¿Están en riesgo los afiliados a la EPS Sanitas?, esto dice un especialista
Desde hace 6 meses, ACEMI ya conocía la intervención que la Supersalud hizo en la tarde de ayer a la EPS Sanitas. Ahora la administración de esta entidad pasará a manos de un interventor por un año. ¿Cuál es el riesgo para los 5,7 millones de afiliados y el personal de la entidad?
Aunque intervención no es liquidación, una parte de la opinión pública expresa su preocupación por una eventual crisis en la atención médica a los más de 5,7 millones de afiliados de la EPS Sanitas, intervenida administrativamente por la Superintendencia de Salud en la tarde de ayer, martes 2 de abril.
La preocupación que despierta el posible cese de actividades de una EPS (Entidad Promotora de Salud) en Colombia no es es un tema menor, ya que millones de colombianos han tenido que sufrir los tropiezos de un sistema de salud permeado por la corrupción, que ha llevado a la liquidación de varias de estas entidades, como sucedió con Saludcoop, Cafesalud y Coomeva, entre los casos más conocidos.
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Los análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en materia de Salud se han presentado desde dos puntos de vista muy antagonistas entre sí, borrando del medio las críticas ajenas a los intereses de las EPS y a los del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Hablamos con el doctor en Salud Pública, Bernardo Useche, quien nos compartió su análisis sobre la situación por la que hoy atraviesan los millones de afiliados a la EPS Sanitas y todo su personal a nivel nacional, así como de las responsabilidades de las EPS para la atención de un derecho fundamental.
El doctor Useche resume la situación: “El problema de fondo es la polarización entre el gobierno Petro y las EPS, que ha llegado a un extremo crítico. Se necesita unidad nacional y participación de todos los actores del sistema de salud para lograr una reforma que mantenga el aseguramiento en salud, pero con EPS debidamente reguladas y supervisadas. Con prevención y atención oportunas y de alta calidad para toda la población”.
¿Era necesaria la intervención administrativa a la EPS Sanitas?
Frente a la incertidumbre de esta intervención, y el futuro de los afiliados a la EPS Sanitas, el doctor Bernardo Useche recuerda que esta intervención ya había sido anunciada meses atrás por ACEMI, por lo menos desde octubre de 2023, debido a los problemas financieros de la EPS Sanitas. ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) es el gremio de las EPS.
Este tipo de intervenciones, las acciones de vigilancia y control a las EPS, por parte de la Supersalud, son absolutamente necesarias, explica el doctor Useche, ya que estas entidades administran recursos públicos.
La pertinencia de estas intervenciones cobra mayor importancia cuando las mismas entidades “han incumplido con los requisitos de patrimonio y liquidez para estar habilitadas”, enfatiza Bernardo Useche, y resalta que son múltiples las quejas y los reclamos de los afiliados a Sanitas por cuenta de la negación de citas oportunas, el aplazamiento de cirugías y otros procedimientos, así como los problemas con la entrega de medicamentos a través de Cruz Verde, señala.
Por su parte, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, hizo un llamado a la tranquilidad de “toda la población, en todo el país, afiliada a esta EPS”, y aseguró que “las funciones de la EPS van a continuar”, por lo que los afiliados “no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático”.
Frente a la experiencia con este tipo de intervenciones en el pasado, el doctor Bernardo señala que “el problema es que la forma como se hacen esas intervenciones desde gobiernos anteriores, procedimientos que han sido continuados por el gobierno de Petro, afectan negativamente a usuarios y prestadores de servicios, así como a la atención de pacientes, hospitales y clínicas, junto con el personal de las EPS y las IPS”, nos explica.
Sin embargo, el doctor Useche no descarta la posibilidad de que los usuarios sigan recibiendo la atención médica de la EPS Sanitas, por lo menos en un inicio. “Predecir si se liquida Sanitas es muy difícil, porque Sanitas es una empresa de Keralty, un grupo internacional poderoso que tiene muchos recursos jurídicos para interponer a su favor”, explica.
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¿Cuál puede ser el riesgo real de la intervención administrativa a la EPS Sanitas?
El estudio titulado The Role of Hospital Networks in Individual Mortality (El rol de las redes hospitalarias en la mortalidad individual) utiliza como caso de estudio la liquidación de la EPS Saludcoop y sus hospitales en 2015.
Uno de los descubrimientos del estudio es que tras la liquidación de una EPS la mortalidad individual aumenta casi un 25%, además del impacto en las redes hospitalarias por una fuerte reducción. Resalta, también, que “tener acceso a redes hospitalarias amplias, aunque sea a través de unas pocas aseguradoras, es mejor para la salud de los pacientes, frente a tener acceso a redes hospitalarias estrechas a través de muchas aseguradoras”.
Cercano a esta línea, el doctor Bernardo Useche dice que las anteriores intervenciones mostraron que, durante la intervención, las deudas de las EPS con los hospitales prescriben sin que la deuda sea saldada, un “problema que se agrava cuando la EPS se liquida. Al no pagarles se golpea financieramente a los hospitales, los cuales dejan de prestar servicios parcial o totalmente a los pacientes”.
La preocupación sobre el futuro de los afiliados a la EPS Sanitas aumenta considerablemente al conocer las experiencias de años atrás. “La norma ha sido que una EPS intervenida termina en liquidación. Los pacientes se trasladan a otra EPS, que generalmente no tiene condiciones para brindarles apropiadamente los servicios de salud que necesitan”, recuerda el doctor en Salud Pública. Además, la situación es más crítica, porque “a los hospitales no se les pagan las deudas”, afirmó.
La medida de la Superintendencia con Sanitas
Sobre las 5:00 p. m. de ayer, 2 de abril, la Supersalud visitó las oficinas administrativas de la EPS Sanitas, con la que notificó a la entidad que pasa a ser administrada por un interventor, designado por la propia superintendencia, es decir una intervención forzosa administrativa a la EPS Sanitas.
Según el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, “La EPS Sanitas no cumplía con los requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado”, razón por la cual ordenó “la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS por tiempo de un año”.
Leal también aseguró que será confirmada una junta asesora para el agente interventor designado por la Supersalud, Duver Vargas Rojas, “algo que nos va a permitir hacer una comunicación entre la aseguradora y los prestadores, todo con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas”, aseguró en la tarde de ayer.
Según el portal Consultor Salud, se conoce que Vargas Rojas fue interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López, subgerente financiero del hospital departamental de Villavicencio y subgerente del hospital San José del Guaviare.
Si bien la experiencia en estas IPS lo acreditan como una autoridad en hospitales municipales, resalta a la luz que la responsabilidad de intervenir la administración de la segunda EPS más grande del país exige más bagaje y dominio, que aseguren la correcta intervención sin afectaciones al sistema.
El gremio de las EPS, ACEMI, rechazó la medida de la Supersalud
Frente a la medida de la Supersalud, ACEMI rechazó la intervención administrativa a la EPS Sanitas y resaltó que la decisión del ente de vigilancia y control “se da en medio de la discusión política de la reforma a la salud y su posible hundimiento”.
Además, aseguró que con la intervención a la EPS Sanitas “ya son 14 millones de colombianos que dependen del Gobierno para su atención en salud y que esperan con diligencia y oportunidad acceder sin interrupciones a los servicios”.
Entretanto, esta intervención a la EPS Sanitas se puede ver como una oportunidad para que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) expongan con claridad y transparencia el destino de los recursos públicos que administran, de modo que no se presenten futuros casos de intervención y liquidación por posibles actos de corrupción.
