Las verdades de la reforma tributaria: 6 claves para entenderla
El debate comenzó por examinar la conveniencia de una reforma tributaria en los actuales momentos, si debería presentarse una ley específica o parte de un paquete legislativo que incluyera otros temas. También la reforma tributaria incluye la reducción del impuesto de renta a las personas jurídicas, los beneficios al turismo y las energías verdes, el tratamiento diferencial a la producción de carbón y petróleo y la tasa mínima de tributación. la ambición gubernamental es recaudar 12 billones de pesos, 6 por ajustes tributarios y seis por las modificaciones a la Regla Fiscal. Los obstáculos a la reforma pueden frustrar los planes gubernamentales.
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El eterno debate de la reforma tributaria
Algunos de los principales temas debatidos en torno a la reforma tributaria se resumen a continuación:
1. Conveniencia de hacer una reforma tributaria
La discusión inicial se centró en la conveniencia de presentar una nueva reforma tributaria. De hecho, una amplia variedad de analistas planteó a lo largo del año que esta reforma es inconveniente.
Fue el caso de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo; María Claudia Lacouture, de la Cámara de Comercio Colombo Americana; José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del Gobierno, y César Pabón, director de Corficolombiana y quien expresa el punto de vista del grupo Aval, entre otros.
Si bien estos analistas dieron variados argumentos, se destacan principalmente la necesidad de una estabilidad en las reglas del juego para la inversión nacional y extranjera y la propuesta de disminuir el gasto para reactivar la economía, en vez de aumentar los impuestos.
Por su parte, el Gobierno evitó presentar la reforma tributaria durante el primer semestre, pero en agosto presentó un proyecto de ley argumentando la necesidad de promover la equidad, la justicia social y el crecimiento económico. Actualmente, está claro que el presupuesto de 2025 está desfinanciado, por lo que la reforma tributaria resulta clave para sacar adelante apuestas del Gobierno como la reforma a la salud y la reforma pensional.
2. ¿Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento?
El proyecto de Ley de Financiamiento contiene una reforma tributaria, pero no se limita a ella. Incluye, además de variaciones en los impuestos, modificaciones a la Regla Fiscal, estímulos a algunos sectores económicos como el turismo y la economía verde, y autorizaciones para que el Estado financie la opción tarifaria, que permite destinar recursos presupuestales para subsidiar las tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3. En este sentido, el proyecto podría no tener unidad de materia.
3. ¿La aprobación de Ley de financiamiento puede garantizar la disminución del déficit fiscal?
Si la reforma tributaria es aprobada y garantiza el ingreso de los 12 billones de pesos que le faltan al presupuesto presentado por el Gobierno, el déficit fiscal de 2025 se proyectaría teóricamente en 4,8% del PIB, un poco más bajo del 5,6% que se estima para 2024. Sin embargo, para que esto ocurra se necesitaría cumplir los otros supuestos del plan económico, en materia de crecimiento económico, endeudamiento, precio de petróleo y exportaciones.
Este nivel de déficit se sitúa en el borde de lo permitido por la Regla Fiscal y, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se completarían seis años con déficits fiscales superiores al 4,3% del PIB.
Por otra parte, en caso de no aprobarse el recaudo esperado por la Ley de Financiamiento, el déficit sería mucho mayor y pondría en riesgo las finanzas estatales, a menos que hubiera recortes significativos del gasto.
4. ¿De dónde salen los ingresos nuevos previstos en la Ley de Financiamiento?
Según la exposición de motivos de la reforma, por concepto de nuevos impuestos o por el aumento del recaudo en los ya existentes, entrarían alrededor de 5 billones de pesos, que incluyen los impuestos al carbono, a las plataformas digitales, al patrimonio, y a las ganancias ocasionales y otros menores.
La introducción de la llamada Regla Fiscal verde no representa nuevos ingresos, sino que permite aumentar el déficit fiscal o el endeudamiento sin que esto aparezca como un rompimiento de la Regla Fiscal. Para efectos prácticos, la nueva deuda contraída deberá seguir pagándose con el ahorro de la ciudadanía y el déficit fiscal creciente tarde o temprano llevará a la necesidad de nuevos tributos.
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5. ¿Si el Congreso no aprueba el presupuesto, el Ejecutivo puede decretarlo?
Sí, el gobierno puede decretarlo ejerciendo la denominada “dictadura fiscal”, pero hay controversia sobre sobre cuál monto puede hacerlo. El gobierno dice que podría decretarlo por 523 billones, pero esto sería inexorablemente declarado inexequible por la Corte Constitucional por incluir gastos no sustentados en ingresos.
Entonces, podría hacerlo por 511 billones, pero aún subsiste la duda de si estos 511 billones proyectados están basados en proyecciones reales de ingresos. Esto podría ponerse en duda al considerar que, en agosto de 2024, el recaudo de impuestos cayó 30% con respecto al mismo mes de 2023, de forma que el recaudo final de 2024 podría ser significativamente menor de lo presupuestado.
6. ¿ La disminución de la tasa de tributación en los impuestos a las empresas puede impulsar la reactivación económica?
La tasa efectiva de tributación de las empresas está por debajo del 30% en promedio y la disminución del impuesto nominal desde los 35% actuales se haría gradualmente en varios años. Al final de la transición las empresas habrán ahorrado 2 billones de pesos, según el ministro de Hacienda
Sin embargo, la petición de medidas de reactivación que han hecho los empresarios se refiere a medidas de choque de corto plazo, que incluyen otros aspectos como el fomento de la inversión pública y privada, la ejecución eficaz del presupuesto, la recuperación de la confianza y la seguridad.
Hasta el momento, el ambiente frente a la reforma tributaria es de incertidumbre. Hay muchas controversias legales y económicas que pueden enredar los trámites y dificultar que el Gobierno logre los objetivos que se propuso.
La enorme corrupción ampliamente documentada y sobre la cual no hay acciones gubernamentales contundentes, resta credibilidad a la petición de nuevos impuestos y ha creado un ambiente de escepticismo en el Congreso de la República.