Corrupción en Colombia: Capturan a expresidentes del Senado y la Cámara por comprar apoyos políticos

Las capturas de Olmedo López y Sneyder Pinilla han destapado un entramado mucho más profundo que simples irregularidades administrativas: la transformación de la UNGRD en una caja paralela para repartir contratos a congresistas y asegurar mayorías legislativas al servicio del gobierno nacional. 

Lo que en el pasado se conocía como “mermelada” —la distribución de recursos públicos con fines políticos— hoy adopta una forma más sofisticada y difícil de rastrear. Este nuevo capítulo de corrupción en Colombia repite el desfalco de los recursos públicos con fines clientelistas como hicieron gobiernos anteriores.

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La UNGRD: de agencia técnica a caja negra política

Creada para atender desastres naturales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) terminó convertida en un instrumento político con autonomía presupuestal, escasa vigilancia y amplias facultades discrecionales. Bajo la dirección de Olmedo López, y con el apoyo logístico de su segundo, Sneyder Pinilla, la entidad puso en marcha lo que internamente se conoció como el “Plan 700”: una estrategia para asignar más de $700 mil millones en contratos mediante declaratorias de emergencia sin justificación técnica, que les permitió evadir procesos licitatorios.

Aunque en gobiernos anteriores como los de Juan Manuel Santos y Iván Duque también hubo denuncias por falta de control y presunto uso indebido de recursos en contextos de emergencia, la situación actual revela un nivel de sofisticación mayor. En la administración de Gustavo Petro, la UNGRD fue aprovechada por su capacidad de contratación expedita, lo que la hizo particularmente vulnerable a prácticas irregulares sistemáticas. Este patrón encaja con un fenómeno persistente: la corrupción en Colombia a través del manejo discrecional del presupuesto público.

El “Plan 700” y los giros del Ministerio de Hacienda

Entre 2023 y principios de 2024, el Ministerio de Hacienda —bajo la dirección de Ricardo Bonilla— giró más de $1,4 billones a la UNGRD, por fuera de la programación presupuestal ordinaria. Estos recursos, según revelaron investigaciones periodísticas, se convirtieron en la fuente principal de financiamiento de contratos direccionados a operadores con nexos políticos y, en algunos casos, con vínculos con grupos armados ilegales como el ELN, particularmente en zonas como Arauca.

Si bien los giros no son ilegales en sí mismos, la ausencia de controles preventivos y de trazabilidad sobre su ejecución facilitó que los fondos fueran utilizados para fines políticos. Este tipo de triangulación presupuestal evidencia cómo se ha sofisticado la corrupción en Colombia mediante mecanismos institucionales de contratación.

Congresistas involucrados: votos por contratos

El centro del escándalo gira en torno a las acusaciones directas contra los expresidentes del Congreso, Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal), capturados esta semana por su presunta participación en la red de corrupción. Según las declaraciones entregadas por Pinilla y López a la Fiscalía, cada uno habría recibido $4.000 millones en contratos, como contraprestación por su apoyo a reformas clave del gobierno en el Congreso.

Las entregas no fueron en efectivo, sino mediante contratos adjudicados a aliados políticos y operadores previamente seleccionados, lo que dificultaba su seguimiento. Reuniones sostenidas entre altos funcionarios del Ejecutivo, como Carlos Ramón González (DAPRE) y Luis Fernando Velasco (MinInterior), habrían servido para definir cuotas políticas y asegurar votaciones estratégicas, en lo que se perfila como un caso de ingeniería legislativa encubierta. Una nueva evidencia de cómo la corrupción en Colombia ha penetrado incluso los procedimientos legislativos.

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¿Una mermelada más sofisticada?

El término mermelada, popularizado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, describía la entrega de partidas presupuestales a congresistas mediante cupos indicativos registrados en el presupuesto nacional. Sin embargo, lo que ahora se revela es una versión mucho más opaca y peligrosa. En lugar de usar mecanismos institucionalizados, esta nueva mermelada opera a través de agencias ejecutoras con potestad de contratar sin licitación, como la UNGRD, el DPS y otras entidades descentralizadas.

Este nuevo clientelismo técnico reduce la exposición pública, elimina la trazabilidad legal y ofrece amplio margen de maniobra a quienes operan la distribución de recursos. Además, al encubrirse con contratos destinados a zonas vulnerables, se legitima socialmente, lo que dificulta el escrutinio ciudadano y mediático. Esta mutación es parte del ecosistema de corrupción en Colombia que ha evolucionado hacia formas cada vez menos detectables.

El gobierno en el centro de la tormenta

Aunque el presidente Gustavo Petro ha intentado desmarcarse públicamente del escándalo, los señalamientos contra funcionarios cercanos de su gobierno —como González, Bonilla y Velasco— han debilitado su discurso anticorrupción. Hasta ahora, no existe evidencia directa que vincule al mandatario con los hechos, pero la cadena funcional de decisiones compromete al núcleo del Ejecutivo.

Este caso no solo genera un impacto político inmediato: también compromete la legitimidad de las reformas sociales impulsadas por el gobierno. Si se comprueba que parte de los votos fueron obtenidos mediante la asignación de contratos direccionados, el proceso legislativo podría considerarse viciado desde el punto de vista ético, político e incluso jurídico. Es otro capítulo que refuerza la percepción ciudadana sobre la profundidad de la corrupción en Colombia y su capacidad para cooptar incluso las instituciones que deberían ser garantes del interés público.