Grave crisis por regreso a la presencialidad en la Rama Judicial: casos infantiles, de violencia de género y corrupción, entre los más afectados
El regreso a la presencialidad en la Rama Judicial ha ralentizado el sistema judicial, lo cual se ha visto agravado con los aguaceros de los últimos días. El jurista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, le dio a Más Colombia sus argumentos para pedir que se regrese a la virtualidad.
La reciente decisión de la Corte Constitucional de volver a la presencialidad en la Rama judicial ha reavivado las preocupaciones por las condiciones de los complejos judiciales, especialmente en un contexto de fuertes lluvias como las que afectaron está semana el Complejo Judicial de Paloquemao, el más concurrido del país.
Este martes, un aguacero provocó graves daños en la infraestructura, incluyendo el colapso del techo de una de las salas de audiencias, lo que evidencia deficiencias estructurales y de mantenimiento de larga data.
Le puede interesar: Empleados de la Rama Judicial recibirán dos primas en diciembre: ¿Cuándo las pagan y quiénes las reciben?
Los funcionarios, preocupados por su seguridad y condiciones laborales, han solicitado soluciones urgentes y una evaluación completa de las instalaciones. Estos eventos ponen en tela de juicio la viabilidad de implementar juicios presenciales en espacios que no garantizan condiciones seguras y adecuadas para empleados y usuarios.
La Ley Estatutaria 2430 de 2024, promulgada el 9 de octubre, introduce modificaciones a la Ley 270 de 1996 que regula la administración de justicia en Colombia, y entre otras disposiciones obligó al país a regresar a la presencialidad en la Rama Judicial. Hoy, la administración de justicia está mucho más lenta y los aguaceros de los últimos días la tienen casi paralizada.
Según Plan Sectorial de la Rama Judicial 2023-2026, la meta para este año era realizar un millón de audiencias, objetivo que parecía alcanzable hasta septiembre gracias al uso de la virtualidad. Sin embargo, desde octubre, con la imposición de la presencialidad en la Rama Judicial, se ha registrado una caída en el rendimiento, limitándose a un 10% de la capacidad de audiencias previstas, de acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados Penalistas.
La situación es tal que la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos están en alerta, ya que se podrían desdibujar los avances que Colombia ha logrado en la protección de los derechos de las víctimas y en la promoción de un sistema judicial más accesible y efectivo.
Penalistas advierten que el país va del sistema penal acusatorio al “sistema penal aplazatorio”
Más Colombia habló con Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien se mostró preocupado por la ralentización de la administración de justicia. Según indicó, la menor eficiencia afecta la capacidad de resolver casos oportunamente, lo cual tiene un impacto directo en el cumplimiento de las condenas, la administración de justicia y la confianza en el sistema.
Según el jurista, la transición abrupta de la virtualidad a la presencialidad en la Rama Judicial no vino acompañada de una infraestructura adecuada ni de una reorganización logística que permitiera absorber el volumen de casos que se manejaban de manera remota.
En los últimos años, Colombia ha sido un ejemplo para Latinoamérica en la implementación de un sistema de justicia moderno, especialmente con el avance hacia un sistema penal acusatorio. Sin embargo, señala que la reciente decisión de imponer la presencialidad en la Rama Judicial está generando una regresión en los logros alcanzados en las últimas cinco décadas, desplazando el enfoque del sistema penal acusatorio hacia uno que se asemeja más a un “sistema penal aplazatorio”.
Los más afectados están siendo los casos más complejos y que ponen en una situación de mayor vulnerabilidad a las víctimas, como son los relacionados con violencia infantil, violencia de género y corrupción, en los que la intimidación y el miedo a las represalias son una constante.
Casos de niños, mujeres y corrupción, los más vulnerables
Procesos penales relacionados con niñas, niños y adolescentes
“Los procesos penales relacionados con niñas, niños y adolescentes son especialmente vulnerables ante la imposición de la presencialidad, ya que requieren condiciones específicas para garantizar un entorno seguro y adecuado para los menores involucrados”, afirma Bernate.
Uno de los elementos claves en estos casos es el uso de la Cámara de Gesell, un espacio diseñado para evitar la revictimización al permitir que los menores brinden su testimonio de manera controlada y protegida, pero con especificaciones técnicas que en muchos casos son difíciles de cumplir.
