Reforma pensional en Colombia: la Corte define si se cae o sigue
Con el regreso de la rama judicial tras el receso de fin de año, la reforma pensional en Colombia vuelve al centro del debate institucional. Aunque todavía no hay una fecha definida para el fallo, la Corte Constitucional retoma el estudio de una ley que permanece suspendida y cuyo futuro sigue en manos del conjuez Carlos Pablo Márquez.
El alto tribunal evalúa si la ley fue aprobada con vicios de procedimiento durante su trámite en la Cámara de Representantes. La primera votación terminó en un empate 4-4 entre los magistrados, lo que obligó a nombrar un conjuez que deberá desempatar y definir si la reforma se cae, se corrige o entra en vigencia.
A esta incertidumbre jurídica se suma el ruido político de las denuncias de presunta compra de votos y las advertencias sobre el impacto fiscal. La decisión final tendrá consecuencias inmediatas sobre Colpensiones, los fondos privados y los trabajadores.

¿Por qué la reforma pensional en Colombia llegó a la Corte Constitucional?
El eje del conflicto es el trámite legislativo de la reforma pensional en Colombia, formalizada como la Ley 2381. La Corte debe decidir si en la Cámara de Representantes se respetaron los principios constitucionales de debate, publicidad y bicameralismo.
La demanda principal fue presentada por la senadora Paloma Valencia, quien sostiene que el 14 de junio de 2024 la Cámara aprobó en bloque el texto enviado por el Senado, sin discutir artículo por artículo ni votar las proposiciones presentadas.
Para los demandantes, esa decisión configuró un vicio de procedimiento insubsanable. Para el Gobierno, fue una salida legítima ante el riesgo de que la reforma se hundiera por vencimiento de términos.

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Empate en la Corte Constitucional y papel del conjuez
El análisis en la Corte Constitucional se complicó aún más por dos hechos clave. Primero, la recusación del magistrado Héctor Carvajal, quien fue apartado del debate por haber emitido conceptos jurídicos previos para Colpensiones.
Su salida dejó a la Sala Plena con ocho magistrados y provocó un empate. Cuatro respaldaron la ponencia que propone tumbar la reforma pensional en Colombia, mientras que los otros cuatro consideraron que los errores podrían subsanarse con una nueva votación en la Cámara.
Ante ese bloqueo, fue designado el conjuez Carlos Pablo Márquez, quien tendrá la última palabra y definirá el rumbo de la reforma.
Escenarios posibles para la reforma pensional en Colombia
La Corte Constitucional baraja cuatro escenarios, todos con impactos profundos:
- Inexequibilidad total: La reforma se anula por completo y el sistema pensional regresa de inmediato a la Ley 100 de 1993. Sería la derrota más dura para el Gobierno.
- Devolución al Congreso: La Corte ordena corregir el trámite. La ley queda en un limbo jurídico y su entrada en vigencia se aplaza por meses.
- Exequibilidad modulada: La reforma entra en vigor, pero con condiciones impuestas por la Corte, especialmente para proteger derechos adquiridos.
- Exequibilidad plena: La Corte avala todo el trámite y la reforma se implementa tal como fue aprobada.

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Reforma pensional y escándalo UNGRD
El debate jurídico se cruzó con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que golpeó la legitimidad de la reforma pensional en Colombia.
Olmedo López, exdirector de la entidad, aseguró que se ofrecieron contratos a congresistas a cambio de votos para apoyar las reformas del Gobierno. Según su testimonio, algunos legisladores habrían gestionado contratos regionales a cambio de respaldar la reforma pensional.
Debate económico: sostenibilidad fiscal y pilar solidario
Más allá de la legalidad, la reforma pensional en Colombia también enfrenta críticas por su impacto fiscal. Asofondos advierte que el nuevo sistema podría aumentar el pasivo pensional en cerca de 20%, en un país donde ya equivale a casi el 100% del PIB.
Otro punto sensible es el pilar solidario, que es un subsidio mensual de $230.000 para adultos mayores sin pensión que ya se está entregando. Su costo anual, estimado en más de $20 billones, genera dudas sobre su sostenibilidad.
Expertos también alertan sobre un posible desincentivo a la cotización, especialmente entre trabajadores de bajos ingresos, lo que podría profundizar la informalidad laboral.
Qué pasaría si se cae la reforma pensional en Colombia
Un fallo de inexequibilidad total tendría efectos inmediatos:
- Regreso al sistema dual entre Colpensiones y fondos privados.
- Cierre de la ventana especial de traslados de régimen.
- Respeto a los más de 110.000 traslados ya realizados, considerados derechos adquiridos.
- Congelación o transición gradual de los recursos trasladados, estimados en 25 billones de pesos.
- Eliminación de beneficios como la reducción de semanas para mujeres.
Mientras se conoce la decisión de la Corte, se mantendría la incertidumbre para miles de afiliados que hoy esperan definiciones claras.
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