Colombia gana pleito jurídico con sindicato de Frontino Gold Mines y ahorra $97 billones en multas
Nuevas noticias del pleito jurídico con la compañía Frontino Gold Mines. Con el veredicto, la nación evitó el pago de una multa de más de 90 billones.
El rumbo del pleito jurídico entre el estado colombiano y la compañía minera cambió con el nuevo veredicto. La Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que desestimó las demandas del SINTRAMINERGÉTICA contra la Superintendencia de Sociedades por supuestas irregularidades en la liquidación de Frontino Gold Mines Limited. Le contamos en qué va el pleito jurídico.
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En qué va el pleito jurídico contra Frontino Gold Mines
Frontino Gold Mines solicitaba una compensación económica de $97 billones, por supuestos perjuicios a empleados y jubilados de la empresa.
El Consejo de Estado justificó su decisión al señalar que el sindicato demandante no tenía la capacidad legal para exigir la reparación de los supuestos perjuicios sufridos por los trabajadores y pensionados de Frontino Gold Mines Limited, ya que las demandas no involucraban asuntos sindicales colectivos, sino reclamos individuales de daños materiales y personales de un grupo sin autorización sindical.
En contraste, el Consejo de Estado determinó que el sindicato en cuestión no participó en la liquidación forzosa llevada a cabo por la Superintendencia de Sociedades, lo que invalidó la reclamación patrimonial presentada sobre un proceso en el que no demostró interés en participar.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Sociedades lograron ahorrar al Estado colombiano más de 97 billones de pesos con su defensa en medio de un pleito jurídico que lleva años.
Cómo empezó el pleito jurídico
En 1977, la American International Gold Mines, una empresa estadounidense que había adquirido de Frontino Gold Mines el derecho de explotación de las minas de Segovia, decidió abandonar sus operaciones en Colombia debido a la presión de grupos insurgentes en la región y la intensa actividad de uno de los sindicatos más combativos del país.
Ante esta situación, la empresa optó por ceder sus activos a los trabajadores y pensionados como forma de saldar sus deudas con ellos. Sin embargo, a pesar de lo acordado en un documento notariado en Nueva York, para febrero de 2011, la propiedad de la empresa seguía sin ser transferida a los acreedores, y el Estado estaba considerando subastarla a una empresa transnacional, en lo que parecía ser un complejo entramado jurídico.
Desde su adquisición, la American International Gold Mines nunca hizo las cotizaciones necesarias para salud y pensiones de los trabajadores. Al retirarse del país, la empresa dejó las minas en condiciones deplorables: sin reservas, maquinaria, repuestos, ni minerales, y varias de ellas inundadas. Según Mario Piedrahita, un trabajador involucrado en la dirección de la empresa, al menos reconocieron la deuda con los empleados y pensionados, aunque también admitieron que no tenían recursos para pagarles.
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En una reunión en Nueva York, con la presencia de funcionarios como el director de la Superintendencia de Sociedades, el cónsul y el Ministro de Trabajo, se acordó que la empresa entraría en un proceso de concordato durante un año, con el fin de crear un fondo de pensiones para asegurar el futuro de los jubilados y trabajadores forzosamente retirados. Se estableció que, una vez terminado el concordato, la empresa sería transferida a los trabajadores y pensionados. Durante este periodo, Hernando Franco Idárraga fue nombrado como administrador temporal.
El concordato, inicialmente previsto para durar un año, fue prorrogado repetidamente durante 27 años, con la aprobación de los líderes sindicales de la época. Piedrahita sugiere que estos dirigentes no actuaron de mala fe, sino que fueron engañados por los administradores, quienes los convencieron de que recibir la empresa sería contraproducente, argumentando que el Estado podría prohibir la venta de dinamita al ejército por temor a que cayera en manos de la guerrilla.
Durante todo este tiempo, los administradores, en lugar de rendir cuentas a los trabajadores y pensionados, gestionaron la empresa en su propio beneficio y el de un pequeño círculo de allegados, con la aparente complicidad de la Superintendencia de Sociedades, que incumplió su deber de supervisar que el concordato cumpliera su propósito de crear el fondo de pensiones.
El documento que establecía la cesión de la empresa a los trabajadores y pensionados, firmado por el presidente de American International Gold Mines, el Superintendente de Sociedades y el Ministro de Trabajo, permaneció oculto durante años.
No fue hasta mediados del año 2000, cuando los trabajadores comenzaron a investigar los expedientes del concordato en la Superintendencia Regional, que descubrieron la escritura pública firmada en Nueva York el 6 de marzo de 1977. Este documento, que oficialmente liquidaba la Frontino Gold Mines y transfería todos sus bienes a los empleados y pensionados como pago de sus deudas, nunca fue protocolizado en Colombia, y tanto Franco Idárraga como la Superintendencia lo mantuvieron oculto.