Ello se debe a que dichas cámaras están conformadas por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral (solo se ve a través del cristal en una dirección), los cuales cuentan con equipos de audio y de video.
Según Bernate, incluso en ciudades como Bogotá esta infraestructura es limitada. Actualmente, solo existen cuatro salas de audiencias con la capacidad adecuada para utilizar la Cámara de Gesell, mientras que el número de juzgados que manejan casos de esta índole es significativamente mayor.
Por esta razón, Bernate afirma que la presencialidad en la Rama Judicial provoca una saturación en el sistema y pone en riesgo la efectividad de los procesos judiciales, impactando directamente en el bienestar de los menores que requieren medidas especiales de atención.
También le puede interesar: Corte permite audiencias virtuales en ciertos casos a pesar de nueva ley estatutaria de la Rama Judicial
Los procesos penales de violencia contra la mujer también han sido afectados por presencialidad en la Rama Judicial
Además de los procesos penales relacionados con la niñez, los casos de violencia contra las mujeres también se están viendo gravemente afectados por la exigencia de presencialidad en la Rama Judicial.
En estos casos, la dinámica de los juicios puede volverse aún más complicada, ya que muchas veces se requiere que las víctimas se enfrenten directamente a sus agresores en un ambiente que puede ser intimidante y revictimizante.
De acuerdo con Bernate, la virtualidad ofrecía un espacio más seguro para que las mujeres declararan sin tener que estar físicamente presentes frente al agresor, una situación que en muchas ocasiones las hacía sentir intimidadas y terminaba influyendo negativamente en su disposición a testificar.
¿Qué ha pasado con la administración de justicia en los casos de corrupción?
Según Bernate, en los casos de corrupción se está viendo una problemática similar a la de los casos de violencia de género, pues la presencialidad tiende a aumentar el miedo de quienes denuncian y se presta para represalias o intimidaciones por parte de los acusados.
Para el jurista, la virtualidad ayuda a proteger la integridad y el bienestar de las víctimas, al promover un ambiente en el que se sienten más cómodas para compartir su experiencia, sin la presión de una confrontación cara a cara.
Incluso, Bernate lamenta que la imposición de la presencialidad en los juicios, especialmente en el contexto actual, ha resultado en una reducción en el número de testimonios, lo que puede llevar a un acceso limitado a la justicia y a la frustración de las víctimas, quienes buscan protección y reconocimiento en un sistema que debería defender sus derechos.
Presencialidad en la Rama Judicial: ¿costos más altos, barreras geográficas y mayor impunidad?
Bernate señala que, a nivel mundial, instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han adaptado sus procedimientos para funcionar de manera virtual, lo que pone en evidencia la falta de justificación para regresar a un modelo más restrictivo y menos eficiente.
En contraste, insiste en que regresar a la presencialidad implica que los procesos sean más costosos en tiempo y recursos. Esto se debe a factores como los desplazamientos y la necesidad de preparar y presentar documentos como fotocopias.
La virtualidad también ha demostrado ser beneficiosa para reducir las barreras geográficas que se presentan cuando los fiscales y abogados no residen en la misma ciudad donde se lleva a cabo el juicio. En esos casos, se han comprobado mejores tiempos en la administración de justicia.
Para el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, la presencialidad en los juicios trae de vuelta problemas que se habían superado, a la par que deja sin resolver los problemas estructurales de la justicia.
En su concepto, la presencialidad podría llevar a un aumento de la impunidad, ya que los procesos se vuelven más largos y complicados. Esto podría resultar en libertades por vencimiento de términos, donde los acusados quedan libres simplemente porque el sistema no puede responder a tiempo.
Hasta ahora, la virtualidad había demostrado ser un método eficaz. Para Francisco Bernate, regresar a la presencialidad no solo afecta a las víctimas que buscan protección y resolución, sino que también deteriora la confianza del ciudadano común en un sistema que debería garantizar sus derechos y su seguridad.
La tendencia hacia una mayor impunidad y el incremento de costos son preocupaciones que deben ser abordadas para evitar un mayor descontento social y un deterioro en la calidad de vida de los colombianos, insiste.
