La demagogia de Petro con las preguntas de salud en la consulta. El caso de los medicamentos
Bernardo Useche
Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia (1976), con títulos de Maestría (1991) y Doctorado (1995) en Sexualidad Humana del Instituto para Estudios Avanzados en Sexualidad Humana de San Francisco, California y PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston (2010). Recibió en Colombia el Premio Nacional de Investigación Científica en Psicología 2014 y, en Brasil, la Medalla de Reconocimiento por su contribución a la Terapia Sexual y la Sexología Clínica en América Latina del Instituto Paulista de Sexualidad en el mismo año. Autor de más de 50 publicaciones en revistas científicas nacionales y extranjeras, fue presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos entre 2017 y 2020.
El pasado 16 de mayo, desde Shanghái y sin asimilar todavía la derrota en el Senado de la República de la consulta popular con la que daba respuesta a la derrota de su reforma laboral, Petro dio la orden de presentar de nuevo la consulta incluyendo una pregunta más sobre si los colombianos están de acuerdo con la rebaja de precios de los medicamentos y su entrega completa y oportuna a los pacientes.
Días después, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo al radicar la nueva consulta, ahora ya con 4 preguntas adicionales sobre el sistema de salud declaró: «Tenemos que recurrir nuevamente a la soberanía que radica en el pueblo, el pueblo que es superior a sus dirigentes…»
A su lado, Armando Benedetti asentía, validando con su presencia la utilización del mecanismo constitucional de la consulta popular para una movida que busca réditos electorales, jugadas en las que el hoy ministro del Interior es experto.
Detrás de las preguntas que el gobierno adicionó el 19 de mayo, aparece el propósito de imponer por esta vía, la reforma de salud que, por subestimar el poder del aseguramiento en salud, de la gran industria farmacéutica en los partidos políticos que representan sus intereses, Petro no ha podido sacar adelante en el Senado de la República.
Las 4 preguntas de salud, tan simples como parecen, abarcan, además de lo concerniente a la sostenibilidad financiera del sistema de salud, problemas técnicos y políticos complicados de resolver: 1. Política farmacéutica, regulación de precios, compra y producción de medicamentos. 2. Desmonte del sistema de salud vigente, eliminación del aseguramiento (EPS) y pagador único. 3. Tipo de modelo de Atención Primaria en Salud, programas de prevención y promoción de la salud, articulación de los distintos niveles de atención, conformación de las redes de prestadores y contratación y organización de los servicios de salud. 4. Formalización de los trabajadores de la salud.
Lo inaceptable de la consulta popular con estas 4 preguntas de salud es que no conduce a resolver la crisis actual de la salud que clama por medidas inmediatas. Por el contrario, pospone la solución y prolonga el sufrimiento de pacientes y sus familias.
En el caso hipotético de ser aprobadas en las urnas, abocarían al país a la improvisación de una reforma al sistema de salud que bien puede terminar en mayor caos y tragedia. Sería repetir a escala nacional la historia del FOMAG y el fracasado sistema de salud del magisterio.
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Finalmente, la pregunta sobre los medicamentos fue formulada así: “¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes?”
La primera crítica que recibió esta pregunta es que hace caso omiso de la política farmacéutica desarrollada durante gobiernos anteriores y de una legislación que mal que bien contiene conceptos, normas y procedimientos que podrían ser utilizados para enfrentar la crisis actual de entrega de medicamentos a los pacientes.
Pero el problema de fondo que no se resuelve con una pregunta que se debe responder Si o No es el objetivo que Petro le asigna: “necesitamos tener la soberanía y que sea el Estado el que asuma la responsabilidad de los medicamentos y pueda verdaderamente lograr que los precios se reduzcan”.
La realidad es que, en casi tres años de gobierno, la política de Petro en materia de medicamentos está lejos de haber dado pasos firmes en pro de alcanzar para Colombia la soberanía farmacéutica, es decir, la autosuficiencia basada en la producción nacional de medicamentos genéricos y en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.
La soberanía implica que el país produzca suficientemente los productos farmacéuticos esenciales y estratégicos para cubrir la demanda del sistema de salud y de la salud pública y así depender mínimamente de la importación de los mismos.
El primer obstáculo que tendría que vencer son las restricciones impuestas a la industria farmacéutica nacional en el capítulo 16 sobre propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tratado que Petro prometió renegociar y que en su gobierno se ha limitado a una revisión concertada sin mayor trascendencia.
La experiencia en 2016 del entonces ministro de salud Alejandro Gaviria con el Imatinib (Glivec), medicamento oncológico, demostró que, si bien es posible reducir los altísimos precios que alcanzan los medicamentos gracias al monopolio de las patentes, las trasnacionales farmacéuticas terminan por proteger sus intereses.
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En esa ocasión, Everert Eissestar, jefe del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos envió una comunicación denunciando que Colombia “estaría violando los derechos de propiedad intelectual de la empresa Novartis, así como el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos”.
La Superintendencia de Industria y Comercio concedió recientemente una licencia obligatoria sobre la patente del Dolutegravir, un antirretroviral que se prescribe para la prevención y tratamiento del VIH/SIDA. Esta licencia que permitiría la producción nacional de un genérico tiene valor simbólico en cuanto alienta a persistir en los esfuerzos gubernamentales por emplear las normas de la Organización Mundial del Comercio que permiten hacer excepciones al monopolio que otorgan las patentes.
Sin embargo, este logro está lejos de constituir un camino expedito para lograr la soberanía farmacéutica. De hecho, las transnacionales propietarias de la patente, subsidiarias de Glaxo y Pfizer mantienen un recurso de reposición que eventualmente podría revertir la licencia.
Un segundo gran obstáculo para alcanzar la soberanía farmacéutica en Colombia, lo constituyen las recientes Órdenes Ejecutivas del presidente Donald Trump que reconfiguran la política farmacéutica internacional de los Estados Unidos. Concretamente, la orden ejecutiva del 5 de mayo pasado que tiene como objetivo lograr un aumento acelerado de la producción de medicamentos al interior de los Estados Unidos en un corto plazo.
Y la orden del 12 de mayo orientada a reducir en USA los precios de los medicamentos producidos por Big Pharma a costa de su aumento en los países extranjeros.
El nuevo gobierno que se elija en 2026 actuando con seriedad y sensatez podrá tener como meta próxima alcanzar para el país en una primera etapa la seguridad farmacéutica. Esto implica desarrollar la industria farmacéutica nacional y aumentar la producción de genéricos, empezar a producir medicamentos innovadores y depender parcialmente de medicinas importadas.
Teniendo seguridad farmacéutica, habrá condiciones para avanzar hacia la soberanía. La capacidad instalada en las más de 100 plantas farmacéuticas existentes en Colombia y su capacidad exportadora actual a 16 países, al igual que los proyectos VaxThera en Antioquia y Bogotá Bio constituyen un punto de partida.
Mientras tanto Petro terminará su período pronunciando más discursos e intentando desarrollar la producción de medicamentos a partir de empresas estatales.
