El sector agropecuario desempeña un papel crucial en la economía de cualquier país, ya que no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que también impulsa el crecimiento económico, genera empleo y mejora la calidad de vida en las zonas rurales. Sin embargo, para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en este sector, es fundamental la implementación de políticas públicas de largo plazo que permitan transformar la economía, mejorar la productividad y fomentar el desarrollo del país.

Las políticas públicas a largo plazo brindan estabilidad y certidumbre a los productores, inversionistas y trabajadores del sector agropecuario. A diferencia de las medidas cortoplacistas, que pueden responder a coyunturas específicas pero carecen de continuidad, las estrategias de largo plazo permiten construir una visión integral para enfrentar los desafíos estructurales del sector.

Uno de los principales beneficios de contar con políticas agropecuarias sostenidas en el tiempo es la transformación de la economía. La modernización del sector agropecuario a través de la inversión en tecnología, investigación y desarrollo, así como el acceso a financiamiento, permite aumentar la competitividad del país en los mercados internacionales. Además, la promoción de prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente contribuye a mitigar el impacto del cambio climático y a garantizar la viabilidad del sector a largo plazo.

Le puede interesar: Se disparan las exportaciones de Aguacate Hass colombiano: US$300 millones en ventas

Las políticas públicas bien diseñadas pueden incidir positivamente en la productividad agropecuaria. Aquí quisiera recalcar en la necesidad de unas políticas que integren a los pequeños productores en formas asociativas o cooperativas agrícolas que permitan generar las economías de escala para poder demandar servicios de maquinaria e insumos agropecuarios, y que de esta manera puedan encadenarse a proyectos agroindustriales, en los que ya están participando algunos de los medianos y grandes productores. 

Esto requiere ir acompañado de programas de capacitación y extensión rural para los agricultores, incentivos para la adopción de tecnologías modernas, mejoras en infraestructura (como vías terciarias, distritos de riego, secado y almacenamiento), acceso a créditos y mercados, y la protección social de los trabajadores rurales, con miras a mejorar las condiciones laborales y reducir la pobreza en estas áreas.  

Además, el desarrollo del sector agroindustrial puede generar nuevas oportunidades de empleo en la transformación y comercialización de productos agrícolas. Esto no solo fortalece la producción interna, sino que también facilita la exportación de productos agropecuarios con valor agregado.

Un caso digno de analizar es el de Brasil, el cual para alcanzar los actuales niveles de producción se centró en una combinación de innovación tecnológica, inversión en infraestructura y expansión de áreas de cultivo y pastoreo.  Algunas de las estrategias claves incluyeron el uso de biotecnología, mejora genética y sistemas de riego avanzados, las cuales han permitido optimizar los rendimientos tanto en las cosechas como en la cría de ganado.

Ya hemos visto el desarrollo de la región del Mato Grosso, que en menos de 40 años logró cambios significativos en su producción. Así, llegó a ocupar los primeros lugares en soya, maíz y algodón en el mundo, aportando al PIB interno de Brasil y a la mejora sustancial de la calidad de vida de la población de ese estado.

La investigación pública jugó un papel clave en la adaptación y el desarrollo de la gestión de los cultivos de soya y de maíz en Brasil. El establecimiento de una agricultura moderna de base tropical ocurrió principalmente en las regiones del Cerrado brasileño y fue un proceso multiinstitucional y multidisciplinario. 

Igualmente, se desarrolló a la par una industria de semillas capaz de mantener vigorosos programas de mejoramiento genético, con la capacidad de proporcionar cultivares con las características necesarias para el crecimiento de la agricultura en Brasil. Además de tener germoplasma adaptado, fue necesario establecer avances en la legislación. Así, la Ley 9.456 del 25 de abril de 1997, conocida como la “Ley de Protección de Cultivares”, fue uno de los hitos fundamentales que permitió avances tecnológicos en los sistemas de producción agropecuaria del país.

En Colombia hay ejemplos interesantes de integración de pequeños productores con proyectos agroindustriales en algunas regiones. Sería muy interesante, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, la institucionalidad publica, los gremios y las iniciativas privadas, proponer zonas piloto que hagan esta apuesta productiva.

Ya hay muchos llamados a combatir el rezago en la inversión, lo que sigue siendo un desafío, pues el país ha perdido posiciones en la región en cuanto a competitividad y liderazgo económico. La falta de políticas públicas más agresivas en materia de infraestructura rural, acceso a mercados internacionales y tecnificación sigue limitando el potencial del sector agropecuario.

Adicionalmente, la incertidumbre climática y los desafíos logísticos continúan siendo factores que pueden afectar la estabilidad del crecimiento agropecuario. Es crucial que el Gobierno y el sector privado continúen impulsando estrategias para mejorar la resiliencia del sector, fomentando la diversificación productiva, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la cadena de suministro.

Al fomentar la transformación económica, mejorar la productividad y generar empleo, estas políticas contribuyen al crecimiento integral del país. Es necesario que los gobiernos, tanto el nacional como los regionales y municipales, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, diseñen estrategias que permitan consolidar un agro competitivo, innovador y sustentable a largo plazo.