El Congreso fijó en $634,9 billones el presupuesto de 2027: los colombianos pagarán $68,4 billones más en deuda que en inversión
La votación fue de 64 a 18, de acuerdo con la prensa y sin acta oficial. El articulado debe superar el primer debate antes del 25 de septiembre.
Las comisiones económicas conjuntas fijaron el monto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Aprobaron el mismo techo presentado por el Ejecutivo, pero aún no aprobaron el presupuesto.
La mayoría rechazó la alternativa del Pacto Histórico, que buscaba reducir ese límite al considerar que las cuentas carecen de sustento técnico y fiscal.
La decisión mantiene el contraste central: las obligaciones financieras recibirían bastante más dinero que los programas y proyectos públicos.
Ahora siguen la discusión inicial del articulado y las votaciones de las plenarias de Senado y Cámara. Si la ley no se expide oportunamente, opera una salida constitucional distinta de la repetición presupuestal.
¿Qué aprobaron las comisiones económicas este 14 de septiembre?
Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara fijaron el monto en $634.952.040.871.099. Esas cuatro células legislativas, reunidas como comisiones económicas conjuntas, respaldaron la proposición mayoritaria de la Cámara de Representantes aprobada el 14 de septiembre de 2026 para los proyectos 152/2026 Cámara y 111/2026 Senado.
También negaron la proposición del Pacto Histórico radicada y negada el 14 de septiembre de 2026, que planteaba $596.787.386.640.980. La diferencia era de $38,2 billones.
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Su argumento fue que la iniciativa «carece de sustentación técnica y fiscal en cuanto a las apropiaciones de gasto de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión pública» y que los aforos tienen «imprecisiones frente a la proyección de recaudo tributario e ingresos por recursos de crédito».
La Cámara de Representantes reúne las proposiciones y constancias en la página oficial del proyecto para la vigencia fiscal de 2027. La primera sesión, el 2 de septiembre, se levantó por la ausencia de los ministros citados.
El Espectador, en su nota del 14 de septiembre de 2026 publicada a las 5:23 p. m., informó una votación total de 64-18, sin acta oficial disponible al corte: Cuarta de Cámara, 22-6; Tercera de Cámara, 22-5; Tercera de Senado, 9-3; y Cuarta de Senado, 11-4.
El mismo medio atribuyó al ministro Miguel Gómez Martínez esta frase: «Este no es el presupuesto con el que hubiésemos querido iniciar el mandato, pero es el que podemos permitirnos dadas las condiciones en las que está la economía nacional».
Alexander Bermúdez, presidente de la Cuarta de Cámara, dijo: «Esperamos que el Gobierno se ajuste el cinturón».
La cuenta del Ministerio de Hacienda publicó en X a las 6:01 p. m.: «Gracias por este respaldo. El Congreso está demostrando que entiende la magnitud del problema que estamos enfrentando».
¿De cuánto es el presupuesto de 2027?
El monto es de $634,9 billones, según los comentarios del Banco de la República del 1 de septiembre de 2026. Un billón es un millón de millones. Frente a la apropiación vigente de 2026 —lo autorizado hoy para gastar—, de $555,8 billones, sube 14,2 %; frente al inicial de $546,975 billones, aumenta 16,1 %.
¿En qué se va esa plata?
El funcionamiento concentra la mayor parte del proyecto; después aparecen el pago de obligaciones financieras y la inversión pública. La distribución diferencia los gastos que mantienen operando al Estado, el servicio de sus compromisos crediticios y los recursos dirigidos a programas y proyectos.
| Destino | Monto | Porcentaje |
|---|---|---|
| Funcionamiento | $392,6 billones | 61,8 % |
| Servicio de la deuda | $155,4 billones | 24,5 % |
| Inversión | $87 billones | 13,7 % |
Los sectores con mayores asignaciones son Educación, con $78,70 billones; Salud, con $77,05 billones; y Trabajo, con $58,80 billones, de acuerdo con la distribución por carteras publicada por Infobae el 28 de agosto de 2026.
