Corrupción en la UNGRD: exministros y congresistas salpicados en red de contratos y favores políticos
El escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres destapó un esquema de contratos irregulares usados para asegurar votos en el Congreso y financiar campañas. La Fiscalía y la Corte Suprema tienen bajo la lupa a exministros y legisladores.
El caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido en uno de los capítulos más graves de la política reciente en Colombia. Lo que empezó como una denuncia por sobrecostos en la compra de carro-tanques en La Guajira derivó en un complejo entramado de favores políticos, direccionamiento de contratos y desvío de recursos públicos que, según las investigaciones, funcionó como un sistema paralelo de financiación política y electoral.
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Exministros en la mira de la Fiscalía
La Fiscalía General se prepara para imputar cargos a dos figuras clave del gabinete pasado: el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ambos han sido señalados por los exdirectivos de la UNGRD de participar en la coordinación de contratos con fines políticos.
En el caso de Velasco, testigos sostienen que se reunió en diciembre de 2023 con Olmedo López, entonces director de la entidad, para gestionar obras por 35.000 millones de pesos en Sahagún, Córdoba, en beneficio del congresista Julio Elías Chagüi. Aunque los contratos no llegaron a ejecutarse por el estallido del escándalo, la Fiscalía considera que la gestión ilegal existió.
Bonilla, por su parte, habría intervenido en la asignación de proyectos en Córdoba, Bolívar y Arauca. Chats revelados entre asesores de la época evidencian la urgencia de asegurar contratos para obtener votos en la Comisión de Crédito Público del Congreso. Según los mensajes, sin esos compromisos “se caerían los créditos de la nación”.
Ambos exministros rechazan los señalamientos y aseguran que sus actuaciones fueron parte de sus funciones ministeriales.
Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso
El avance de las investigaciones ha sido posible gracias a la colaboración de antiguos funcionarios de la UNGRD que hoy se convirtieron en testigos contra la red de corrupción. Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico, aceptó cargos por peculado y concierto para delinquir, y ahora colabora con la justicia en cinco procesos. Sus declaraciones han sido cruciales para vincular no solo a los exministros, sino también a dirigentes regionales y al precandidato presidencial Camilo Romero, a quien señaló de haberlo llevado a la entidad y de recomendar hojas de vida de su círculo cercano.
A su testimonio se suman las confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la entidad. Ambos han descrito cómo se direccionaban contratos a favor de congresistas de diferentes partidos para garantizar votos a proyectos clave del Gobierno, incluida la reforma pensional. Pinilla, además, reveló que López planeaba usar el programa de ollas comunitarias en La Guajira, con un presupuesto de 20.000 millones de pesos, para financiar su propia campaña al Senado.
El Congreso, epicentro del escándalo
La investigación judicial ha dejado al descubierto un eje político que involucra directamente a legisladores. La Corte Suprema de Justicia investiga a varios congresistas por presunta participación en la red.
Entre ellos figura Martha Peralta, del Pacto Histórico, señalada de gestionar contratos por más de 2.000 millones en La Guajira para favorecer su campaña. También está en la mira Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, vinculado a las gestiones de Velasco para obtener recursos en Sahagún.
A la lista se suman la representante Berenice Bedoya, del partido ASI, acusada de pedir contratos en Meta y Casanare a cambio de votos en la reforma pensional, y el senador conservador Carlos Trujillo, cuyo nombre apareció en los testimonios de López ante la Corte.
Lo que emerge es un patrón sistemático: la UNGRD, creada para atender desastres naturales y emergencias, fue usada como una bolsa de favores políticos. Los contratos se asignaban en territorios estratégicos para fortalecer bases electorales y asegurar mayorías legislativas.
La controversia en la Fiscalía
El proceso no solo ha tocado a políticos y exfuncionarios, sino también a la cúpula de la Fiscalía. La fiscal general Luz Adriana Camargo enfrenta acusaciones de injerencia en el caso de la exconsejera Sandra Ortiz. Conversaciones filtradas y documentos oficiales sugieren que decisiones clave dependían de su autorización, lo que cuestiona la autonomía de los fiscales delegados.
Camargo ha negado tajantemente estas acusaciones, pero la Comisión de Acusación de la Cámara abrió una investigación preliminar. El asunto ha generado tensiones dentro del propio ente acusador y ha puesto en duda la independencia de la investigación en uno de los escándalos más delicados de los últimos años.
Contratos emblemáticos bajo escrutinio
El contrato para la compra de 40 carro-tanques en La Guajira se convirtió en el símbolo del caso. Con un valor de $46.800 millones, la Fiscalía encontró sobrecostos superiores a los $14.000 millones. Según los testimonios, las condiciones de la licitación fueron diseñadas para favorecer a un contratista previamente seleccionado, y se pactaron sobornos que superaron los 1.000 millones.
Otro capítulo conecta a la UNGRD con la política regional: la comercialización de licores en Nariño durante la gobernación de Camilo Romero. Aunque se trata de un contrato de 2016, la relación entre Romero y Rodríguez Melo, hoy testigo estrella de la Fiscalía, le da al caso un nuevo aire de controversia en plena campaña presidencial.
El impacto político del caso UNGRD
Más allá de los procesos judiciales, el caso corrupción UNGRD golpea la confianza ciudadana en las instituciones. Revela cómo recursos destinados a atender emergencias y tragedias fueron desviados para fortalecer proyectos políticos, alimentar campañas y asegurar votos en el Congreso.
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El escándalo involucra al Gobierno, con dos exministros en la cuerda floja; al Congreso, con al menos cuatro legisladores bajo investigación; y a la propia Fiscalía, cuestionada por su independencia. Lo que está en juego no es solo la sanción de responsables, sino la credibilidad de un Estado que debería garantizar transparencia en la gestión de los recursos públicos.
