Inundaciones en Colombia en 2026, la caja vacía y la emergencia económica hundida
Las inundaciones en Colombia en 2026 se convirtieron en una de las crisis climáticas y humanitarias más graves de los últimos años, con decenas de municipios en alerta roja y cientos de miles de personas afectadas. El impacto no solo revela la intensidad de las lluvias, sino la fragilidad del Estado para prevenir y gestionar el riesgo.
Mientras comunidades enteras permanecen bajo el agua, el Gobierno nacional ha optado por culpar a embalses, a la Corte Constitucional y a decisiones del pasado, reabriendo debates jurídicos como la emergencia económica, en lugar de responder por la ausencia de prevención, planeación y ejecución efectiva desde las entidades a su cargo.
Las inundaciones en Colombia en 2026 no son solo una tragedia climática: son también un espejo de la corrupción y la mala gestión del riesgo durante este gobierno.
La emergencia económica: un debate que llega tarde y con la caja vacía
La insistencia del Gobierno en reactivar la emergencia económica en medio de las inundaciones en Colombia en 2026 responde menos a la excepcionalidad del desastre que a una realidad fiscal inocultable: el Ejecutivo está sin recursos. Tras el hundimiento de la ley de financiamiento a finales de 2025, el Gobierno quedó con un hueco cercano a $16 billones en el Presupuesto de 2026 y sin mayor margen de maniobra en caja.
En ese contexto, la emergencia se ha convertido en un atajo para imponer nuevos impuestos por decreto, utilizando la tragedia climática como justificación política. Los decretos suspendidos por la Corte Constitucional funcionaban, en la práctica, como una reforma tributaria exprés, con aumentos al impuesto al patrimonio, nuevas sobretasas y ampliación del IVA, orientados a recaudar entre $11 y $12 billones, muy por debajo del faltante fiscal estructural.
Diversos analistas coinciden en que el Estado no carecía de herramientas legales para atender la emergencia, sino de recursos disponibles, en parte porque miles de millones destinados a prevención y gestión del riesgo se perdieron en corrupción, especialmente en la UNGRD. Así, más que una respuesta integral a las inundaciones, la emergencia económica aparece como un intento de resolver una crisis fiscal preexistente, trasladando el costo a contribuyentes y consumidores bajo el amparo de la calamidad.
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Petro, los embalses y la búsqueda de culpables
En medio de la emergencia por inundaciones en Colombia en 2026, el presidente Gustavo Petro optó por señalar a los embalses y a las empresas generadoras de energía como responsables de las inundaciones, afirmando que “botan agua” y agravan la crisis.
Este señalamiento reabre un debate técnico complejo, pero desvía la atención del problema central: la gestión del riesgo es responsabilidad directa del Estado, no de las hidroeléctricas.
Además, ninguna acusación ha sido acompañada de pruebas concluyentes que expliquen por qué la tragedia fue mayor en territorios históricamente vulnerables.
Lo que dicen las autoridades técnicas sobre las inundaciones
Las afirmaciones del Ejecutivo sobre las inundaciones en Colombia en 2026 fueron matizadas (y en algunos casos contradichas) por autoridades técnicas. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aseguró que, tras inspecciones en Urrá, no existía riesgo estructural en la presa y que la operación se encontraba bajo control.
Desde el sector energético, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica señaló que los embalses cumplen funciones de regulación hídrica y que los vertimientos se realizan por razones de seguridad. Según el gremio, el embalse de Urrá ha logrado controlar más del 96 % de las crecientes del río Sinú en los últimos 25 años, reduciendo el riesgo de inundaciones mayores.
Por su parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) reconoció que el caudal de ingreso al embalse de Urrá pasó de 500 a más de 2.500 metros cúbicos por segundo en solo 36 horas, lo que obligó a realizar descargas controladas. No obstante, también informó que desde 2020 ha identificado incumplimientos recurrentes en las reglas de operación, hoy bajo revisión técnica.
