Terremoto en Colombia: reconstrucción costaría $20 billones

La primera estimación sobre el costo de la reconstrucción del terremoto en Colombia asciende a $20 billones, cerca de 1% del PIB. El problema es que la emergencia llega cuando el país ya enfrenta un elevado déficit fiscal, una deuda creciente y un Presupuesto 2027 con un faltante de financiación.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó una profunda tragedia humana y cuantiosos daños materiales. También abrió un nuevo frente para las finanzas públicas del país.

Una primera estimación de BTG Pactual calcula que Colombia podría necesitar alrededor de $20 billones para atender las consecuencias del desastre y avanzar en la reconstrucción, una cifra equivalente a cerca de 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, se trata de un cálculo preliminar y no de una valoración definitiva de los daños.

La magnitud de la factura podría aumentar a medida que avance el inventario de viviendas, hospitales, colegios, vías, establecimientos comerciales e infraestructura productiva afectada.

El desafío es particularmente complejo porque el terremoto ocurrió en un momento en el que las cuentas fiscales colombianas ya enfrentaban una fuerte presión.

Una factura que llega en un momento fiscal delicado

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla recursos por aproximadamente $575,7 billones, pero el Congreso devolvió el proyecto al Gobierno para que sea revisado, en medio de cuestionamientos sobre su financiación y la necesidad de realizar ajustes.

El presupuesto ya presentaba una brecha de financiación cercana a $30,2 billones, de acuerdo con las advertencias realizadas durante el análisis de las cuentas fiscales.

Ahora, a esa presión se suma una necesidad de recursos que inicialmente podría rondar los $20 billones para atender la emergencia y comenzar la reconstrucción.

Esto no significa que el Gobierno tenga que sacar automáticamente $20 billones adicionales del Presupuesto Nacional. La cifra corresponde a una estimación de las necesidades de reconstrucción y puede financiarse mediante una combinación de recursos públicos, seguros, créditos multilaterales, cooperación internacional, aportes privados y reasignaciones presupuestales.

Pero sí plantea una pregunta inevitable: ¿cómo financiará Colombia la reconstrucción sin deteriorar aún más sus cuentas públicas?

Más deuda no es la única alternativa, pero sí una posibilidad

Una de las vías más inmediatas para obtener recursos es acudir a organismos multilaterales.

El Banco Mundial ya desembolsó US$200 millones para apoyar la respuesta al terremoto y puso en marcha una evaluación rápida para determinar con mayor precisión los daños y las pérdidas económicas. La institución también trabaja con el Gobierno colombiano y otros actores en la recuperación de las zonas afectadas.

El Gobierno, además, ha gestionado un mecanismo que podría elevar el financiamiento del Banco Mundial hasta US$450 millones para atender la emergencia.

Estos recursos son importantes porque permiten enfrentar parte de las necesidades inmediatas sin tener que recurrir exclusivamente a fuentes internas.

Sin embargo, si una parte significativa de la reconstrucción termina financiándose con deuda, aumentará el nivel de endeudamiento público y, con él, el costo financiero que deberá asumir el Estado durante los próximos años.

El problema no es solamente cuánto cuesta reconstruir Colombia, sino cuánto terminará costando financiar esa reconstrucción.

El déficit fiscal también podría aumentar

El terremoto podría ejercer presión adicional sobre el déficit fiscal si el Gobierno tiene que realizar gastos extraordinarios que no estaban contemplados en el presupuesto.

Las cifras oficiales muestran que el déficit fiscal ya se encontraba en niveles elevados: cerró 2025 en 6,4% del PIB y las estimaciones citadas por analistas apuntaban a un déficit de alrededor de 7,4% del PIB para 2026.

En este contexto, un gasto adicional significativo podría dificultar todavía más el proceso de ajuste fiscal.

Sin embargo, hay que hacer una precisión importante: los $20 billones estimados para la reconstrucción no equivalen necesariamente a $20 billones adicionales de déficit.

El impacto dependerá de la combinación de fuentes utilizadas para financiar la emergencia.

Si una parte importante procede de créditos multilaterales, donaciones, seguros o recursos que ya están disponibles, el efecto sobre el déficit será menor.

Si, por el contrario, el Estado debe asumir directamente la mayor parte de la factura mediante deuda o nuevos recursos presupuestales, la presión será considerablemente mayor.

¿Qué puede pasar con el dólar?

El terremoto también puede tener consecuencias sobre el mercado cambiario, aunque no necesariamente significa que el peso colombiano vaya a depreciarse de manera automática.

El factor determinante será la percepción de los mercados sobre la capacidad del Gobierno para financiar la reconstrucción y, al mismo tiempo, mantener bajo control el déficit y la deuda.

Un deterioro de las expectativas fiscales podría generar una mayor percepción de riesgo sobre Colombia y ejercer presión sobre el peso.

También podría aumentar la demanda de dólares por las importaciones de maquinaria, equipos y materiales necesarios para la reconstrucción.

