La situación del sistema de salud en Colombia atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Los hospitales y clínicas enfrentan graves problemas financieros que no solo ponen en riesgo la atención de miles de pacientes, sino que amenazan la estabilidad de todo el sistema.

En este contexto, el Gobierno Nacional ha planteado nuevamente para este segundo semestre de 2024 una reforma a la salud que, lejos de resolver estos problemas, ha generado una fuerte controversia entre diferentes actores del sector.

Destacando que, la falta de consenso sobre los cambios propuestos y la percepción de que la reforma está mal estructurada han provocado una sensación de incertidumbre. Esta falta de claridad se ha traducido en lo que algunos consideran una crisis en el sistema, causada tanto por la omisión de aspectos clave como por la implementación de medidas que no han tenido el impacto esperado.

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Recientemente, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) hizo un llamado urgente al Gobierno para que tomara medidas concretas ante la crisis financiera que afecta a las instituciones de salud. Ya que, los hospitales están operando al borde del colapso, con deudas acumuladas y pagos atrasados que impiden su correcto funcionamiento.

Esta situación crítica no solo afecta a las instituciones de salud más grandes, sino que las clínicas y hospitales de las regiones más vulnerables del país, como las zonas rurales y apartadas, enfrentan desafíos aún mayores. En estas áreas, las barreras de acceso a los servicios de salud ya son de por sí considerables, y la falta de recursos financieros y de personal especializado agrava aún más el panorama.

Así mismo, el problema financiero en el sector no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el déficit financiero del sistema de salud colombiano asciende a 9,6 billones de pesos, una cifra que pone en evidencia la gravedad de la situación.

Este déficit ha generado una parálisis en el flujo de recursos necesarios para la operación de hospitales y clínicas, y los mecanismos implementados para solucionarlo, como el giro directo, han demostrado ser insuficientes.

Esta falta de liquidez no solo afecta el funcionamiento de las instituciones de salud, sino que tiene un impacto directo en la calidad de la atención que reciben los pacientes. Es inaceptable que en un país que ha logrado una cobertura cercana al 97% de su población, miles de personas no puedan acceder a servicios de salud de calidad debido a la falta de recursos.

El Gobierno, por su parte, ha defendido su propuesta de reforma (la hundida en la pasada legislatura y la actual) como una solución a los problemas estructurales del sistema de salud. Sin embargo, muchos expertos y actores del sector han señalado que la reforma no aborda de manera adecuada los problemas financieros que enfrentan los hospitales y clínicas.

Si bien se han hecho algunos ajustes en comparación con la propuesta inicial, la reforma que posiblemente será presentada al Congreso en los próximos días mantiene muchas de las características que generaron críticas en el pasado. Persiste la duda sobre cómo se garantizará la sostenibilidad financiera del sistema y sobre si realmente se lograrán mejorar las condiciones de acceso y calidad de los servicios de salud.

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Una de las grandes preocupaciones de los actores del sector es que la reforma propuesta se enfoque demasiado en aspectos administrativos y de regulación, dejando de lado la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura del sistema de salud, particularmente en las regiones más vulnerables.

Por otro lado, los hospitales y clínicas en estas zonas carecen de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para atender a la población de manera adecuada, y cualquier reforma que no aborde este problema de manera directa estará condenada al fracaso. En este contexto, la necesidad de fortalecer la Atención Primaria en Salud (APS) se hace aún más evidente, ya que es a través de un sistema robusto de APS que se puede garantizar una atención más equitativa y accesible para todos.

No obstante, a juicio personal, pero soportado por diversas publicaciones académicas, y para agravar más la situación, el país, y muchos actores no comprenden del todo el sentido de la APS y sus expresiones operativas, dejando a la interpretación de cada uno lo que significa este enfoque (primer nivel, equipos extramurales, salud comunitaria, entre otros).

Por lo que, la situación actual exige una acción decidida y coordinada entre el Gobierno y los actores del sector. No se trata solo de resolver la crisis financiera a corto plazo, sino de pensar en una reestructuración del sistema que permita garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

La APS debe ocupar un lugar central en esta reestructuración, no solo como un enfoque preventivo, sino como una herramienta que permita integrar todos los niveles de atención en un sistema más eficiente y menos fragmentado. Pero esto solo será posible si el Gobierno escucha las preocupaciones de los expertos y hace los ajustes necesarios a su propuesta de reforma.

En ese sentido, la crisis en el sistema de salud colombiano es real y profunda. Ya que, si bien la reforma a la salud es urgente y necesaria, no puede basarse en soluciones parciales ni en ajustes superficiales. Es necesario un compromiso real por parte del Gobierno para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y mejorar la calidad de la atención que reciben los colombianos, especialmente en las regiones más vulnerables.