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El caso UNGRD: corrupción probada y responsabilidad directa
El mayor vacío en la respuesta del Gobierno frente a las inundaciones en Colombia en 2026 es la UNGRD, la entidad que debía prevenir esta tragedia. Las investigaciones señalan que al menos $1,7 billones destinados a gestión del riesgo fueron robados o desviados con contratos irregulares durante el actual gobierno, y la Contraloría ha advertido que, entre sobrecostos y obras inconclusas, el detrimento podría superar los $5 billones.
En el caso aparecen Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y Sneyder Pinilla, y también pesan decisiones judiciales sobre Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda) y Luis Fernando Velasco (exministro del Interior) por su presunta participación en el entramado.
La paradoja es política y territorial: parte de esos recursos eran para obras de mitigación en Córdoba, hoy epicentro de la emergencia, mientras congresistas que han sido mencionados en el escándalo (como Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julio Elías Chagüi y Martha Peralta) hoy aparecen en la discusión pública reclamando recursos.
En la práctica, eso se tradujo en lo más grave: jarillones, drenajes y obras hidráulicas que pudieron reducir el impacto de la creciente del Sinú no estaban listos cuando llegó el agua; la tragedia no fue solo climática, también fue agravada por corrupción y mala gestión del riesgo.
¿Qué está pasando con las inundaciones en Colombia en 2026?
Las inundaciones en Colombia en 2026 están asociadas a lluvias excepcionalmente intensas, frentes fríos inusuales y suelos saturados en amplias zonas del país. El fenómeno de La Niña explica buena parte del aumento de precipitaciones, pero no explica por sí solo la magnitud del desastre.
Eventos extremos como estos habían sido advertidos por autoridades técnicas desde finales de 2025. Aun así, no se reforzaron obras de contención, no se evacuaron zonas críticas a tiempo y no se activaron planes preventivos eficaces, lo que agravó el impacto cuando llegaron las lluvias.
Regiones en alerta roja y expansión territorial de la emergencia
Las inundaciones en Colombia en 2026 afectan simultáneamente varias regiones:
- Caribe colombiano: Córdoba y Sucre concentran la emergencia más severa, con desbordamientos del río Sinú y miles de viviendas afectadas.
- Antioquia y Chocó: crecientes súbitas, aislamiento de municipios y daños en infraestructura vial.
- Pacífico y suroccidente: Cauca y Nariño enfrentan inundaciones rurales y riesgos humanitarios crecientes.
La extensión territorial de la crisis demuestra que no se trata de un evento puntual, sino de una falla sistémica en la preparación del país frente a riesgos previsibles.
Miles de damnificados y una respuesta estatal tardía
El saldo humano de las inundaciones en Colombia en 2026 es devastador. Solo en Córdoba se reportan más de 140.000 damnificados, con pérdidas de vivienda, cultivos y medios de subsistencia.
La respuesta estatal, sin embargo, ha sido reactiva y limitada: ayudas humanitarias parciales, activación tardía de PMU y ausencia de soluciones estructurales. En muchas zonas, las comunidades llevan semanas bajo el agua sin una intervención integral del Gobierno nacional.
¿Lluvias impredecibles o fallas de gestión?
El discurso oficial ha insistido en la “imprevisibilidad” del clima. No obstante, la ciencia climática no respalda esa narrativa. La variabilidad climática es conocida, y los escenarios de lluvias extremas estaban contemplados en los modelos de riesgo.
El problema no fue la lluvia, sino la falta de prevención: ocupación de zonas inundables, abandono de obras hidráulicas y ausencia de inversión sostenida en adaptación climática.
Aunque las lluvias podrían disminuir temporalmente, el riesgo de nuevas inundaciones en Colombia en 2026 sigue alto. Los suelos están saturados y la temporada regular de lluvias apenas comienza.
Sin una reforma profunda a la gestión del riesgo, inversiones reales en prevención y rendición de cuentas por lo ocurrido, Colombia seguirá repitiendo el mismo ciclo: tragedias previsibles, discursos grandilocuentes, corrupción y comunidades abandonadas.
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