¿Quién manda en Ecopetrol? Petro sostiene a Ricardo Roa a pesar del deterioro reputacional
La Fiscalía imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias.
La imputación de cargos contra Ricardo Roa por parte de la Fiscalía se suma a una cadena de episodios que han golpeado la reputación, la gobernanza y la estrategia de Ecopetrol durante el actual gobierno.
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El proceso judicial avanza, mientras se acumulan los cuestionamientos sobre la conducción de la empresa y de decisiones del Ejecutivo que han tenido impactos económicos y reputacionales directos sobre la petrolera más importante del país.
A ello se añade el costo que Ecopetrol ha asumido por una política energética abiertamente adversa a los hidrocarburos, que ha reconfigurado su misión y su portafolio. La compra de activos de energías renovables con baja rentabilidad, la suspensión de nuevos proyectos de exploración y la salida forzada del negocio de CrownRock, han marcado un periodo en el que la empresa aparece cada vez más expuesta a decisiones políticas.
Ricardo Roa y su llegada a Ecopetrol
Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol en 2023. Su relación con Gustavo Petro se remonta a la Alcaldía de Bogotá, cuando Roa ocupó cargos de alta responsabilidad en el sector energético distrital.
Luego en 2022, fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, un rol clave en la articulación política del Pacto Histórico.
Tras la salida de Felipe Bayón, el nombre de Roa empezó a sonar con fuerza desde comienzos de 2023. Para el proceso de selección, la junta directiva contrató a la firma Heidrick & Struggles, especializada en búsqueda de altos ejecutivos, la cual evaluó varios perfiles y presentó una terna.
Finalmente, el 11 de abril de 2023, la junta anunció la designación de Roa como presidente de la compañía.
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Los procesos que enfrenta Ricardo Roa
La Fiscalía General de la Nación anunció la formulación de imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en dos procesos distintos relacionados con su actuación como gerente de campaña presidencial y con negocios personales realizados después de las elecciones de 2022.
Las investigaciones no están vinculadas a su gestión directa al frente de Ecopetrol, pero sí tienen un impacto institucional y reputacional para la compañía, dado su rol actual como máximo directivo.
Violación de topes de financiación electoral
El primer proceso se deriva de la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la que Roa se desempeñó como gerente. De acuerdo con las conclusiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña habría excedido los topes de gasto permitidos por la ley.
Según el CNE, el exceso superó los 3.500 millones de pesos, aunque otras fuentes del mismo organismo han señalado que la cifra podría ascender a más de 5.355 millones de pesos, sumando la primera y la segunda vuelta electoral. En su calidad de gerente de campaña, Roa era el responsable administrativo de autorizar gastos, suscribir contratos y reportar la información contable, razón por la cual el CNE le atribuyó responsabilidad solidaria por las infracciones detectadas.
Este hallazgo sirvió como uno de los fundamentos para que la Fiscalía avanzara en la imputación por el presunto delito de violación de los topes de financiación electoral.
Tráfico de influencias y negocios personales
El segundo proceso está relacionado con presuntas irregularidades en la adquisición de un apartamento de alto valor en el norte de Bogotá, identificado como el inmueble 901, comprado en diciembre de 2022 por un valor aproximado de 1.800 millones de pesos.
La Fiscalía investiga si en esta transacción existieron vínculos indebidos con contratistas del sector energético y si Roa habría utilizado su posición para favorecer intereses particulares. En particular, se indaga la compra del inmueble a una firma vinculada al inversionista Serafino Iacono, con intereses en el sector energético, así como la intermediación en los pagos a través de una empresa del coronel (r) Juan Guillermo Mancera.
Uno de los puntos bajo análisis es si estas relaciones tuvieron algún nexo con beneficios contractuales posteriores. En ese contexto, la investigación menciona que una empresa vinculada a Iacono recibió en 2024 derechos sobre el bloque estratégico Sinú 9, lo que llevó a la Fiscalía a evaluar la posible configuración del delito de tráfico de influencias.
