Cada cuatro años, el campo colombiano experimenta una parálisis inducida. Mientras las ciudades debaten la transición de gobierno en salones de empalme, en la ruralidad las decisiones de inversión, crédito y siembra se congelan. La transición política actual llega acompañada de una pesada incertidumbre: tras un periodo caracterizado por la fragmentación institucional, un alejamiento del Ministerio de Agricultura de los gremios y la falta de una hoja de ruta técnica clara para la productividad rural, el nuevo gobierno se enfrenta a la tentación —y al enorme riesgo— de comenzar prácticamente desde cero.

El sector agropecuario representa más del 10% del PIB nacional y genera cerca de 4,9 millones de empleos rurales. Según cifras de la UPRA y el DANE, la frontera agrícola cosechada ronda los 5,6 millones de hectáreas, un motor económico que superó los 10.000 millones de dólares en exportaciones agropecuarias, impulsado por rubros tradicionales y agroindustriales como el café, la palma y el banano. Sin embargo, esta aparente bonanza de divisas enmascara una fragilidad estructural: Colombia continúa dependiendo fuertemente de la importación de alimentos, materias primas forestales y de insumos clave (fertilizantes y agroquímicos), cuyas compras superan anualmente los 10.000 millones de dólares. En la práctica, el agro exporta con éxito el esfuerzo de sus suelos, pero sigue estando expuesto a la volatilidad de precios globales y a una balanza que evidencia lo mucho que le cuesta al país lograr una auténtica soberanía alimentaria y productiva sin apoyos reales.

El primer reto del gobierno entrante radica en recomponer la interlocución institucional con los gremios agropecuarios. Durante años, la relación entre el Estado y el sector privado rural osciló entre la desconfianza ideológica y el pragmatismo estéril. Los gremios productivos, desde los cafeteros y palmicultores hasta los caucheros, arroceros y ganaderos, no son actores antagónicos del desarrollo rural; son la infraestructura técnica, de asistencia y comercialización más sólida del país. Un empalme traumático que prescinda de la experiencia gremial solo garantizará retrasos en la ejecución presupuestal y programas de fomento desconectados de las dinámicas del mercado real, tal y como le ocurrió al actual gobierno.

A esta fragilidad institucional se suma el deterioro crítico del orden público. En amplias zonas del Catatumbo, el Bajo Cauca, el Pacífico, el Caquetá y la Orinoquía, los productores rurales (pequeños y grandes) enfrentan la extorsión sistemática, el confinamiento y el control territorial de actores armados ilegales.

Esta crisis de seguridad se entrelaza de forma directa con el avance descontrolado de la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. La minería criminal destruye miles de hectáreas de bosques y cuencas hidrográficas, mientras distorsiona las economías locales al competir deslealmente con la mano de obra agrícola. Por su parte, la sustitución de cultivos no puede seguir abordándose bajo esquemas asistencialistas de corto plazo. Reemplazar la coca exige una oferta productiva legal con rentabilidad garantizada, vías terciarias transitables y crédito accesible, componentes que hasta hoy no han logrado consolidar un modelo autosostenible en el territorio.

Es precisamente allí donde los cultivos permanentes tropicales, como la palma de aceite, el café, el cacao y, de forma emblemática, el caucho natural, cobran una relevancia estratégica que ningún plan de gobierno debería ignorar. El caucho natural representa el ejemplo perfecto de reconversión productiva: un cultivo agroforestal que ya supera las 70.000 hectáreas sembradas en el país (el 95% en manos de pequeños productores) y que ha logrado erradicar e integrar exitosamente más de 25.000 hectáreas antes dedicadas a la coca en departamentos golpeados por el conflicto como Caquetá, Meta, Antioquia, Guaviare, Córdoba, Chocó y Santander.

Estos renglones productivos actúan como verdaderos anclajes de sostenibilidad para el país y expresan de manera real conceptos que para otros sectores son todavía  un marco teórico.

Sostenibilidad social: El cultivo de caucho garantiza ingresos regulares durante más de 30 o 40 años mediante el rayado periódico del árbol, ofreciendo estabilidad laboral continua al campesino e incentivando la formalización del empleo rural para alejarlo de las economías ilícitas.

Sostenibilidad ambiental: Al ser una especie forestal endémica de nuestro bosque amazónico, las plantaciones de caucho cumplen una función vital de reforestación comercial, captura intensiva de carbono, protección de cuencas hidrográficas y mitigación de la minería ilegal mediante la recuperación biológica de suelos degradados.

Sostenibilidad económica y sustitución de importaciones: La agroindustria colombiana absorbe internamente esta materia prima y exporta caucho técnicamente especificado y derivados a más de 15 países, reduciendo gradualmente la dependencia de las importaciones asiáticas de caucho sintético y natural.

El agro colombiano no soporta más confusiones, ni discursos políticos incompletos, ni giros de 180 grados cada cuatro años. La transición política debe asumir que la seguridad alimentaria, la productividad de los cultivos permanentes tropicales, la paz territorial y la transición ecológica no se construyen decretando el fin del pasado, sino articulando el saber técnico de los gremios, garantizando el monopolio legítimo de la fuerza en los territorios y apostándole a cultivos de largo aliento que fijen al campesino a su tierra con dignidad. El nuevo gobierno no necesita inventar la rueda; necesita, simplemente, dejar de frenar la carreta y ponerla a caminar a una buena velocidad.

Le puede interesar: La tierra sin futuro: el vacío productivo y ambiental de la reforma agraria