¿Cuánto se pagaría de deuda frente a la inversión?
El servicio de las obligaciones financieras supera los recursos para proyectos públicos por $68,4 billones: se pagarían $1,79 por cada peso invertido. El cálculo de Más Colombia compara los dos componentes de la distribución publicada por el banco central y muestra el peso relativo de cada uno.
El contraste no significa que el dinero destinado a los acreedores sea inversión aplazada. Tampoco convierte la distribución propuesta en una autorización definitiva: la decisión adoptada fijó el límite global y el articulado continúa en discusión.
¿Qué falta y qué plazos corren?
El primer debate debe terminar antes del 25 de septiembre, las plenarias pueden discutir la iniciativa desde el 1 de octubre y la ley debe expedirse antes de la medianoche del 20 de octubre. Así lo ordenan los artículos 56 y 59 del Decreto 111 de 1996 publicado por Función Pública.
El primer debate es la discusión inicial conjunta en esas cuatro comisiones e incluye el articulado, es decir, las reglas que acompañan las partidas. Después, cada cámara decide en sesión plenaria.
Si el Congreso no expide la ley dentro del término, rige mediante decreto con fuerza material de ley el proyecto presentado, con las modificaciones aprobadas en la discusión inicial. Esa figura permite al Ejecutivo dictar una norma con efectos legales.
No es una repetición presupuestal. La Sentencia C-1645 de 2000 de la Corte Constitucional dejó sin efecto la regla que extendía la repetición a este caso; esta última aplica cuando el proyecto no se presenta dentro del plazo.
¿Hay plata para la reconstrucción del terremoto?
La cartera de Vivienda pidió elevar a $4 billones su presupuesto total, no sumar esa cantidad como partida adicional. El proyecto contempla cerca de $700.000 millones para el sector, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Vivienda del 2 de septiembre de 2026 sobre la reconstrucción.
La solicitud requiere respaldo legislativo y no corresponde a dinero ya incluido o aprobado. Por eso, el planteamiento no garantiza por sí mismo recursos para las obras.
¿El presupuesto está desfinanciado?
En sentido contable, el proyecto ya no depende de una reforma tributaria ni de ingresos inexistentes. Esas entradas fueron sustituidas por recursos de capital y de crédito, como expone el comunicado del Ministerio de Hacienda del 27 de agosto de 2026, pero el desequilibrio fiscal de fondo persiste.
Sin medidas adicionales, el déficit proyectado llegaría al 9,4 % del producto interno bruto (PIB), el valor de lo producido por la economía. Una ley de ajuste basada en recortes buscaría reducirlo en unos 2,2 puntos, como explicó la nota de Más Colombia sobre el déficit publicada el 1 de septiembre de 2026.
El llamado «sinceramiento» retiró $30,2 billones de recaudo que dependían de una reforma pendiente y reconoció obligaciones subestimadas en pensiones, salud, nómina y combustibles, además de mayores vencimientos. No es una categoría jurídica ni prueba que alguien ocultara cifras deliberadamente.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en su Informe Semanal 1718 del 31 de agosto de 2026, calculó necesidades brutas de financiamiento por $266,3 billones y sostuvo que haría falta una ley de ajuste cercana a $45 billones. El banco central advirtió que aún se requiere un plan de racionalización del gasto.
¿Qué ha dicho el árbitro fiscal?
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), organismo técnico que vigila las reglas fiscales, no se había pronunciado sobre la versión revisada al 2 de septiembre. Su Comunicado 33 del 10 de agosto de 2026 evaluó la propuesta anterior, de $575,7 billones, y pidió ajustes para asegurar la sostenibilidad fiscal.
Ese concepto no puede trasladarse automáticamente a la versión actual porque examinó una base distinta.
La discusión legislativa continúa sobre el monto fijado y la distribución propuesta.
