Colombia enfrenta una crisis energética silenciosa que golpea con fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas. El precio de la energía eléctrica, que alguna vez fue una ventaja competitiva gracias a la matriz hídrica, hoy se ha transformado en un obstáculo para la productividad.

De acuerdo con un estudio de Energy Master, la tarifa promedio alcanza los USD 0,200/kWh, superando ampliamente a países como Perú, Chile y México. En comparación con Norteamérica, una empresa colombiana paga casi 50% más por cada kilovatio consumido. El CEO de Energy Master, Alejandro Ramírez, lo resumió con contundencia: “La energía se convirtió en el nuevo impuesto silencioso de la competitividad”.

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Energía cara y competitividad en riesgo

El alto costo de la electricidad en Colombia se ha consolidado como uno de los principales retos para la competitividad empresarial. En 2023, el precio industrial era de 12,86 centavos USD/kWh, ubicando al país en la octava posición de 13 economías latinoamericanas.

La matriz energética nacional se apoya principalmente en la hidroelectricidad (63,7%), pero la vulnerabilidad ante sequías obliga a encender plantas térmicas que encarecen la generación y más si funcionan con gas importado. Colombia tiene una buena matriz eléctrica, según XM hoy la generación hidroeléctrica cubre el 63,7%; las termoeléctricas (gas, carbón diésel) tiene el 30% y las alternativas (solar, eólica, otras) responden por el 6,3%.

Factores detrás del alza de tarifas

El aumento de precios responde a una combinación de factores. Un primer factor tiene que ver con que en la Ley 142 de 1994 se estableció que el criterio principal para fijar las tarifas de los servicios públicos es “la suficiencia financiera”, es decir la más alta tasa de rentabilidad, que en Colombia está, en toda la cadena eléctrica, por encima del 12% efectivo anual según resoluciones de la CREG, mientras en la Unión Europea es el 6% promedio. 

También la política energética del actual gobierno, que ha endurecido su postura frente a los hidrocarburos. El presidente Gustavo Petro ha señalado que insistir en petróleo y carbón sería un “suicidio” para la economía, en línea con su visión de acelerar la transición hacia energías limpias. No obstante, esta posición ha generado tensiones con la Unión Sindical Obrera (USO), que advirtió que renunciar a estos recursos estratégicos debilita la seguridad y soberanía energética del país.

La USO fue clara: sin producción local suficiente, Colombia dependerá de las importaciones, lo que podría encarecer aún más la energía y deteriorar la balanza comercial. Este choque entre el Gobierno y el sindicato petrolero refleja la disyuntiva nacional: avanzar en la transición sin descuidar el autoabastecimiento que sostiene la competitividad.

Las condiciones climáticas obligan a utilizar más plantas térmicas en épocas secas, encareciendo la generación. Naturgas ha advertido que Colombia apenas cuenta con 6 años de reservas probadas de gas, lo que anticipa la necesidad de importar Gas Natural Licuado a precios internacionales.

A lo anterior se suma la ausencia de una estrategia clara y los obstáculos sociales y políticos para el desarrollo de nuevos proyectos. La demora en licenciamientos ambientales y la falta de confianza para la inversión privada han frenado la diversificación de la matriz. 

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Impacto sobre las MiPymes

Las MiPymes, que representan más del 90% del tejido empresarial colombiano, enfrentan graves dificultades para sostener operaciones competitivas en este escenario. El costo de la energía eléctrica, convertido en un verdadero “impuesto silencioso”, reduce márgenes de rentabilidad, limita la contratación de personal y resta capacidad de innovación.

En la Región Caribe, donde las tarifas suelen ser más elevadas, el impacto es aún más crítico. El presidente de la Junta Directiva de Acopi Atlántico, Cesar Uparela, advirtió: “El incremento del valor del kW/hora genera un aumento importante en el costo de producción de las MiPymes, especialmente en la Región Caribe, que oscila entre el 10 y 15% de la matriz general”.

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En un contexto donde la productividad debería impulsarse con eficiencia y digitalización, las empresas pequeñas terminan destinando un porcentaje desproporcionado de sus ingresos al pago de servicios públicos, comprometiendo su capacidad de competir en los mercados nacional e internacional.