Departamento para la Prosperidad Social ha implementado un plan anticorrupción para evitar prácticas ilegales
Conozca cuáles son los planes y estrategias que implementa actualmente Prosperidad Social para reconocer prácticas ilegales y cuáles son los mecanismos que ha desarrollado.

Desde agosto de 2022, el Departamento para la Prosperidad Social ha emprendido un contundente plan anticorrupción que ha capturado la atención de las autoridades judiciales y de los entes de control. En medio de un contexto político donde la transparencia y la ética se erigen como pilares fundamentales, este departamento ha desplegado diversas estrategias para detectar y prevenir prácticas ilegales que podrían socavar su misión social y manchar su reputación.
¿Cuáles son las estrategias implementadas por Prosperidad Social?
Una de las estrategias fundamentales del plan anticorrupción ha sido la colaboración estrecha con la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. La implementación de planes conjuntos busca garantizar el buen uso de los recursos y bienes públicos, estableciendo así un marco de gestión transparente y eficiente.
Otra piedra angular del plan es el respaldo activo a las labores investigativas de la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control. La confianza en que la ley se aplique de manera justa a aquellos que han comprometido la integridad de la entidad es un pilar fundamental de esta estrategia.
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La colaboración estrecha entre el Departamento y las instituciones judiciales refuerza el mensaje de que la corrupción no será tolerada y aquellos responsables serán llevados ante la justicia.
Los Programas de Transparencia y Ética Pública son una herramienta clave para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de corrupción, en línea con la ley 2195 de 2022. La colaboración con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República es vital para fortalecer los mecanismos que previenen y detectan posibles actos ilícitos. La transparencia, en este sentido, se convierte en un escudo protector que resguarda la legitimidad de las acciones del Departamento para la Prosperidad Social.
El fortalecimiento del equipo de control interno y su inclusión en los comités de contratación constituyen medidas específicas para garantizar la eficacia y la legalidad en los procesos internos. Estas acciones no solo buscan detectar irregularidades, sino también prevenirlas desde el mismo momento en que se gestan los proyectos. La prevención, en este sentido, se erige como una estrategia proactiva que fortalece la integridad de la entidad.
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Una auditoría exhaustiva al programa Iraca Zona II reveló cuatro hallazgos significativos. La falta de un estudio de costos, la incompleta información registrada en el SECOP, las deficiencias en la planeación contractual y las inconsistencias en las firmas de entrega de donaciones a comunidades vulnerables fueron expuestos en un informe detallado. La inmediata puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República demuestra el compromiso del Departamento para la Prosperidad Social con la transparencia y la rendición de cuentas.
El impacto de estas acciones no pasa desapercibido, como lo demuestra la calificación de 99 puntos sobre 100 en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. Este reconocimiento no solo valida el esfuerzo del Departamento para la Prosperidad Social, sino que también refuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y su capacidad para actuar de manera ética y transparente.
La trascendencia de este plan anticorrupción se proyecta hacia el futuro, con el compromiso declarado de seguir mejorando los sistemas de focalización de territorios y comunidades. La eficiente distribución del gasto en proyectos de infraestructura social y hábitat se vislumbra como una prioridad, con la finalidad de asegurar que los beneficios lleguen de manera equitativa a quienes más lo necesitan.