En los últimos años, Colombia ha enfrentado desafíos significativos en su suministro de gas natural. Según la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), se proyecta que para 2025 el país experimente un déficit del 7,6% en la oferta de gas natural, cifra que podría aumentar al 18,9% en 2026.

Esta situación ha generado preocupación no solo por el impacto económico, sino también por las implicaciones en la salud pública. Ya que, la escasez de gas natural y el consecuente aumento en sus tarifas pueden llevar a muchas familias colombianas a recurrir a métodos de cocción tradicionales, como el uso de leña, madera o carbón.

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Esta práctica, aunque ancestral, tiene efectos adversos en la salud, esto debido a que la combustión de estos materiales en espacios cerrados libera partículas finas y gases tóxicos que, al ser inhalados, incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), infecciones respiratorias agudas y cáncer de pulmón.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la contaminación del aire en interiores, derivada principalmente del uso de combustibles sólidos para cocinar, es responsable de aproximadamente 4 millones de muertes anuales en todo el mundo.

En Colombia, el uso de leña para cocinar es una realidad en muchas zonas rurales y urbanas de bajos recursos, y la transición hacia fuentes de energía más limpias, como el gas natural, ha sido una estrategia para reducir la morbilidad y mortalidad asociada a la contaminación intradomiciliaria.

Sin embargo, la actual crisis en el suministro de gas amenaza con revertir estos avances. Por ejemplo, un estudio realizado en México reveló que la población que utiliza leña para cocinar se encuentra en situación de pobreza energética y enfrenta mayores riesgos de salud debido a la exposición constante al humo; y aunque este estudio se realizó en México, las condiciones socioeconómicas y culturales son comparables a las de muchas comunidades colombianas, lo que sugiere que los efectos adversos podrían ser similares.

Además de los riesgos para la salud, el uso de leña como fuente de energía tiene implicaciones ambientales significativas, ya que, la tala indiscriminada de árboles para obtener leña contribuye a la deforestación y a la degradación del suelo, exacerbando problemas como la erosión y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, este ciclo de deterioro ambiental puede, a su vez, afectar la disponibilidad de recursos naturales esenciales para las comunidades, creando un círculo vicioso de pobreza y deterioro ambiental.

Por lo que, es crucial que el gobierno colombiano y las entidades pertinentes tomen medidas proactivas para abordar esta problemática, esto debido a que esto es un claro ejemplo de cómo impactan los determinantes sociales en la salud de las personas, además, de ser coherente con posturas internacionales de ver la salud desde una mirada intersectorial o recomendar la inclusión de la salud en todas las políticas como parte de la promoción de la salud.

Por ese motivo, garantizar un suministro constante y asequible de gas natural es esencial para prevenir que las familias recurran a métodos de cocción perjudiciales, y esto podría implicar la inversión en infraestructura para la importación de gas natural licuado (GNL), la promoción de proyectos de energía renovable a nivel comunitario o la implementación de subsidios focalizados para las poblaciones más vulnerables.

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Igualmente, la salud pública tampoco puede desligarse de las políticas energéticas, ya que, la falta de acceso a fuentes de energía limpias y asequibles tiene repercusiones directas en la calidad de vida de la población. Por lo tanto, es imperativo que las decisiones en materia energética consideren las implicaciones sanitarias y ambientales, adoptando un enfoque integral que promueva el bienestar de todos los colombianos.

Para finalizar, la escasez de gas natural en Colombia representa una amenaza tangible para la salud pública y el medio ambiente del país. Por lo que, es responsabilidad de las autoridades (desde una mirada intersectorial e interdisciplinaria) y de la sociedad en general implementar estrategias que aseguren el acceso a energías limpias, protegiendo así la salud de la población y preservando los recursos naturales para las generaciones futuras.