Decisiones estratégicas bajo presión política
Paralelo a los escándalos, Ecopetrol ha enfrentado un giro estratégico alineado con la política energética del Gobierno. La suspensión de nuevos proyectos de exploración, clave para la reposición de reservas, ha generado alertas sobre la sostenibilidad de la producción futura. A esto se suma la adquisición de activos de energías renovables que el sector privado había descartado por su baja rentabilidad, trasladando riesgos financieros a la petrolera estatal.
Uno de los episodios más sensibles fue la salida de Ecopetrol del negocio de CrownRock en Estados Unidos. La decisión habría estado precedida por presiones directas del presidente Petro, lo que llevó a la renuncia de los ex miembros de junta Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta.
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El impacto sobre Ecopetrol
Desde 2023, Ecopetrol ha experimentado un deterioro de su desempeño financiero, su valor en el mercado bursátil, su gobernanza interna y su dirección estratégica. Este proceso ha encendido alertas no solo en el sector energético, sino también sobre la estabilidad macroeconómica del país, dada la relevancia fiscal y productiva de la compañía.
Caída en el desempeño financiero
Los resultados financieros muestran una tendencia descendente sostenida. La utilidad neta de Ecopetrol cayó de 19,1 billones de pesos en 2023 a 14,9 billones en 2024, una reducción significativa que se profundizó en 2025. Solo en el segundo trimestre de ese año, las utilidades disminuyeron 46% frente al mismo periodo del año anterior.
A este comportamiento se suma el aumento del denominado “umbral del dolor”, es decir, el precio mínimo del barril requerido para que la producción sea rentable. Entre 2022 y 2024, ese umbral pasó de 31 a 49 dólares, lo que obligó al cierre de campos que dejaron de ser económicamente viables y redujo el margen operativo de la empresa.
Desvalorización bursátil y castigo del mercado
El deterioro también se refleja con claridad en el mercado de capitales. Entre marzo de 2022 y marzo de 2025, la acción de Ecopetrol perdió 41% de su valor, y solo en 2024 la caída fue del 24%. En el mismo periodo, Petrobras logró una valorización de 15,6%.
El castigo del mercado estuvo acompañado de ajustes en la percepción de riesgo. Firmas como JP Morgan y Fitch Ratings redujeron la calificación de Ecopetrol entre 2024 y 2025, citando preocupaciones por la falta de independencia administrativa y por decisiones estratégicas consideradas adversas al núcleo del negocio petrolero.
Crisis de gobernanza y daño reputacional
El frente de gobernanza ha sido uno de los más golpeados. A las imputaciones de cargos contra Ricardo Roa por violación de topes de financiación electoral y presunto tráfico de influencias, se sumaron otros episodios que profundizaron el deterioro reputacional.
Uno de los más sensibles fue el escándalo de las llamadas “chuzadas” internas, tras revelarse la retención técnica de comunicaciones de más de 70 altos ejecutivos. El hecho fue percibido internamente como una forma de interceptación irregular y derivó en la renuncia de miembros de la junta directiva, entre ellos Mónica de Greiff.
A esto se agregaron las salidas de integrantes independientes como Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, quienes manifestaron su desacuerdo con la interferencia del Gobierno Nacional en decisiones técnicas de la empresa.
Giro estratégico y decisiones polémicas
En paralelo, analistas y accionistas minoritarios han cuestionado el giro estratégico impuesto durante el actual gobierno. Por decisión directa del presidente Gustavo Petro, se frenaron proyectos considerados clave para la producción. Entre ellos, la salida de la operación de CrownRock y la cancelación de la alianza con Occidental Petroleum (Oxy) en Estados Unidos, un negocio que aportaba cerca del 12% de la producción total de Ecopetrol.
Al mismo tiempo, la compañía destinó millones de dólares a la compra de proyectos de energías renovables (como el parque eólico Windpeshi) que habían sido abandonados por inversionistas privados debido a su inviabilidad económica o a conflictos sociales. Estas decisiones trasladaron a Ecopetrol riesgos que el sector privado había decidido no asumir.
El freno a la exploración de nuevos yacimientos completa el panorama. La política de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas ha puesto en riesgo la reposición de reservas, que hoy cubren menos de seis años, reabriendo el debate sobre la soberanía energética del país.
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