El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su intención de convocar una consulta popular para definir el futuro de la reforma a la salud ha generado un intenso debate en la esfera pública y académica. Si bien la participación ciudadana es un principio fundamental de la democracia y un eje esencial en la Atención Primaria en Salud (APS), la manera en que se plantea este mecanismo puede generar más confusión que soluciones estructurales para el sistema de salud colombiano.

Aunque la propuesta de la consulta popular surge como respuesta al hundimiento virtual de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y ante la inminente (o próxima) llegada del tercer debate de la reforma a la salud en esta misma comisión, el Gobierno busca ahora trasladar la decisión al voto popular, lo que plantea varios interrogantes sobre la viabilidad y pertinencia de esta estrategia. ¿Es realmente la consulta popular el mecanismo adecuado para definir el rumbo de la salud en Colombia?

Para iniciar, es innegable argumentar que la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en salud es un elemento clave en los sistemas de salud basado en APS, tal como lo han destacado organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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Desde la Declaración de Alma-Ata en 1978 hasta la Declaración de Astana en 2018, se ha insistido en la importancia de que las comunidades formen parte activa del diseño, implementación y monitoreo de las políticas de salud.

Asimismo, se ha insistido en que es clave que participen en la expresión operativa de la APS a nivel comunitario, conocida como Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC), cuyo eje se centra en desarrollar capacidades críticas para identificar y resolver los problemas y necesidades en salud de la población, con la articulación con otros actores y el liderazgo de la comunidad.

No obstante, este principio implica que la comunidad esté capacitada y empoderada para tomar decisiones informadas, basadas en el conocimiento técnico y en un análisis crítico de las propuestas. Por lo tanto, la participación comunitaria en salud no significa someter a voto popular decisiones altamente técnicas y complejas sin un proceso previo de alfabetización en salud y desarrollo de capacidades.

Así mismo, un sistema de salud es una estructura compleja que requiere planificación, financiamiento adecuado y una gestión eficiente, y no es una cuestión de preferencias ideológicas o de opiniones sin fundamento técnico. Por esta razón, la toma de decisiones sobre el modelo de salud debería realizarse con base en la evidencia, la experiencia de expertos y la concertación con todos los actores del sistema, y no mediante una consulta masiva que, en muchos casos, podría estar influenciada por discursos emocionales y no por argumentos sólidos.

Por el contrario, uno de los principales problemas de la consulta popular es que se pretende someter a votación un modelo de reforma que ha sido ampliamente criticado por diversas asociaciones de pacientes, sociedades científicas y expertos en salud pública.

Por ejemplo, estos actores han expresado su preocupación por los vacíos técnicos de la propuesta, la falta de claridad en el financiamiento del modelo y la ausencia de mecanismos sólidos para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Igualmente, como está contemplada, la reforma a la salud no soluciona problemas estructurales como el déficit de recursos, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ni la crisis de financiamiento de hospitales y clínicas. De ahí que, en lugar de abordar estos desafíos con un enfoque técnico, el Gobierno parece querer trasladar la responsabilidad a la población a través de una consulta que no necesariamente garantiza que las decisiones se tomen con información suficiente.

En el mismo sentido, en un sistema democrático representativo, como el de Colombia, el Congreso tiene la responsabilidad de debatir, mejorar y aprobar las leyes basándose en el análisis de expertos y en la consulta con sectores especializados. Si bien el Congreso no es infalible, su labor permite un debate estructurado y fundamentado; en cambio, una consulta popular corre el riesgo de reducir un problema complejo a una simple pregunta de “sí” o “no”, sin la posibilidad de matices ni ajustes técnicos.

Otro aspecto preocupante es el uso de la consulta popular como una herramienta de presión política, ya que la salud no debería ser un campo de batalla electoral ni un medio para polarizar a la población. Y es que, en muchos casos, este tipo de mecanismos terminan desvirtuando la discusión técnica y convirtiéndose en plataformas de movilización política que buscan dividir en lugar de construir consensos.

Históricamente, en Colombia las consultas populares han sido poco utilizadas debido a su alto costo y a las dificultades logísticas que implican. Según la Registraduría Nacional, para que una consulta sea vinculante debe cumplir con requisitos estrictos, incluyendo la participación de al menos el 50% del censo electoral. Esto significa que, en términos reales, la posibilidad de que la consulta alcance la participación requerida es baja, lo que podría generar un escenario de incertidumbre aún mayor.

Además, si la consulta se realiza sin que la población tenga un conocimiento claro de lo que implica la reforma a la salud, los votos podrían estar motivados más por factores políticos que por un análisis técnico de las implicaciones de la propuesta. En ese caso, la desinformación y la falta de debate pueden llevar a que muchas personas voten a favor o en contra sin comprender realmente lo que está en juego.

Por otro lado, la convocatoria a una consulta popular para definir la política de salud también genera un precedente preocupante sobre la forma en que se toman las decisiones en el país, ya que, si el Congreso no aprueba una reforma en su labor legislativa, el Gobierno no debería recurrir a mecanismos extraordinarios para intentar imponerla, recordando que somos un país democrático y con separación de poderes.

Esto no significa que la participación ciudadana deba ser excluida, sino que debe fortalecerse a través de mecanismos como mesas de trabajo, audiencias públicas, consejos consultivos y diálogos técnicos con expertos. Además, la salud es un tema demasiado serio como para ser resuelto con un plebiscito sin la debida información y sin un análisis profundo de sus implicaciones.

Por último y, en conclusión, en lugar de una consulta popular lo que se necesita en Colombia es una reforma a la salud construida con base en la realidad del sistema, con financiamiento claro, con mecanismos efectivos de control y con la participación de expertos en el tema. La solución a los problemas estructurales del sistema de salud debe darse a través del diálogo informado, mediante la concertación con los actores del sector y el diseño de políticas basadas en la evidencia.