Protestas en Ecuador y Perú: alza del diésel y reforma pensional desatan estallido social
Protestas en Ecuador y Perú: ajustes fiscales, violencia y reclamos de derechos marcan un septiembre de tensión regional.
En Ecuador, la eliminación del subsidio al diésel para ahorrar USD $1.100 millones bajo un programa de ajuste del FMI desató un paro indígena indefinido. En Perú, la obligación de cotizar en fondos privados encendió la indignación juvenil contra el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte.
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Protestas en Ecuador: paro nacional indefinido tras el fin del subsidio
El paro liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ya completa más de una semana y se consolida como la mayor movilización contra el gobierno de Daniel Noboa.
El diésel como detonante
El decreto 126 eliminó el subsidio al diésel y elevó el precio de los combustibles, lo que reavivó un conflicto histórico en Ecuador. La Conaie exige la derogación inmediata de la medida, recordando que luchas similares en 2019 y 2022 paralizaron el país y marcaron precedentes en la caída de presidentes.
Muerte de Efraín Fuerez y escalada violenta
La protesta dio un giro dramático con la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de 46 años. Testimonios y organizaciones de derechos humanos señalan a las Fuerzas Armadas como responsables de los disparos. El saldo: un muerto, decenas de heridos, 12 militares lesionados, 17 retenidos y más de 100 detenidos en distintas provincias.
Noboa endurece su postura
El presidente ecuatoriano declaró el estado de excepción en ocho provincias, con toques de queda en cinco. Calificó las protestas como “actos terroristas disfrazados de protesta” y denunció la infiltración del Tren de Aragua. Noboa encabezó personalmente un convoy militar hacia Imbabura, epicentro del conflicto, y advirtió que los responsables podrían enfrentar penas de hasta 30 años por terrorismo.
Conaie denuncia represión y pide apoyo internacional
La Conaie habla de “cacería sangrienta contra el pueblo” y acusa a las fuerzas estatales de usar munición real. También denunció cortes de internet en comunidades movilizadas. Ante el clima de represión, pidió la intervención de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Protestas en Perú: Generación Z enfrenta a Dina Boluarte y al Congreso
En Lima, las marchas protagonizadas por jóvenes exponen el descontento con un sistema político desgastado. La reforma pensional fue la chispa que encendió una indignación acumulada por meses.
La reforma pensional como catalizador
El Congreso aprobó una reforma que obliga a los trabajadores a cotizar en fondos privados, en un país donde más del 70% de la población es informal. Para los jóvenes, conocidos como Generación Z, la medida simboliza un modelo económico excluyente y sin garantías.
Movilización juvenil y demandas más amplias
Las protestas se concentran en la Plaza San Martín y avanzan hacia el Congreso. Aunque lideradas por jóvenes, cuentan con el respaldo de colectivos feministas, estudiantes y transportistas que denuncian extorsiones y homicidios en su sector.
Violencia en Lima y agresiones a periodistas
La Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos y perdigones. El resultado: 18 heridos en un solo día, entre ellos un menor de 15 años y 12 policías. Los ataques contra la prensa marcaron la jornada: seis reporteros recibieron impactos de perdigón, y otros denunciaron agresiones directas de agentes.
El 79% de los peruanos sienten vergüenza por el gobierno
La Asociación Nacional de Periodistas y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acusaron al gobierno de uso desproporcionado de la fuerza. Según encuestas de Datum, 79% de los peruanos siente vergüenza de su gobierno y 85% del Congreso, cifras que refuerzan el carácter político de las movilizaciones.
Ecuador y Perú: medidas de austeridad en el centro del conflicto
Aunque con realidades distintas, las protestas en Ecuador y Perú nacen de medidas económicas impopulares impulsadas en nombre de la estabilidad fiscal. En Quito, el fin de los subsidios al diésel se enmarca en un paquete de austeridad para cumplir con el FMI, que incluye el aumento del IVA, la reducción de ministerios y miles de despidos públicos. En Lima, la reforma pensional refuerza la desconfianza hacia un sistema político incapaz de responder a los reclamos de una juventud precarizada.
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Ambos escenarios confirman que, más allá de los discursos oficiales de modernización y disciplina fiscal, los costos sociales recaen sobre los sectores más vulnerables.
