Impuestos saludables: el éxito recaudatorio que no le basta al gobierno Petro para cumplir la regla fiscal
La reforma tributaria de 2022, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, introdujo en Colombia los denominados impuestos saludables. Estos gravámenes sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados fueron concebidos con el propósito de mitigar el impacto negativo de dichos productos en la salud pública. Sin embargo, hasta el momento los impactos se han dado en el recaudo fiscal, y así lo demuestran los datos.
A continuación, le contamos sobre la importancia actual de este impuesto para el recaudo fiscal, y analizamos si el impacto socioeconómico de su aplicación justifica la efectividad real en la modificación de hábitos de consumo y el objetivo de mejorar la salud pública.
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Millones para el Estado: la dura realidad del recaudo fiscal
Las cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) revelan un recaudo significativo y creciente por estos impuestos. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el total recaudado asciende a $4,48 billones de pesos. Este monto representa aproximadamente el 1.1% del recaudo tributario total nacional en el mismo periodo.
El desglose de estas cifras muestra que los impuestos a los comestibles ultraprocesados son los principales aportantes, generando $3,7 billones. Las bebidas azucaradas, por su parte, aportaron $776.649 millones.
El dinamismo de estos impuestos se evidencia en el crecimiento del recaudo anual. Entre enero y mayo de 2025, el recaudo por impuestos saludables creció un 24.9% en términos corrientes respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de $1.28 billones a $1.6 billones.
Específicamente, el recaudo por alimentos ultraprocesados creció un 20.3%, mientras que el de bebidas azucaradas experimentó un notable incremento del 54.2%. Este aumento sostenido demuestra la efectividad de estos gravámenes para engrosar las arcas del Estado.
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¿Salud pública o simplemente más dinero? El dilema de los impuestos saludables
A pesar del éxito en el recaudo, la implementación de estos impuestos ha generado serias preocupaciones sobre su impacto socioeconómico y su efectividad real en la modificación de hábitos de consumo. Para Miguel Angel Rodríguez, investigador de Cedetrabajo, la evidencia preliminar muestra que los impuestos saludables han reforzado la regresividad del sistema tributario colombiano, pues ampliaron el recaudo sobre la base de un impuesto indirecto.
De acuerdo con Rodríguez, la carga de estos gravámenes recae desproporcionadamente sobre los hogares de menores ingresos, quienes destinan una mayor proporción de su presupuesto a la adquisición de alimentos y bebidas, incluyendo los productos ultraprocesados que suelen ser opciones más económicas. Esta situación agrava la desigualdad, ya que son precisamente las familias más vulnerables las que sienten con mayor fuerza el peso de estos impuestos en su canasta básica.
Gremios como FENALCO han alertado sobre la afectación a pequeños comerciantes y tiendas de barrio, que han reportado caídas en sus ingresos de entre el 10% y el 15%, comprometiendo su sostenibilidad. Para muchos de estos negocios, la disminución en las ventas de productos gravados representa un duro golpe a su ya precaria situación económica.
Asimismo, se observa una paradoja en los precios: mientras los ultraprocesados han incrementado sus precios de forma moderada, los alimentos naturales, sin impuestos, han experimentado alzas mucho más significativas, erosionando el poder adquisitivo de los consumidores y potencialmente desincentivando elecciones más saludables. Esta dinámica de precios distorsionada dificulta que los ciudadanos opten por alternativas más sanas, incluso si así lo desearan.
En cuanto al objetivo de salud pública, el impacto en la reducción del consumo está por verse. Aunque se han observado algunas contracciones en el volumen de venta y la frecuencia de compra de ciertos productos ultraprocesados, el cambio generalizado en los hábitos de consumo es limitado.
Según Rodríguez, “en muchos casos, los consumidores optan por marcas más económicas dentro de la misma categoría o las empresas reformulan productos para eludir las tarifas más altas, sin que esto se traduzca necesariamente en un abandono de los alimentos procesados”. Por lo tanto, es prematuro afirmar un impacto significativo en la salud pública a corto plazo. La ciudadanía sigue consumiendo estos productos, aunque en ocasiones lo haga a través de alternativas que evaden la intención original del impuesto.
La insaciable sed fiscal del gobierno Petro
En este contexto, la efectividad de los impuestos saludables como medida de salud pública se ve opacada por su principal función: la de conseguir recursos. En un momento en que Colombia enfrenta una grave situación fiscal, caracterizada por un alto endeudamiento y una caída en las actividades productivas, estos impuestos se han convertido en una fuente de ingreso crucial para el gobierno.
Ante la creciente necesidad de recursos, el gobierno de Petro se verá en la encrucijada de tener que endeudarse aún más o impulsar una nueva reforma tributaria que siga golpeando el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas.
La falta de cumplimiento de la regla fiscal en 2025 subraya la urgencia de encontrar soluciones estructurales a la crisis económica, más allá de la simple imposición de nuevos gravámenes. La ciudadanía y el sector productivo permanecen a la expectativa de las medidas que adoptará el gobierno para enfrentar este desafío fiscal sin asfixiar aún más la economía nacional.
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