lunes, 28 de septiembre de 2026
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La Defensoría contó 5.976 desplazados en masa en agosto, el peor mes de 2026: casi el doble que en agosto de 2025

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Las emergencias alcanzaron a municipios de cinco departamentos del país y Cajibío concentró 2.359 personas desplazadas durante agosto de 2026.

Familias caminan con costales y colchones por un camino embarrado junto a un río en una zona selvática.

Agosto dejó el mayor número mensual de personas desplazadas en eventos masivos de 2026: 5.976, casi el doble de las 3.067 de agosto de 2025. Salieron de sus territorios en 11 emergencias asociadas al conflicto armado interno.

Otras 6.201 personas quedaron confinadas en nueve eventos. Un confinamiento ocurre cuando la presencia o las acciones de grupos armados impiden a una comunidad moverse libremente, incluso para salir de su territorio, ir a los cultivos, la escuela o el centro de salud.

El dato está en el boletín «Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia», de agosto de 2026, publicado por la Defensoría del Pueblo el 28 de septiembre. El mes reunió 20 emergencias humanitarias vinculadas con el conflicto.

El comunicado de la Defensoría del 28 de septiembre de 2026 resume el mes en «alrededor de 12.200 personas» afectadas. Es la suma de los desplazados y los confinados de agosto.

¿Dónde hubo desplazamientos y confinamientos en agosto?

Los desplazamientos se registraron en diez municipios de Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Nariño. Cajibío, en el Cauca, tuvo dos eventos que sumaron 2.359 personas. Estos son los municipios, de mayor a menor:

  • Cajibío, Cauca: 2.359 personas
  • Sipí, Chocó: 1.366 personas
  • Toribío, Cauca: 948 personas
  • Ituango, Antioquia: 339 personas
  • Briceño, Antioquia: 255 personas
  • El Carmen de Atrato, Chocó: 243 personas
  • Tibú, Norte de Santander: 215 personas
  • Los Andes, Nariño: 148 personas
  • Argelia, Cauca: 62 personas
  • Santa Rosa de Osos, Antioquia: 41 personas

Los confinamientos ocurrieron en nueve municipios de Chocó, Nariño, Cauca y Antioquia, y el más grande fue el de Río Iró, en el Chocó, con 1.550 personas. De mayor a menor:

  • Río Iró, Chocó: 1.550 personas
  • Linares, Nariño: 1.300 personas
  • Morales, Cauca: 840 personas
  • Cajibío, Cauca: 718 personas
  • Argelia, Cauca: 680 personas
  • Briceño, Antioquia: 568 personas
  • El Tambo, Cauca: 440 personas
  • Condoto, Chocó: 85 personas
  • Medio San Juan, Chocó: 20 personas

¿Cómo va 2026 frente a 2025?

Entre enero y agosto de 2026 hubo menos personas desplazadas, pero más confinadas que en el mismo periodo de 2025. El balance pasó de 89.697 a 23.931 desplazados y de 71.089 a 80.369 confinados.

Los eventos de desplazamiento aumentaron de 83 a 111, mientras los de confinamiento bajaron de 68 a 63. Agosto de 2025 tuvo 16 desplazamientos masivos; agosto de 2026, 11, pero con muchas más personas afectadas.

En confinamientos, agosto de 2025 registró 10 emergencias y 6.174 afectados. La cifra mensual de 2026 fue apenas 27 personas mayor pese a tener un evento menos. Dentro de ese año, marzo conserva el máximo mensual de población confinada, con 21.177 personas.

El boletín de enero y febrero de 2025 de la Defensoría del Pueblo, sobre la emergencia del Catatumbo, ayuda a entender el contraste anual. Solo esa región sumó 55.320 desplazados entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025, además de 23.860 confinados.

¿Qué departamentos llevan más afectados en el año?

Cauca encabeza el acumulado de desplazamiento masivo de enero a agosto, con 6.710 personas. Le siguen Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Magdalena; para el confinamiento, la mayor afectación se concentra en Chocó, por delante de otros tres departamentos del suroccidente.

Norte de Santander acumuló 4.364 desplazados; Antioquia, 3.163; Nariño, 2.577, y Magdalena, 1.960. En Cauca, las emergencias abarcaron Argelia, Buenos Aires, Cajibío, López, Mercaderes, Patía, Suárez y Toribío.

Chocó registró 15.641 personas confinadas, Cauca 13.350, Putumayo 12.646 y Caquetá 11.651. Las comunidades indígenas estuvieron afectadas en el 43 % de estos eventos, mientras las afrodescendientes aparecieron en el 10 %.

En los desplazamientos masivos, la afectación étnica tuvo otra distribución. Las comunidades afrodescendientes y las indígenas estuvieron presentes, cada una, en el 18 % de los eventos, equivalentes a 20 comunidades de cada grupo.

¿Qué está provocando los desplazamientos?

Las amenazas fueron la conducta más recurrente detrás de los desplazamientos masivos del año, con 64 registros. También hubo 56 registros de combates, 51 de ataques con drones equipados con explosivos, 44 de actos terroristas con explosivos y 42 de pérdida de bienes.

En los confinamientos, las amenazas también encabezan la lista, con 40 registros. Siguen 33 de combates, 25 de contacto armado, 24 de ataques con drones y 23 de hostigamientos.

Según el boletín, el desplazamiento masivo es común a todos los grupos armados con presencia en esos territorios. Las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son los que más impacto tienen.

¿Qué pide la Defensoría?

La entidad pide reducir las barreras y cargas administrativas que retrasan la atención de las emergencias. El llamado se dirige al Gobierno y al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que articula a las instituciones responsables de atender y reparar a la población afectada.

También solicita que la Unidad para las Víctimas apoye de inmediato a los municipios sin capacidad de respuesta. Gobernaciones y alcaldías deben garantizar recursos para que no se interrumpan los alimentos, los elementos de higiene ni el alojamiento.

Los ministerios del Interior y de Defensa y la Fuerza Pública deben proteger a la población frente a retenes ilegales, amenazas y minas antipersonal. La respuesta también debe incluir atención en salud, salud mental y apoyo psicosocial.

Las cifras pueden cambiar porque los hechos y los datos se revisan periódicamente. Este balance no es el Registro Único de Víctimas, cuya valoración e inscripción competen exclusivamente a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad que administra ese registro.

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