudadanos que quieren informarse se ven obligados a buscar múltiples y diversas fuentes para tener una visión real de lo que pasa.
El fenómeno de “los influencers”
En los últimos años, hemos visto cómo se usan las plataformas digitales para abanderar causas, denuncias y movilizaciones como un trampolín para intereses políticos de unos cuantos.
En febrero de este año, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó un informe en el que denuncia el aumento del uso de recursos públicos dirigidos a las plataformas digitales, así como a diversos influencers que, con el tiempo, terminan evidenciando cómo detrás de sus contenidos, existen intereses o filiaciones políticas.
Las investigaciones de la FLIP también revelan la inversión de millonarios recursos en plataformas digitales y la falta de transparencia de las entidades públicas en la entrega de información sobre la pauta que contratan.
Frente a este panorama, surgen algunas preguntas en aras de la transparencia informativa: ¿cómo controlar que las redes sociales sean inundadas con publicidad pagada con recursos públicos para favorecer personalidades o agendas?, ¿cómo definir criterios de objetividad y efectividad en el reparto de la publicidad en entornos digitales? ¿Cómo controlar el uso de ejércitos digitales para direccionar tendencias y posicionar información dudosa e incluso falsa?
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Tanto la academia como diversas organizaciones vienen debatiendo de manera permanente para dirimir esta cuestión sobre qué hacer para que las plataformas digitales no sean usadas para difuminar mentiras que afecten a unos y beneficien a otros, en especial en medio de contiendas electorales y luchas políticas.
Se discuten diversas iniciativas como observatorios de información, regulación de las plataformas digitales y campañas de pedagogía con la ciudadanía. Así mismo, aparecen en el centro del debate los peligros de la inteligencia artificial y el uso del algoritmo para posicionar información engañosa. Ya no solo se trata de regular contenidos mentirosos, sino de qué hacer con las tendencias o los ocultamientos de la información.
Es urgente generar políticas y regulaciones que garanticen los derechos comunicativos de los ciudadanos, que estimulen y velen por la autonomía de los medios de comunicación, y que pongan límites a las distorsiones y entramados de intereses políticos y económicos que hay detrás de los contenidos que circulan.
Políticas públicas que convoquen actores del gobierno, organismos multilaterales, organizaciones de derechos humanos y grupos de ciudadanos. Es necesario realizar seguimiento y vigilancia de los contenidos, de las pautas, de los medios y de las plataformas, así como estimular el respeto y la dignificación del oficio del periodista.
Con las actuales tensiones, aún queda abierta la pregunta: ¿están los gobernantes interesados en liderar una causa de estas, cuando son ellos los primeros en beneficiarse del caos informativo actual?
