Lo que dejó la Cumbre Amazónica 2025: petróleo, mafias y una región en alerta

La Cumbre Amazónica se ha consolidado como el principal escenario donde los países que comparten la cuenca amazónica —Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— se enfrentan a la difícil tarea de conciliar intereses nacionales con la urgencia de proteger la región más biodiversa del planeta, bajo el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Creada en 1978, la OTCA nació con la promesa de impulsar la cooperación en el uso sostenible de los recursos naturales y la protección ambiental. Sin embargo, a lo largo de casi cinco décadas, su promesa de acción conjunta se ha visto limitada por los conflictos de interés y la falta de mecanismos efectivos de cumplimiento, dejando en evidencia las dificultades para traducir declaraciones políticas en resultados concretos.

El objetivo declarado de la Cumbre es coordinar políticas ambientales, sociales y económicas, proteger los bosques, fomentar el desarrollo sostenible y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en la práctica, la urgencia de defender la Amazonía se enfrenta a conflictos profundos: la explotación petrolera, la minería ilegal, el crimen organizado y las disputas territoriales socavan cualquier intento de consenso regional, evidenciando la brecha entre los compromisos políticos y los resultados concretos.

Este año, la Cumbre Amazónica se celebró en Bogotá del 18 al 22 de agosto, reuniendo a líderes de ocho países para enfrentar los desafíos de la región más biodiversa del planeta. La Amazonía alberga cerca de 34 millones de personas, concentra el 10% de la biodiversidad mundial y ha perdido 14,7 millones de hectáreas de bosque entre 2001 y 2023. A pesar de la magnitud de la crisis ambiental, dos asuntos críticos marcaron la agenda: la explotación de combustibles fósiles y la presencia de 17 organizaciones criminales, que ponen en riesgo la gobernanza y la seguridad de la región.

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Combustibles fósiles: desacuerdos que perpetúan la explotación

Dentro de los desafíos más urgentes discutidos en la cumbre, destacó el debate sobre los combustibles fósiles. Aunque hubo presión para declarar la Amazonía libre de hidrocarburos, la Declaración de Bogotá no logró prohibir la explotación de petróleo y gas. La región, que abarca más de 6,7 millones de km² de bosque tropical y alberga a millones de personas, incluyendo numerosos pueblos indígenas, sigue siendo codiciada por intereses estratégicos. Países como Brasil, Perú y Venezuela priorizaron la explotación energética sobre la conservación, dejando en evidencia la fragilidad de los compromisos climáticos y la persistente tensión entre desarrollo económico y protección ambiental.

Crimen organizado en la Amazonía: un riesgo invisible

La Amazonía enfrenta una amenaza creciente por la presencia de 17 organizaciones criminales, que operan de manera transnacional y controlan rutas de narcotráfico, minería ilegal y tráfico de fauna. Estas estructuras no solo explotan recursos naturales de manera ilícita, sino que también generan violencia, desplazamiento forzado y debilitamiento de la autoridad estatal, creando un verdadero “estado paralelo”. Este fenómeno obstaculiza la implementación de políticas ambientales y limita la efectividad de los programas de conservación. Además, compromete la seguridad de los pueblos indígenas, afectando sus territorios, medios de subsistencia y capacidad de participación en decisiones sobre gobernanza regional.

El impacto de estas organizaciones va más allá de lo criminal dado que obstaculizan la implementación de políticas ambientales y limitan la efectividad de los programas de conservación, como la protección de bosques y la regulación de actividades extractivas. Además, la seguridad de los pueblos indígenas se ve comprometida, afectando sus territorios, medios de subsistencia y capacidad de participación en decisiones sobre gobernanza regional.

Pueblos indígenas y MAPI: avances limitados pero cruciales

La creación del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI) representa un avance significativo hacia la inclusión de los pueblos originarios en la toma de decisiones de la OTCA, un espacio donde históricamente sus voces habían sido marginales. Este mecanismo busca garantizar que los pueblos indígenas, guardianes de gran parte de los bosques amazónicos, tengan un papel activo en la formulación de políticas ambientales, en la protección de sus territorios y en la supervisión de proyectos de desarrollo en la región.

Sin embargo, la efectividad del MAPI enfrenta desafíos estructurales graves. La presencia de organizaciones criminales en la región, la presión de intereses extractivos y la falta de recursos financieros y logísticos claros para implementar sus acciones limitan su capacidad de acción. Los pueblos indígenas podrían encontrarse en una situación paradójica: con voz formal en la gobernanza, pero con pocas herramientas reales para influir en decisiones que afectan directamente sus tierras, sus medios de subsistencia y la preservación de la biodiversidad amazónica.

Declaración de Bogotá y Fondo Bosques Tropicales para Siempre

La Declaración de Bogotá, adoptada durante la Cumbre Amazónica 2025, reafirmó compromisos políticos para proteger la Amazonía y anunció la creación del Fondo Bosques Tropicales para Siempre, destinado a financiar iniciativas de conservación en la región. Este fondo representa un esfuerzo por movilizar recursos económicos para proteger millones de hectáreas de selva tropical, preservar la biodiversidad y apoyar a comunidades locales y pueblos indígenas en la gestión sostenible de sus territorios.

Sin embargo, la efectividad de estos compromisos se ve limitada por la ausencia de plazos claros, indicadores de seguimiento y mecanismos de control. En un contexto donde la Amazonía enfrenta presiones constantes de extractivismo petrolero y minero, así como la acción de organizaciones criminales que explotan ilegalmente los recursos naturales, los compromisos declarativos corren el riesgo de quedarse en papel.

El Fondo y la declaración, aunque positivos en términos de visibilidad política, no garantizan por sí solos una protección efectiva, dejando en evidencia que la Amazonía continúa siendo una región vulnerable, donde los compromisos internacionales deben ir acompañados de supervisión rigurosa, financiación transparente y coordinación real entre los países amazónicos para traducir las palabras en acciones concretas.

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La Cumbre Amazónica 2025 dejó en evidencia la complejidad de proteger la región más biodiversa del planeta. A pesar de avances como la creación del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI) y el lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre, la imposibilidad de prohibir la explotación de combustibles fósiles y la amenaza de 17 organizaciones criminales muestran que la Amazonía sigue atrapada entre intereses económicos, extractivismo y crimen organizado.

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la urgencia de impulsar una bioeconomía y coordinar esfuerzos regionales muestran una voluntad política parcial. En la práctica, su propuesta de crear una fuerza militar especial estadounidense para proteger la Amazonía genera cuestionamientos sobre el enfoque real hacia la conservación y la autonomía de la región. Por otra parte, los compromisos adoptados en la Cumbre carecen de mecanismos claros de seguimiento y financiamiento efectivo, lo que deja la protección de la selva aún pendiente de acciones concretas y de cooperación real entre los países amazónicos.

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