Pero existe un efecto contrario: la llegada de recursos de organismos multilaterales y cooperación internacional representa una fuente adicional de divisas que puede contribuir a compensar parcialmente esas presiones.

Por ello, el comportamiento del dólar dependerá menos del terremoto en sí mismo que de la respuesta fiscal y financiera que adopte el país.

La inflación podría recibir nuevas presiones

La reconstrucción también puede tener efectos sobre los precios.

La demanda simultánea de cemento, acero, materiales de construcción, transporte y mano de obra podría aumentar rápidamente en las regiones afectadas.

Si la oferta no logra responder a la misma velocidad, algunos de estos bienes y servicios podrían encarecerse.

A esto se sumaría un eventual efecto de una depreciación del peso sobre los productos importados.

No obstante, el impacto sobre la inflación nacional dependerá de la magnitud y duración de la reconstrucción. Por ahora sería prematuro afirmar que el terremoto provocará un fuerte aumento generalizado de los precios.

El Presupuesto 2027 será una de las primeras pruebas

La reconstrucción llega precisamente cuando el Gobierno debe revisar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.

El desafío será encontrar recursos sin agravar de manera significativa el desequilibrio fiscal.

Una alternativa sería recortar otros gastos para trasladar recursos hacia la reconstrucción. Pero esto implicaría sacrificar otras prioridades del Estado.

Otra posibilidad sería aumentar los ingresos mediante nuevos impuestos, aunque una decisión de este tipo tendría efectos sobre empresas y hogares y podría generar resistencia política.

La tercera alternativa es incrementar el endeudamiento, una opción que permite obtener recursos rápidamente, pero que aumenta el servicio de la deuda futura.

También será importante la participación del sector privado. La utilización de mecanismos como obras por impuestos, seguros y esquemas de participación empresarial podría reducir la presión directa sobre el presupuesto público.

La deuda: el costo que permanece después de la reconstrucción

Uno de los aspectos menos visibles de la emergencia será precisamente el que podría durar más tiempo.

Una vivienda puede reconstruirse en meses o años. Una carretera puede volver a operar. Un hospital puede ser reparado.

Pero la deuda utilizada para financiar esa reconstrucción puede permanecer durante décadas.

Por eso, la discusión fiscal no debería limitarse a establecer cuánto costará la reconstrucción, sino a determinar cuál será la combinación de financiación que genere el menor costo para las finanzas públicas.

La situación es especialmente relevante porque para 2027 el servicio de la deuda pública se estima en alrededor de $118 billones, una cifra superior a los aproximadamente $89 billones previstos para inversión pública.

En otras palabras, Colombia enfrenta el terremoto con una estructura presupuestal en la que el pago de la deuda ya representa una carga muy importante.

La reconstrucción también puede impulsar la economía

No todo el impacto económico será negativo.

Una vez superada la fase de emergencia, el proceso de reconstrucción puede convertirse en un importante motor de actividad económica.

La construcción de viviendas, hospitales, colegios y vías generará empleo y demanda de materiales, servicios, transporte y maquinaria.

Esto puede contribuir a recuperar parte de la actividad económica perdida como consecuencia del desastre.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre gastar para reconstruir lo que se perdió y generar nueva riqueza.

Una parte importante de los recursos destinados a la reconstrucción simplemente permitirá que Colombia vuelva a tener la infraestructura y los activos que tenía antes del terremoto.

Por eso, el aumento del gasto público no debe interpretarse automáticamente como un aumento equivalente de la riqueza nacional.

El verdadero costo todavía está por determinarse

Los $20 billones deben entenderse como una primera aproximación y no como la factura definitiva.

El Banco Mundial ya comenzó una evaluación de daños y pérdidas que permitirá establecer con mayor precisión las necesidades de reconstrucción.

Además de los daños físicos, habrá que calcular las pérdidas de empresas, interrupciones en las cadenas de suministro, reducción de ingresos, afectaciones al empleo y menor actividad económica en las regiones golpeadas.

Por eso, el costo económico total podría terminar siendo considerablemente superior a la inversión requerida para reconstruir la infraestructura destruida.

Una prueba para las finanzas públicas

El terremoto representa, en primer lugar, una emergencia humanitaria y social. Pero también será una de las primeras grandes pruebas económicas para el Gobierno.

Colombia tendrá que reconstruir las regiones afectadas sin perder de vista una realidad fiscal que ya era compleja antes del desastre.

El reto será encontrar un equilibrio entre atender rápidamente a las víctimas, reconstruir la infraestructura, proteger el empleo y la actividad productiva y evitar que el costo de la emergencia se convierta en un problema fiscal de largo plazo.

Los $20 billones son, por ahora, el punto de partida de la discusión.

La verdadera pregunta será cuánto de esa factura terminarán pagando los contribuyentes, cuánto asumirán las aseguradoras y el sector privado, cuánto llegará de la cooperación internacional y cuánto terminará financiándose con deuda.

De esa respuesta dependerán buena parte del déficit, la deuda pública, el dólar, las tasas de interés y el desempeño económico de Colombia durante 2027.

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