Consulta popular: la última carta para evitar el hundimiento de la reforma laboral
La reforma laboral de Gustavo Petro enfrenta un posible archivo en el Senado debido a la oposición mayoritaria en la Comisión Séptima. El Gobierno evalúa una consulta popular y decretos como alternativas, mientras una ponencia alternativa busca salvar el proyecto.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Gustavo Petro atraviesa un momento crítico en el Congreso de la República. Aunque aún no ha sido oficialmente archivado, su futuro es incierto, ya que cuenta con una fuerte oposición dentro de la Comisión Séptima del Senado. Ocho de los catorce senadores que conforman esta instancia han firmado una ponencia que recomienda su archivo, lo que indica una mayoría en contra.
La iniciativa del Ejecutivo busca mejorar las condiciones laborales mediante el incremento de recargos nocturnos, pagos por trabajo en festivos y dominicales, ampliación de la licencia de paternidad y regulación del empleo en plataformas digitales. Sin embargo, sectores de derecha y centroderecha, representados por figuras como la senadora Nadia Blel Scaff, sostienen que la reforma laboral no promueve la generación de empleo ni combate la informalidad, por lo que consideran su aprobación inconveniente para el país.
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Ante este panorama, el presidente Petro ha advertido sobre una posible ruptura entre el Congreso y el Ejecutivo, instando a los legisladores a replantear su postura. No obstante, con solo cuatro senadores dentro de la Comisión Séptima firmemente alineados con el Gobierno, la viabilidad de la reforma sigue en riesgo.
Consulta popular y decretos: las alternativas del Gobierno
Frente a los obstáculos en el Congreso, el presidente Petro ha anunciado su intención de convocar una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. Este mecanismo de participación ciudadana permitiría que el electorado apruebe o rechace propuestas específicas. Sin embargo, para que sus resultados sean vinculantes, se requiere la aprobación de la mayoría del Senado y la participación de al menos un tercio de los votantes registrados.
Asimismo, el Gobierno estudia la posibilidad de implementar algunos aspectos de la reforma laboral por decreto. Sin embargo, esta estrategia enfrenta cuestionamientos por parte de gremios y asociaciones que argumentan que modificar la legislación laboral por esta vía podría vulnerar la Constitución, ya que ciertas disposiciones requieren debate y aprobación legislativa.
La postura del Ministerio del Trabajo
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha expresado su preocupación por la posible archivación del proyecto en el Congreso. En una entrevista con Caracol Radio, calificó como “desafortunado” que se impida el debate sobre una reforma que, a su juicio, es clave para los trabajadores y el desarrollo económico del país.
Sanguino señaló que el senador Miguel Ángel Pinto ha liderado la firma de la ponencia que recomienda archivar la reforma, pese a que algunos congresistas inicialmente habían prometido no hacerlo. Además, lamentó que, después de casi 12 audiencias públicas, se le niegue a los ciudadanos la oportunidad de discutir una reforma laboral que ha sido exigida durante décadas.
El ministro insistió en que, aunque el Gobierno prefiere que la reforma sea aprobada en el Congreso, no descartan la consulta popular como alternativa para evitar posibles estallidos sociales. También adelantó que el Ejecutivo prepara un paquete de decretos reglamentarios que abordan ciertos aspectos de la reforma laboral y serán expedidos en los próximos días.
Sobre las críticas que señalan que la iniciativa no fomenta el empleo, Sanguino coincidió con la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al afirmar que la responsabilidad de generar empleo recae en la política económica del Gobierno y en el sector productivo. Según el ministro, la reforma busca establecer condiciones laborales más justas, reducir la informalidad y promover la igualdad en el acceso a derechos laborales.
En relación con otras reformas, Sanguino destacó que la reforma pensional ya fue aprobada y está en proceso de implementación, con la migración de ciudadanos a Colpensiones y las inversiones correspondientes en marcha.
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¿Cómo está la votación en la Comisión Séptima?
La Comisión Séptima del Senado está conformada por 14 miembros, de los cuales ocho han manifestado su oposición a la reforma laboral, lo que supone una mayoría en contra. La distribución es la siguiente:
Senadores en contra de la reforma laboral (8): Nadia Blel Scaff (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Alirio Barrera (Centro Democrático), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), y Ana Paola Agudelo (MIRA).
Senadores a favor de la reforma laboral (6): Wilson Arias (Pacto Histórico), Martha Peralta (Pacto Histórico), Ferney Silva (Pacto Histórico), Omar Restrepo (Comunes), Fabián Díaz (Alianza Verde), y Norma Hurtado (Partido de La U).
Esta correlación de fuerzas sugiere que la reforma podría ser archivada si no se logra un consenso o se introducen modificaciones que atraigan nuevos apoyos.
Una ponencia alternativa: el posible “salvavidas”
En un intento por evitar el hundimiento total del proyecto, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, ha presentado una ponencia alternativa con 40 modificaciones a la propuesta original. Su enfoque busca un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad empresarial.
Entre los cambios propuestos se incluyen ajustes en la seguridad jurídica, medidas para proteger el mercado laboral y la productividad —especialmente en el sector de micro, pequeñas y medianas empresas—, flexibilización de la jornada nocturna, clarificaciones sobre la estabilidad laboral reforzada y ampliación de la licencia de paternidad, entre otros aspectos.
La senadora Hurtado ha hecho un llamado al consenso para construir una reforma que garantice derechos sin comprometer el empleo ni la viabilidad de las empresas. Su papel en este debate es crucial, dado que anteriormente fue una figura clave en el hundimiento de la reforma a la salud en 2024.
Esta ponencia alternativa podría representar una oportunidad para salvar la reforma laboral del Gobierno, siempre que logre articular un punto medio entre los diferentes sectores y generar un acuerdo viable dentro del Congreso.
