Global Witness contó 39 defensores del territorio asesinados en Colombia en 2025, la mitad indígenas: el Cauca puso 13 víctimas
Colombia fue por cuarto año consecutivo el país con más defensores del territorio asesinados, según Global Witness. Los 39 casos de 2025 bajaron frente a 48 de 2024 y 79 de 2023, pero la ONG advierte que su registro subestima la violencia.
Colombia encabezó el registro mundial de 2025 con 39 asesinatos vinculados a la defensa territorial y ambiental. Así lo documentó Global Witness, organización no gubernamental internacional, en su comunicado del 16 de septiembre de 2026; no es una cifra oficial ni abarca todos los liderazgos sociales asesinados.
El conteo exige un vínculo comprobable con la defensa pacífica de la tierra o el ambiente. El informe «Poder colectivo», publicado por la organización el 16 de septiembre de 2026, entiende por persona defensora del territorio y el ambiente a quien protege esos derechos individual o colectivamente.
La cifra anual incluye asesinatos confirmados, pero no desapariciones forzadas de larga duración. La metodología de la ONG, consultada el 20 de septiembre de 2026, exige identidad, fecha, lugar, violencia y un nexo razonable documentado con esa labor.
¿Cuántos fueron y dónde los mataron?
El Cauca concentró 13 asesinatos y fue el principal foco territorial del país. Nariño y Putumayo registraron tres cada uno. La concentración caucana se cruza con la disputa por la tierra, la presencia de grupos armados y las economías ilícitas descritas para ese departamento.
Casi la mitad de las víctimas colombianas eran indígenas y otras 15 eran campesinas. Hubo seis integrantes de la guardia indígena, estructura comunitaria civil y no armada que protege territorio y comunidad: cinco nasa y una awá.
Édgar Tumiñá Gembuel fue asesinado en Toribío el 1 de marzo de 2025. El comunicado del 2 de marzo de 2025 del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización de pueblos indígenas del departamento, lo identificó como kiwe thegna o guardia nasa.
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En 35 muertes hubo relación con conflictos por la tierra. Otras asociaciones fueron presuntas: 17 con crimen organizado y cinco con asesinos a sueldo. Las categorías pueden superponerse y no determinan judicialmente la autoría.
¿Por qué Colombia sigue de primera si los casos bajaron?
El país siguió primero porque ningún otro acumuló tantos asesinatos documentados en el año. Fue el cuarto periodo consecutivo en esa posición, aunque su serie descendió frente a los dos años anteriores. Esa reducción pertenece a este conteo específico y no demuestra que toda la violencia contra líderes sociales haya bajado.
| Año | Casos |
|---|---|
| 2023 | 79 |
| 2024 | 48 |
| 2025 | 39 |
| Acumulado 2012-2025 | 548 |
El Cauca acumula 171 casos desde 2012, más que cualquier otro departamento colombiano. El documento lo relaciona con la ruta de cocaína hacia el Pacífico, cultivos de coca quintuplicados en la última década, grupos armados, carteles mexicanos y minería ilegal.
La edición anterior había documentado 146 asesinatos en el mundo durante 2024. El artículo de Más Colombia sobre «Raíces de resistencia», publicado el 17 de septiembre de 2025, cubrió ese balance con el mismo foco ambiental.
¿Por qué la Defensoría e Indepaz dan cifras mucho más altas?
La diferencia nace de universos distintos, no de tres versiones sobre el mismo grupo. La Defensoría del Pueblo, organismo constitucional que protege derechos, registró 177 líderes y personas defensoras en su balance del 24 de junio de 2026; allí caben liderazgos no ambientales.
Indepaz, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y organización no gubernamental, contó 187 líderes sociales asesinados ese año. Su registro de 2024-2026, consultado el 20 de septiembre de 2026, usa una definición más amplia.
Los balances más recientes mantenían cifras altas durante 2026. El primer organismo registró 67 víctimas entre enero y mayo; el segundo, 108 hasta el 11 de septiembre. Sus cortes y poblaciones son diferentes y no deben sumarse.
La Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad estatal encargada de medidas de protección, solo reporta víctimas inscritas en su programa. Estar inscrito tampoco prueba el nexo ambiental requerido por el registro internacional.
¿Cómo está el resto del mundo?
En el mundo fueron documentados 124 asesinatos, de los cuales 105 ocurrieron en América Latina. La región concentró el 85 % y los dos primeros países reunieron el 52 % del total.
| País | Casos |
|---|---|
| Colombia | 39 |
| Brasil | 26 |
| Filipinas | 12 |
| Honduras | 12 |
| México | 10 |
| Guatemala | 8 |
| Perú | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Tanzania | 2 |
| Total mundial | 124 |
Brasil más que duplicó el resultado que había tenido un año antes. Francia, India, Indonesia, República Democrática del Congo y Turquía registraron un caso cada uno, fuera de los diez países de la tabla.
Más de tres cuartas partes de las víctimas eran campesinas, indígenas o afrodescendientes. Hubo 44 personas indígenas, incluidas siete guardias; la distribución fue de 14 mujeres, 109 hombres y una persona no binaria.
Las disputas por la tierra estuvieron asociadas a 84 casos globales. Minería y extractivas se vincularon con 11; tala, con ocho; agroindustria, con seis, e hidroeléctricas, con tres. Más de un tercio se relacionó con crimen organizado o sicarios.
¿Qué le pide el informe a Colombia y qué pasa con Escazú?
La recomendación central es firmar y aplicar la Política Pública Integral de Garantías para la labor de defensa de los derechos humanos. La propuesta pide un enfoque preventivo y colectivo. Es una recomendación al Gobierno, no una decisión adoptada ni una acusación jurídica contra el Estado.
El Acuerdo de Escazú, tratado regional sobre información, participación, justicia ambiental y protección de defensores, rige para Colombia desde el 24 de diciembre de 2024. La página del Ministerio de Ambiente sobre el acuerdo, consultada el 20 de septiembre de 2026, recoge la Ley 2273 de 2022 y la Sentencia C-359 de 2024.
Colombia depositó la ratificación el 25 de septiembre de 2024. La cuarta Conferencia de las Partes (COP4), reunión de los Estados del tratado, se celebró del 21 al 24 de abril de 2026 en Nassau, Bahamas; el país quedó en la vicepresidencia de la Mesa Directiva.
La petición regional es acelerar la aplicación del artículo 9 y del plan de acción para proteger a quienes defienden el ambiente. La vigencia jurídica del tratado no equivale por sí sola a ejecutar todas sus obligaciones.
Al 20 de septiembre de 2026 no se había identificado una reacción pública del Gobierno colombiano a esta edición. Tampoco se halló pronunciamiento de la oficina de las Naciones Unidas en Colombia; las respuestas oficiales conocidas corresponden al informe anterior.
El propio registro reconoce que está incompleto y probablemente subestima la violencia real. La falta de información y los riesgos en terreno pueden dejar casos fuera; una reducción en la serie documentada no basta para afirmar que disminuyó el peligro.
