La aprobación de una resolución para la justicia fiscal en la ONU cuestiona el liderazgo de la OCDE
Tras más de veinte años de esfuerzos para lograr una justicia fiscal, este año se dio el primer paso para hacerle frente a un problema que afecta especialmente a los países en desarrollo.
Durante más de dos décadas, los países en desarrollo han pedido un proceso de negociación intergubernamental para la justicia fiscal en la ONU, que permita a todos los países participar en discusiones y toma de decisiones relacionadas con los impuestos en igualdad de condiciones.
Pues bien, el 22 de noviembre se logró un avance significativo en esta materia, cuando fue aprobado el proyecto de resolución con el propósito de promover la cooperación fiscal internacional inclusiva y efectiva, con 125 votos a favor, 49 en contra y 9 abstenciones.
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La resolución fue aprobada por consenso en la sesión número 78 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y representa un primer paso para avanzar hacia una mayor justicia fiscal en el mundo.
Varias organizaciones de la sociedad civil celebraron la aprobación de la propuesta liderada por la Unión Africana, la cual agrupa 55 Estados africanos, que tuvo como vocero al Embajador de Nigeria ante la ONU, Tijanni Mohammad-Bande.
“Esta es una victoria histórica para la justicia fiscal y el movimiento de justicia económica en general, y un gran avance para combatir los flujos financieros ilícitos y el abuso fiscal”, dijo Dereje Alemayehu, Coordinador Ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ).
Por su parte, Chenai Mukumba, Gerente de Investigación de Políticas y Defensa en la Red de Justicia Fiscal África (TJNA), resaltó el liderazgo de los países africanos y celebró la oportunidad que se abre para “que todos los Estados miembros de la ONU pasen de las palabras a la acción para las reformas tan necesarias de la arquitectura financiera global”.
Los países en desarrollo son los más afectados por la falta de justicia fiscal
Según el GATJ, en los países en desarrollo se pierden al menos USD $483.000 millones en impuestos cada año por el abuso fiscal corporativo. Sin embargo, estos países a menudo quedan fuera de la toma de decisiones en las reglas fiscales globales.
Hasta ahora, la toma de decisiones sobre cuestiones fiscales globales ha sido liderada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y más de un tercio de los países del mundo no ha participado en las discusiones en el “Marco Inclusivo” de ese organismo internacional.
Tove Maria Ryding, Coordinadora Fiscal en la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), dijo al respecto que “algunos países ricos todavía se aferran a la arcaica idea de que pueden mantener la elaboración de normas fiscales globales bajo el control de la OCDE, también conocida como el club de países ricos.
Pero la votación de hoy muestra que, al final del día, saben que no pueden detener el desarrollo hacia una gobernanza fiscal inclusiva, transparente y liderada por la ONU, que ya es muy necesaria.
La gobernanza liderada por la OCDE está llegando a su fin, tanto porque fue profundamente injusta y sesgada a favor de unos pocos países ricos, como porque la OCDE ha fracasado tan flagrantemente en detener el abuso fiscal internacional”.
Alemayehu agregó que la unión de los países africanos fue fundamental para lograr este avance y romper el bloqueo de larga data impuesto por los países de la OCDE.
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Búsqueda de justicia fiscal: la difícil cronología de los hechos
El Grupo de los 77 más China (G77 + China) ha solicitado un órgano intergubernamental para la justicia fiscal de la ONU durante más de dos décadas. Con base en esta solicitud, el Grupo Africano presentó una propuesta para desarrollar una Convención Fiscal de la ONU en 2019.
Al año siguiente, se incluyó en un “menú de opciones”, que fue producido como parte de un proceso de la ONU para considerar cómo podría la comunidad internacional responder a la crisis del Covid-19.
En febrero de 2021, el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales (FACTI por sus siglas en inglés) también incluyó la propuesta de una Convención Fiscal de la ONU como una recomendación clave en su informe final.
Este panel fue establecido por Nigeria, país que en ese momento ejercía la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por el presidente del Consejo Económico y Social de la ONU (en ese momento, Noruega).
En mayo de 2022, los ministros de Finanzas de África reiteraron el llamado a iniciar negociaciones “sobre una convención internacional en materia fiscal”, durante la Conferencia de Ministros Africanos de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico.
En octubre de 2022, el G77 presentó una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre flujos financieros ilícitos e insistió en un órgano fiscal intergubernamental en la ONU.
Ese mismo año, el Grupo Africano presentó otra resolución de la AGNU, en la que pidió realizar una Convención de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional, pero las propuestas no encontraron apoyo entre los países ricos. Debido a esto, el G77 retiró su propuesta.
Finalmente, el 22 de noviembre, el Grupo Africano presentó una resolución revisada en la AGNU para la “Promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y efectiva en las Naciones Unidas” (A/C.2/77/L.11/REV.1). Esta fue aprobada por consenso.
Los grupos de la sociedad civil son conscientes de que se avecinan desafíos
Los pasos a seguir después de la aprobación de la convención tributaria para la justicia fiscal global incluyen negociaciones difíciles sobre la financiación de la implementación de la resolución y acuerdos sobre modalidades.
Pooja Rangaprasad, directora de Política y Promoción de la Financiación para el Desarrollo en la Sociedad Internacional de Desarrollo, señaló que las declaraciones posteriores a la adopción de la resolución, por parte de varios países desarrollados, muestran que el camino por una mayor justicia fiscal será desafiante.
Sin embargo, insistió en que “es de interés de todos los países corregir un sistema fiscal internacional obsoleto que está sangrando cientos de miles de millones de dólares en recursos e ingresos públicos muy necesarios.
La lucha continúa para responsabilizar a todos nuestros gobiernos de acordar una convención fiscal efectiva de la ONU que garantice que las corporaciones ricas y las élites paguen su parte justa de impuestos”.
