Gobierno Petro busca frenar el déficit fiscal en Colombia con adelanto de impuestos
El Gobierno Petro propone adelantar impuestos de 2026 como respuesta al déficit fiscal en Colombia en 2025. Gremios alertan sobre la situación.
En un intento por mitigar el creciente déficit fiscal en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha propuesto adelantar el cobro de impuestos correspondientes al año 2026. Esta medida, que busca recaudar anticipadamente recursos para el presente año, ha generado un amplio debate en sectores económicos y políticos del país, especialmente por sus posibles efectos a mediano y largo plazo.
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¿Qué hay detrás de la medida?
El déficit fiscal en Colombia ha alcanzado niveles preocupantes, situándose en torno al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, superando el límite de 5,6% establecido por la Regla Fiscal. Esta situación ha llevado al Ejecutivo a considerar estrategias para aumentar los ingresos estatales sin recurrir a una nueva reforma tributaria.
Según el Ministerio de Hacienda, la propuesta consiste en incrementar las autorretenciones del impuesto de renta para ciertos sectores económicos, como el carbón, el petróleo y la energía, con el objetivo de recaudar anticipadamente los impuestos que corresponderían al año 2026.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha aclarado que esta iniciativa no implica la creación de nuevos tributos, sino un adelanto en el pago de obligaciones fiscales ya existentes. No obstante, diversos analistas han señalado que esta práctica podría afectar la liquidez de las empresas y tener repercusiones económicas a largo plazo, en especial si no se acompaña de una estrategia integral de reducción del gasto público.
Reacciones y críticas a la propuesta
Diversos sectores han expresado su preocupación ante la medida. Fedesarrollo estima que el adelanto en el cobro de impuestos podría representar un ingreso adicional de aproximadamente 13,9 billones de pesos, equivalentes al 0,8% del PIB. No obstante, advierte que esta estrategia podría generar un «hueco fiscal» en 2026, repitiendo errores del pasado y comprometiendo la estabilidad financiera futura. En ese sentido, considera que la medida no resuelve de fondo el problema del déficit fiscal en Colombia, sino que lo desplaza en el tiempo.
Desde el ámbito político, figuras como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras han cuestionado la iniciativa, sugiriendo que el gobierno busca mejorar sus cuentas antes de las elecciones, más que resolver problemas estructurales. Por su parte, la congresista Katherine Miranda ha calificado la propuesta como irresponsable, señalando que podría dejar un déficit aún mayor para el próximo año.
El sector empresarial también ha manifestado su rechazo. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, ha acusado al gobierno de implementar una reforma tributaria encubierta mediante decretos, sin considerar el impacto en las empresas y en la economía en general. El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a las principales asociaciones empresariales del país, emitió un comunicado advirtiendo sobre las graves implicaciones jurídicas y económicas de esta decisión, alertando que se trata de una maniobra de caja sin sustento técnico, que agrava el déficit fiscal en Colombia en lugar de corregirlo.
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Implicaciones económicas y fiscales
La medida propuesta por el gobierno podría tener varias consecuencias. En el corto plazo, permitiría al Estado contar con recursos adicionales para atender sus compromisos financieros y sociales, especialmente en un año marcado por emergencias sanitarias y desaceleración económica. Sin embargo, al tratarse de un adelanto de ingresos futuros, existe el riesgo de que en 2026 se presente un déficit aún mayor si no se implementan estrategias para compensar la disminución en la recaudación.
Además, el aumento en las autorretenciones podría afectar la liquidez de las empresas, especialmente en sectores estratégicos, lo que podría traducirse en una reducción de inversiones, despidos o incluso cierres de operaciones. Esta situación tendría un efecto negativo en el crecimiento económico y en la generación de empleo, afectando indirectamente el recaudo tributario futuro, y profundizando el déficit fiscal en Colombia.
A nivel jurídico, organizaciones como el Consejo Gremial han advertido que la aplicación de una autorretención del 3,5% a entidades sin ánimo de lucro y otros contribuyentes del impuesto sobre la renta podría violar el principio de legalidad tributaria, ya que no existiría un impuesto a cargo. Esto podría generar controversias legales y afectar la credibilidad del régimen fiscal vigente, además de incrementar el déficit fiscal en Colombia si estas entidades recurren a litigios que suspendan el pago.
¿Solución temporal o nuevo problema estructural?
La estrategia del gobierno Petro de adelantar impuestos plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal del país. Aunque permite al Ejecutivo cumplir metas de gasto social en el corto plazo, no representa una solución estructural al déficit fiscal en Colombia. Por el contrario, puede convertirse en un mecanismo que aplace decisiones necesarias en materia de ajuste del gasto y búsqueda de nuevas fuentes de ingreso.
En un contexto donde se acumulan presiones por mayores transferencias sociales, menores ingresos por exportaciones de hidrocarburos y limitaciones por la Regla Fiscal, los expertos coinciden en que el país necesita una política fiscal coherente, con visión de largo plazo. De lo contrario, medidas como esta podrían comprometer la solvencia futura y deteriorar la calificación crediticia internacional de Colombia.
