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Jóvenes voluntarios en escuelas rurales: crece la polémica por la propuesta del Ministerio de Educación

Las propuestas del Ministerio de Educación siguen generando debate. Además del retiro voluntario de docentes antiguos, el gobierno nacional está proponiendo un programa para que estudiantes de últimos semestres sean maestros voluntarios en las escuelas rurales.
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Pasada la reforma tributaria, con la que se financiará el plan de gobierno para los próximos cuatro años, empieza la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que será presentado ante el Congreso de la República en febrero de este año. 

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Las propuestas en materia educativa han sido objeto de discusión y debate en la población docente. Entre estas sobresalen el programa de retiro voluntario y el de voluntariado en escuelas rurales. De acuerdo con declaraciones de algunos docentes, estas propuestas han sido presentadas por el Ministerio de Educación en los foros educativos y conocidas a través de pronunciamientos publicados en los medios de comunicación, por lo que hasta el momento no se tiene claridad sobre algunos aspectos de ellas.

En esta edición, presentamos lo último que se conoce de la propuesta del Ministerio de Educación para implementar un programa de voluntariado en las escuelas rurales con estudiantes de últimos semestres de pregrado.

Es una oportunidad para la formación de los futuros docentes: rector de la Universidad Pedagógica Nacional

Unas de las voces que se ha mostrado optimista con el programa del Ministerio de Educación es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Álvarez Gallego. En la columna publicada en el diario El Espectador, Álvarez describe la propuesta de vincular a 40 mil estudiantes voluntarios para apoyar a los maestros rurales como un proceso formativo en el que los futuros maestros podrán fortalecer la educación de las zonas rurales, que se vio golpeada con la pandemia. 

“Se trata de una movilización de jóvenes a gran escala, 40 mil estudiantes de los cuales 5 mil participarán en el primer semestre de 2023”, se puede leer en la columna. 

“Seguramente, con la experiencia que genere este Voluntariado, podremos leer, a través de los ojos de nuestros jóvenes universitarios, la inmensa riqueza pedagógica que poseen las prácticas de maestros y maestras que silenciosamente crean e inventan todos los días, en su esfuerzo por despertar la pasión por el conocimiento y poner a disposición de sus estudiantes el mundo”, manifestó en su columna.

El académico explicó que el objetivo de este “ambicioso y audaz programa de voluntariado juvenil” es el de “mitigar el impacto que la pandemia tuvo en el aumento de las llamadas brechas de aprendizaje”. 

De acuerdo con el directivo, los jóvenes que participen en el programa viajarán a distintos municipios del país para apoyar a los maestros en su labor docente “en jornadas escolares y extraescolares, fortalecer la capacidad lectora de los y las estudiantes, crear ambientes de cuidado para el manejo socioemocional, apoyar la gestión administrativa de las Secretarías de Educación y estrechar los vínculos de la comunidad con las instituciones educativas”. 

Álvarez agregó que el programa hará aportes importantes a los estudiantes universitarios en su formación como futuros profesores.

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La propuesta apunta a reducir costos: docente y miembro de la CUT

Por otra parte, hay quienes han dado a conocer sus críticas tanto a la manera de proceder del gobierno como al contenido de sus propuestas. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), a través de su presidente, Carlos Rivas, lamentó que la propuesta de los 40.000 jóvenes voluntarios no haya sido discutida con el magisterio nacional y se mostró interesado en que Fecode participe en la construcción de las políticas que atañen a la educación preescolar, básica y media. 

Por su parte, la profesora del departamento del Cesar y miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Victoria Avendaño, coincidió con Rivas en la necesidad de que la propuesta sea discutida con el magisterio. Asimismo, explicó que desde hace muchos años los maestros normalistas y los licenciados hacen una práctica docente como requisito de grado y para iniciar su carrera docente, por lo que consideró que la propuesta del Ministerio de Educación podría tener “gato encerrado”. 

“La presencia de los estudiantes de licenciatura y de los estudiantes normalistas en las instituciones educativas no es nueva. Todos los que estudiamos en las universidades para ser maestros o en las normales tuvimos que hacer prácticas académicas y pedagógicas en las instituciones educativas, supervisados y orientados por los profesores de las universidades donde estudiamos y por los profesores que eran de planta en las instituciones donde hicimos nuestras prácticas”, aclaró. 

En concreto, la docente expresó dos preocupaciones frente a lo que se conoce de la propuesta del Ministerio de Educación. 

En primer lugar, Avendaño advirtió sobre la posibilidad de que conduzca a una reducción del gasto en educación pública y a una disminución de la planta docente:

“Esta propuesta coincide con el plan de retiro compensado de los maestros y maestras que se rigen por el estatuto 2277, anunciado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, y con las declaraciones del ministro Gaviria sobre el déficit del Sistema General de Participaciones, tanto en 2022 como para 2023. Incluso, el Ministro manifestó que estos recursos no alcanzaron en el 2022 ni siquiera para pagar la totalidad de la nómina, de tal manera que hubo varios entes territoriales que no pagaron completos los salarios del mes de diciembre a sus docentes”.  

En segundo lugar, la docente y miembro del comité ejecutivo de la CUT nacional enfatizó que el gobierno nacional se ha referido a los 40.000 jóvenes que irían a las escuelas rurales como “voluntarios”. En su concepto, esto, sumado a que no ha dicho cómo los piensa remunerar o que tipo de reconocimiento económico tendrían, lleva a pensar que podrían padecer explotación laboral e indica que no podrían ser nombrados en propiedad. 

Para Victoria Avendaño, el país debe avanzar en una educación pública de calidad, financiada y administrada por el Estado, y ello incluye garantizar los derechos laborales de los maestros actuales y futuros. “Para tener una educación pública de alta calidad, el país necesita que las instituciones públicas urbanas y rurales cuenten con docentes titulados, con experiencia, y que hayan sido nombrados en propiedad”, manifestó.

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