Las políticas públicas de economía popular avanzan, pero a paso lento
Aunque no se conoce con certeza cuántas unidades de economía popular existen, se viene avanzando en temas de financiamiento, de infraestructura y de las condiciones de vida. Hay preocupación porque el proceso va lento.
El fortalecimiento de la economía popular es uno de los pilares de la política de Gustavo Petro. Lo que cobija todas las ocupaciones “desarrolladas por unidades económicas de baja escala”, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Si bien se han reportado avances en materia de financiación, infraestructura y en el apoyo técnico del Estado, actores como los microempresarios piden acelerar las acciones.
Le puede interesar: ADRES adjudica licitación pública para agilizar pagos de cuentas médicas en hospitales
No se conoce cuántas personas hacen parte de la economía popular
Un primer inconveniente para desarrollar políticas en favor de la economía popular es que no se conoce con certeza cuántas personas hacen parte de la misma y ni siquiera hay claridad sobre cuál es su definición.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció que en 2024 realizarán un censo económico urbano en el cual se incluirá la economía popular.
El censo dará un panorama más cercano de la realidad, pero tampoco registrará el total de la economía popular, pues solo se hará en las zonas urbanas y “las unidades económicas ubicadas en sectores rurales no se contarán”, según informó el DANE.
Ante la falta de estadísticas consolidadas, y para empezar a caracterizar el problema, el DNP maneja tres datos:
- En 2023, la economía popular en Colombia estuvo compuesta por 5,1 millones de micronegocios, que ocuparon a 6,9 millones de personas
- El 69% de los micro negocios pertenecen a personas vulnerables o pobres
- El 37,9% de los micro negocios fueron creados por no contar con fuentes de empleo.
Apoyos financieros para la economía popular
El Gobierno lanzó el programa CREO, destinado a darle financiamiento a las unidades productivas de la economía popular.
El programa será impulsado por los ministerios de Hacienda, de Comercio y de Agricultura y por las entidades que conforman el Grupo Bicentenario.
De esta manera, se espera que las empresas transiten hacia la formalidad y eviten tomar préstamos ilegales. Según Asobancaria, en la actualidad el 25% de las microempresas hacen préstamos con gota a gota.
Según la información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el programa CREO se espera tener, para finales del 2023, $132.000 millones de pesos disponibles para créditos a los pequeños productores.
La banca privada también viene trabajando paralelamente por la economía popular. Según Asobancaria, en 2023 han entregado 114.000 créditos para las unidades productivas de baja escala. Sin embargo, el presidente de Asobancaria, Jhonatan Malagón, aseguró que el ritmo del avance todavía es muy lento y, de continuar a esa velocidad, todas las unidades de la economía popular podrían ser abarcadas hasta el 2050.
Apoyos estructurales para la economía popular
Además de los temas financieros, hay otros apoyos estructurales a la economía popular.
En primer lugar está la creación de los centros de reindustrialización Zasca, destinados a fortalecer las mipymes. Según el Ministerio de Comercio, al finalizar el 2023 habrá 10 centros Zasca. La meta para 2024 es tener 74 centros en operación.
En cuanto al tema de infraestructura, se está trabajando en arreglar las vías terciarias con ayuda de las comunidades. En 2023 se recibieron 23.000 postulaciones de las juntas de acción comunal para hacer mejoras, según INVIAS. Además, se han firmado 900 convenios y la meta es cerrar el año con 1014 convenios solidarios. Hay 110 proyectos en ejecución que representan 260 km de vías.
Otro punto crucial es el acceso al agua, toda vez que el 40% de la población rural depende de acueductos comunitarios, según la información del Ministerio de Vivienda. En Colombia, hay 12.000 organizaciones comunitarias de agua.
En el 2023 el Ministerio de Vivienda viene trabajando con 286 organizaciones para apoyarlas técnica y económicamente. Todas ellas estrechamente ligadas con la economía popular. Se espera cerrar el año con 300 organizaciones comunitarias, según el mismo ministerio.
Para garantizar el acceso a la energía, el Ministerio de Minas viene dándole suministro fotovoltaico a 20.000 tenderos. También se está apoyando la constitución de 21 empresas comunitarias de generación y distribución de energía, según la información del Ministerio de Minas.
Le puede interesar también: Sin acuerdo en el salario mínimo 2024, cierra la mesa de negociación
Apoyos a las condiciones de vida de quienes hacen parte de la economía popular
Un punto importante son las condiciones de vivienda de quienes hacen parte de la economía popular.
En Colombia hay un déficit cualitativo de vivienda de 4 millones de hogares, lo que quiere decir que la vivienda de esos hogares no está en condiciones óptimas para su habitabilidad y requieren ser modificaciones.
Muchas de esas viviendas fueron construidas por los propios dueños, explica Manuela Miranda, funcionaria del Ministerio de Vivienda. De ahí que el Ministerio creara la modalidad “comunitaria” para el mejoramiento de las viviendas.
La meta para el 2023 de las intervenciones comunitarias de vivienda es de 10.000 arreglos. El propósito es llegar a 130.000 durante todo el mandato del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con Miranda.
Por el momento, el gobierno está trabajando con 421 organizaciones sociales como las juntas de acción comunal, asociaciones populares de vivienda y asociaciones de albañiles, maestros de obra y pequeños constructores, entre otras.
Los avances en el fortalecimiento a la economía popular van lentos
Aunque se viene avanzando en temas de la economía popular, hay preocupaciones por la lentitud y la disparidad del proceso. Para el representante a la Cámara David Racero, “el balance es variopinto: algunas entidades todavía se encuentran en el proceso de planeación, otras entidades están haciendo los ajustes institucionales internos y otras ya están ejecutando”.
Alejandra Osorio, directora de ACOPI Bogotá, llama la atención sobre los tiempos. Según ella, “el Gobierno se está quedando corto en la ejecución de todos esos planes y programas”. Así que “se les está haciendo tarde para hacer la tarea. Ya llevamos año y medio de gobierno y falta mucho por cumplir”, concluyó Osorio.
