Petro ordena la implementación inmediata de la reforma a la salud sin esperar al Congreso
En un giro inesperado en la política de salud del país, el presidente Gustavo Petro anunció desde Los Patios, Norte de Santander, que las reforma a la salud se ejecutará de inmediato sin esperar la aprobación del Congreso.
Acompañado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora encargada del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez, el mandatario afirmó que las modificaciones propuestas en la reforma a la salud pueden aplicarse bajo la legislación vigente, sin necesidad de nuevas leyes.
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Transformación de las EPS: del aseguramiento a la gestión farmacéutica
Uno de los cambios más drásticos propuestos en la reforma a la salud es la reestructuración de las EPS, que, según su diagnóstico, han fracasado como aseguradoras financieras y han restringido el acceso a la salud en favor de sus intereses económicos. Petro propuso que estas entidades abandonen su rol de intermediarias de recursos públicos y se conviertan en gestores farmacéuticos, recibiendo pagos por esta función pero sin capacidad de administrar fondos de la salud.
Petro denunció que algunas gestoras farmacéuticas han duplicado el precio de los medicamentos y aseguró que, si las compras se realizaran de manera directa, los costos serían mucho menores.
En este sentido, insistió en que la ley no limita el número de gestores farmacéuticos, lo que abre la puerta para que múltiples actores, desde cadenas comerciales locales hasta laboratorios internacionales, entren en el negocio y aumenten la oferta de medicamentos.
Ajustes al sistema con o sin reforma a la salud
Otro de los puntos clave de la reforma es la recuperación de los centros de salud rurales y urbanos, que, según Petro, fueron abandonados en favor de hospitales privados y traslados costosos financiados con recursos públicos. Criticó que muchas EPS prefieran movilizar pacientes a sus propias clínicas en lugar de fortalecer la red pública, lo que ha llevado al cierre de miles de puestos de salud en todo el país.
“La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas lo que tenía cerca en caso de una emergencia, en caso de una enfermedad, en caso de una dolencia, era el puesto de salud. Y, sin embargo, la mayoría de puestos de salud están desocupados y caídos”, afirmó Petro.
Para contrarrestar esta situación, el presidente anunció un plan de inversión para renovar estos centros, utilizando recursos de la Conmoción Interior en el Catatumbo y del presupuesto ordinario en el resto de Norte de Santander.
Además, planteó un modelo de atención preventiva en el que los profesionales de salud, contratados por hospitales locales con dinero público, visiten regularmente a los habitantes de las zonas rurales.
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Freno a la especulación con medicamentos y orden de allanar bodegas
En su intervención, Petro también lanzó duras críticas contra el sector farmacéutico, acusándolo de acaparar medicamentos y generar una crisis artificial de abastecimiento. Ordenó a la Superintendencia de Salud localizar bodegas que retengan medicamentos para presionar al gobierno y aseguró que, si se encuentran pruebas de este tipo de prácticas, se procederá con allanamientos en conjunto con la Policía y el Ejército.
También enfatizó en la necesidad de reducir el consumo de azúcar en la alimentación para prevenir enfermedades como la diabetes, que representa un alto costo para el sistema de salud debido al suministro de insulina. En este punto, acusó a los monopolios farmacéuticos de retener este medicamento vital.
La decisión de Petro de avanzar con la reforma sin el aval del Congreso marca un punto de inflexión en la política sanitaria del país. Su plan apunta a eliminar la intermediación financiera de las EPS, ampliar la oferta de gestores farmacéuticos, recuperar los centros de salud y fortalecer la atención primaria.
No obstante, la implementación de estas medidas sin pasar por el Congreso genera incertidumbre jurídica y política, pues algunos sectores ya han advertido que intentarán frenar estos cambios en los tribunales. Mientras tanto, el gobierno avanza con su estrategia, asegurando que la salud debe ser un derecho garantizado de manera inmediata para todos los colombianos.
